Hace cuatro años, Donald Trump presionó a su entonces vicepresidente, Mike Pence, para que adoptara una interpretación surrealista de su papel constitucional en el recuento de votos del Colegio Electoral. Pence se negó, demostrando una fidelidad a los principios constitucionales que, para Trump, equivalía a una deslealtad imperdonable. Este episodio no solo marcó el fin de la utilidad de Pence en el universo Trump, sino que también destacó una constante en su dinámica de poder: la lealtad como arma de control. Bajo su mandato, la lealtad dejó de ser una virtud cívica para convertirse en un mecanismo de sumisión personal, una exigencia que redefine las relaciones políticas y profesionales dentro de su esfera de influencia.
John Bolton, exasesor de seguridad nacional en la administración Trump, describe esta obsesión con la lealtad en su libro “The Room Where It Happened”, una pieza editorial que también fue resumida en un ensayo invitado para The New York Times, titulado: «Los presidentes esperan lealtad .Trump exige fidelidad». Bolton, veterano en política de alto nivel y con una trayectoria que incluye roles clave en administraciones republicanas, ofrece un análisis mordaz sobre cómo Trump selecciona y utiliza a su equipo. Según Bolton, la lealtad que Trump busca no es hacia la Constitución, ni hacia un ideal, sino hacia él mismo, lo que genera un entorno donde la sumisión es la única garantía de supervivencia política.
La lealtad como arma de control
Esta narrativa se acentúa en la transición hacia e inminente segundo mandato de Trump, donde los criterios para seleccionar clave personal incluyen su disposición a seguir órdenes sin cuestionamientos éticos o legales. El requisito esencial no es la competencia ni la experiencia, sino una disposición incondicional a plegarse a la «lealtad como arma de control». Trump y su círculo íntimo, incluido su hijo mayor, han dejado claro que no tolerarán lo que perciben como deslealtad, una palabra que en su universo significa cualquier acción que contradiga sus deseos o intereses personales, independientemente de su legalidad o moralidad.
El Poder Ejecutivo en Estados Unidos está diseñado para resistir este tipo de concentraciones personalistas. La Constitución, con sus mecanismos de control y equilibrio, busca prevenir que un presidente ejerza poder absoluto sobre sus designados. Sin embargo, la estrategia de Trump desafiaba directamente estos principios. Al exigir que su gabinete y asesores adopten una postura de sumisión, imitar un modelo de poder medieval, donde la lealtad es menos un pacto de respeto mutuo y más una promesa de obediencia ciega. Este enfoque no solo degrada la independencia de las instituciones, sino que también pone en riesgo la funcionalidad de un gobierno diseñado para servir al pueblo, no a una figura centralizada.
Pronóstico: Humillaciones públicas
Las consecuencias de este enfoque son evidentes en múltiples episodios durante su primer mandato. Funcionarios como el fiscal general Jeff Sessions y la secretaría de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen enfrentaron humillaciones públicas y reproches constantes, a menudo ante colegas y medios de comunicación, cuando sus decisiones no se alinearon completamente con las expectativas de Trump. Este patrón no es solo una táctica de intimidación; es una declaración de su visión sobre el liderazgo: la lealtad personal supera cualquier obligación profesional o ética.
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La dinámica que Bolton describe también afecta al Congreso, donde los senadores tienen un papel constitucional de asesoramiento y consentimiento sobre las designaciones presidenciales. En un sistema ideal, esta supervisión serviría como un control esencial contra los abusos de poder. Sin embargo, la capacidad de Trump para moldear el discurso político a través de su influencia personal plantea preguntas inquietantes sobre la independencia de los legisladores. ¿Qué sucede cuando la «lealtad como arma de control» se extiende a quienes deben actuar como un contrapeso al poder presidencial?
Riesgos: Jueces y militares
El impacto más preocupante de esta obsesión por la lealtad se ve en las agencias de aplicación de la ley y en las fuerzas armadas, donde la integridad institucional es esencial. Por ejemplo, en el Departamento de Defensa, los oficiales militares están obligados a rechazar órdenes ilegales. Pero, ¿qué sucede si Trump ordena un despliegue interno que viola la Ley Posse Comitatus? En tales escenarios, la «lealtad como arma de control» amenaza con fracturar la cadena de mando, sembrando caos y socavando la confianza en las instituciones.
Los departamentos de justicia y seguridad nacional enfrentan desafíos similares. Bolton plantea escenarios hipotéticos que ilustran cómo las órdenes cuestionables de Trump podrían desencadenar crisis éticas y legales. Si, por ejemplo, un fiscal general designado por Trump ordenara procesar a opositores políticos en acusaciones infundadas, los funcionarios de carrera enfrentarían un dilema: seguir órdenes que violan sus principios o arriesgarse a represalias por desobediencia. En este contexto, la lealtad deja de ser un virtuoso ideal para convertirse en una herramienta de opresión.
¿El Poder Ejecutivo resistirá?
El daño potencial de estas dinámicas no se limita a las administraciones de Trump. Las lecciones que surgen de su enfoque hacia la lealtad tienen implicaciones más amplias para la política estadounidense. Si el estándar de lealtad personal prevalece sobre el compromiso con la Constitución y el servicio público, se socava el tejido mismo de una sociedad democrática. En palabras de Alexander Hamilton, los controles constitucionales están diseñados para resistir la corrupción y la seducción del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la eficacia de estos controles depende de la disposición de los actores políticos para priorizar principios sobre ambiciones personales.
A pesar de los riesgos y desafíos, hay razones para la esperanza. El poder judicial, con su mandato vitalicio y su independencia constitucional, sigue siendo un baluarte contra los excesos del poder ejecutivo. Los tribunales de primera instancia, en particular, han demostrado una capacidad notable para resistir las presiones políticas, como se evidencia en los juicios relacionados con los eventos del 6 de enero. Sin embargo, incluso esta resistencia tiene límites, especialmente si los costos legales y las presiones personales disuaden a los funcionarios de carrera de actuar con integridad y se ven amenazados por la lealtad como arma de control.
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Asunto de poder y la autoridad
La «lealtad como arma de control» no es solo una estrategia de liderazgo; es un síntoma de una visión más amplia sobre el poder y la autoridad. En el mundo de Trump, la lealtad no es un puente hacia la cooperación ni una herramienta para fortalecer las instituciones. Es una cadena, un vínculo que limita la independencia y refuerza la centralización del poder en una sola figura. En este contexto, quienes eligen priorizar su lealtad hacia la Constitución sobre las demandas personales del presidente se convierten en enemigos, no por sus acciones, sino por su compromiso con un ideal más grande que cualquier individuo.
Al final, la historia de la lealtad en la era Trump no es solo una relación sobre un líder y sus seguidores. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza de una democracia radica en la disposición de sus ciudadanos y funcionarios para defender los principios que la sustentan, incluso frente a las presiones más intensas.
