La tensión en Nicaragua escaló una vez más con la disolución de por parte del gobierno de Daniel Ortega. Según el informe oficial, esta decisión se basó en la supuesta falta de presentación de los estados financieros de la orden religiosa durante tres años consecutivos: 2020, 2021 y 2022, así como por la no renovación de su junta directiva, vencida desde el 27 de marzo de 2020.
No obstante, detrás de estos argumentos se oculta un panorama más complejo. El cierre de la esa orden significa también la confiscación de sus propiedades, lo que se traduce en el traspaso de bienes tan emblemáticos como los colegios Loyola y Centroamérica, así como las escuelas de Fe y Alegría. Esta medida se tomó solo una semana después de que el gobierno se apoderara de la Universidad Centroamericana (UCA), institución con más de seis décadas de existencia bajo el mando jesuita, la cual ahora ha sido rebautizada como Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
Disuelta la Compañía de Jesús
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, adscrito a la Organización de las Naciones Unidas, ha denunciado repetidamente las agresiones progresivas que ha sufrido la UCA desde 2018. «Su denuncia de los hechos calificados como crímenes de lesa humanidad la ha hecho víctima de múltiples y progresivas agresiones», indica su comunicado. Y añade: «La confiscación de facto de los bienes de la UCA es una represalia por el trabajo que ha hecho esta institución en la búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense».
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Las opiniones especializadas no se han hecho esperar. Según María González, historiadora y experta en asuntos latinoamericanos, «esto no es solo un ataque contra una la Compañía de Jesús, es un intento de silenciar a una de las voces críticas más relevantes contra las políticas del gobierno de Ortega». Al mismo tiempo, diferentes organismos gubernamentales argumentan que esta medida responde a la necesidad de regulación y transparencia en el sector no lucrativo del país.
Preocupación internacional
Por su parte, políticos y académicos de diferentes latitudes han expresado su preocupación y condena. Roberto Sánchez, analista político centroamericano, sostiene que «el gobierno de Ortega está utilizando la burocracia y la regulación como herramientas de represión política». Las confiscaciones, afirma, son «una muestra más de cómo Nicaragua está cerrando espacios para la disidencia y la pluralidad».
Aunque las acciones recientes parecen novedosas, la historia de Nicaragua está marcada por episodios similares de confrontación entre el Estado y la Iglesia. La Compañía de Jesús ha jugado un papel destacado en la educación y en el ámbito social del país desde hace décadas, siendo una de las principales voces críticas del régimen sandinista en diferentes etapas.
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Organizaciones internacionales
Desde el plano internacional, la decisión ha generado rechazo. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han instado al gobierno nicaragüense a respetar los derechos humanos y a garantizar la libertad de expresión y de asociación. Simultáneamente, diversos gobiernos del continente han mostrado su preocupación por el deterioro democrático en Nicaragua.
La Compañía de Jesús, en su misión de búsqueda de la justicia y la verdad, ha sido un pilar en la educación y el desarrollo social de Nicaragua. La confiscación de sus propiedades, así como la de la UCA, no solo representa un golpe a la libertad religiosa y de expresión, sino también. Mientras la comunidad internacional mantiene su mirada fija en Nicaragua, los jesuitas, fieles a su vocación, continúan luchando por una sociedad más justa y libre.
