Por OrangelGil 
Un grupo independiente de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que Israel continuó cometiendo actos genocidas en la Franja de Gaza después de la entrada en vigor del alto el fuego de octubre de 2025. El informe, publicado este lunes, también denuncia presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra palestinos en la Cisjordania ocupada. Israel rechazó las conclusiones y acusó a la comisión de promover una campaña de desinformación.
La publicación vuelve a situar en el centro del debate internacional la responsabilidad de las autoridades israelíes por la conducta de sus fuerzas armadas, la protección de la población civil y el alcance de las obligaciones establecidas por el derecho internacional humanitario.
La comisión afirma que el alto el fuego no ha detenido los actos que considera parte de un proceso genocida contra los palestinos de Gaza. Su conclusión se apoya, entre otros elementos, en la expansión del área bajo control militar israelí, las muertes registradas durante la tregua y la continuidad de ataques y disparos en zonas densamente pobladas.
Es importante distinguir el alcance de esta denuncia: se trata de una evaluación de una comisión independiente de investigación vinculada al sistema de derechos humanos de la ONU, no de una nueva sentencia emitida por un tribunal internacional. Sus hallazgos pueden contribuir a investigaciones y procesos judiciales, pero no sustituyen las decisiones de los órganos jurisdiccionales competentes.
La línea del alto el fuego y el aumento del control territorial
Según el informe, desde el inicio de la tregua en octubre de 2025 las fuerzas israelíes ampliaron el territorio de Gaza bajo su control, pasando de aproximadamente el 53 % a por lo menos el 60 %. La comisión también señaló que el fuego israelí en las inmediaciones de la denominada Línea Amarilla provocó la muerte de al menos 196 palestinos durante ese período, incluidos mujeres y menores.
La Línea Amarilla fue establecida como una demarcación militar dentro del acuerdo de alto el fuego. De acuerdo con la investigación, su progresiva expansión estaría transformándola en una frontera de facto y restringiendo aún más el espacio disponible para la población palestina.
Tropas abren fuego contra personas: actos genocidas de Israel
Israel ha sostenido que sus tropas abren fuego contra personas que se acercan o cruzan esa línea cuando consideran que representan una amenaza. También ha denunciado intentos de integrantes de grupos armados de aproximarse a sus posiciones o atacar a sus soldados. Esa explicación forma parte del contexto de seguridad alegado por Israel, aunque no elimina la obligación de distinguir entre objetivos militares y civiles ni resuelve por sí misma la controversia sobre la legalidad de cada operación.
El desacuerdo central es si las acciones militares y sus consecuencias, consideradas en conjunto con las declaraciones de responsables israelíes y las condiciones impuestas a la población, constituyen evidencia de una intención de destruir total o parcialmente al grupo palestino de Gaza, elemento determinante para establecer el delito de genocidio.
Qué entiende el derecho internacional por genocidio
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en 1948, define el genocidio como determinados actos cometidos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Entre los actos contemplados figuran matar a integrantes del grupo, causarles daños físicos o mentales graves e imponer deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física. La magnitud de las muertes y la destrucción, por sí solas, no bastan para establecer jurídicamente el genocidio: también debe acreditarse la intención específica exigida por la Convención.
En septiembre de 2025, la misma comisión concluyó que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes habían cometido actos constitutivos de genocidio en Gaza. Su evaluación identificó cuatro de los cinco actos previstos en la Convención y analizó declaraciones de autoridades, operaciones militares, restricciones a la ayuda y daños a las infraestructuras esenciales. Israel rechazó entonces esas conclusiones.
Nuevo informe: actos genocidas de Israel
El nuevo informe sostiene que la conducta denunciada continuó después del alto el fuego. La relevancia de esta afirmación radica en que una tregua no suspende las obligaciones de protección de la población civil ni impide examinar posibles delitos cometidos durante su vigencia.
Sin embargo, una conclusión de una comisión investigadora no equivale a una sentencia penal contra personas concretas ni a un fallo judicial definitivo sobre la responsabilidad internacional del Estado. La evaluación de las pruebas, la determinación de responsabilidades y las consecuencias jurídicas corresponden a los órganos competentes conforme a sus respectivos mandatos.
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Israel rechaza las acusaciones y cuestiona la legitimidad de la investigación
La misión israelí en Ginebra pidió la disolución de la comisión y calificó el informe como parte de una campaña de desinformación destinada, según su posición, a demonizar al Estado de Israel y cuestionar su legitimidad y su derecho a defenderse. El embajador israelí ante la ONU en Ginebra, Daniel Meron, también rechazó las conclusiones.
Israel mantiene que las acusaciones de genocidio son falsas y ha cuestionado reiteradamente la imparcialidad de la comisión. Sus objeciones deben distinguirse de la evidencia documental presentada por los investigadores: la respuesta oficial de una de las partes no invalida automáticamente los hallazgos, del mismo modo que la publicación de un informe no convierte todas sus conclusiones en hechos judicialmente establecidos.
La discusión requiere examinar las pruebas específicas, la metodología de investigación, las declaraciones atribuidas a responsables políticos y militares y las explicaciones ofrecidas sobre las operaciones de las fuerzas armadas.
La comisión, por su parte, busca documentar conductas y establecer una base probatoria que pueda ser utilizada en futuros procedimientos. La agencia Associated Press advirtió que no pudo verificar independientemente varios de los relatos gráficos de violencia sexual contra detenidos palestinos incluidos en la investigación. Esta limitación de verificación debe tenerse presente al informar sobre esas denuncias.
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Cisjordania también aparece en el informe
Las conclusiones no se limitan a Gaza. La comisión acusa a soldados y personal penitenciario israelí de posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Cisjordania, entre ellos tortura, violencia sexual, persecución y exterminio.
El informe compara las muertes de palestinos en ataques aéreos en ese territorio: seis entre 2008 y el 6 de octubre de 2023, frente a 254 entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2026. También señala que las operaciones militares iniciadas en enero de 2025 provocaron desplazamientos de una magnitud que la comisión describe como la mayor en Cisjordania desde 1967. Según sus datos, 34.176 personas continuaban desplazadas en agosto de 2026.
Israel ha defendido sus operaciones en Cisjordania como medidas contra grupos armados y amenazas a la seguridad. El análisis de la legalidad de cada actuación, no obstante, exige evaluar las circunstancias concretas, la protección de civiles, la proporcionalidad de la fuerza y las prohibiciones aplicables a los malos tratos y a la violencia sexual.
La investigación también cuestiona a la Autoridad Palestina por la represión de voces disidentes y por la falta de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Esta observación amplía el alcance del documento: las obligaciones de proteger a la población y respetar los derechos fundamentales no recaen exclusivamente sobre Israel.
El costo humano y los límites de la tregua
La guerra comenzó después de los ataques encabezados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en los que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según los balances citados por las agencias internacionales. La ofensiva israelí posterior ha provocado una devastación extensa en Gaza. El Ministerio de Salud gazatí ha informado de más de 74.000 palestinos muertos desde el inicio de la guerra, una cifra citada por Reuters y Associated Press que no distingue entre civiles y combatientes.
Esos antecedentes son esenciales para comprender la dimensión del conflicto, pero no justifican ataques contra civiles ni sustituyen el análisis jurídico de conductas individuales. Los ataques contra la población civil, la toma de rehenes y los malos tratos a detenidos deben examinarse bajo las normas correspondientes, sin que una infracción atribuida a una parte elimine las obligaciones de la otra.
Actos genocidas de Israel: una tregua puede reducir la intensidad
La persistencia de muertes y restricciones durante el alto el fuego plantea además una cuestión humanitaria: una tregua puede reducir la intensidad de los combates sin garantizar por sí misma la seguridad, el acceso a la asistencia, la reconstrucción ni el regreso de las personas desplazadas.
El informe de la comisión agrega nuevas acusaciones a una controversia que ya se encuentra en el terreno diplomático y jurídico internacional. Su impacto dependerá de la evaluación independiente de las pruebas, de la cooperación de las autoridades implicadas y de las decisiones que adopten los mecanismos internacionales con competencia para investigar o juzgar los hechos.
La cuestión estratégica no es únicamente si el alto el fuego puede mantenerse, sino qué mecanismos verificables permitirán proteger a la población civil, garantizar la asistencia humanitaria y establecer responsabilidades por las violaciones documentadas.
Mónica Saavedra