Las autoridades sanitarias de Estados Unidos aceleran el despliegue de la inteligencia artificial dentro del sistema de salud público, incluso cuando médicos, pacientes y legisladores advierten que la tecnología aún no está lista para asumir funciones tan delicadas como aprobar tratamientos o decidir qué recetas se renuevan. En cuestión de meses, agencias como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y la Administración de Alimentos y Medicamentos han lanzado programas piloto que delegan en algoritmos privados decisiones que antes recaía exclusivamente en médicos certificados. La velocidad con la que las autoridades sanitarias han abierto la puerta a estas herramientas contrasta con la falta de reglas claras sobre cómo vigilarlos una vez que entran en funcionamiento. Mientras Washington presenta el avance como una muestra de eficiencia y modernización, dentro de las propias autoridades sanitarias crecen las dudas sobre si la prisa responde más al acceso privilegiado que ciertas empresas tecnológicas han tenido con los reguladores que a la evidencia clínica disponible.
Este reportaje retoma y contextualiza el trabajo de Christina Jewett, corresponsal doméstica de The New York Times especializada en la cobertura de la Administración de Alimentos y Medicamentos, ganadora del premio George Polk y del Brechner Freedom of Information Award por su investigación “Hidden Harm” sobre una base de datos federal que ocultaba fallas en dispositivos médicos. Su pieza, publicada bajo el título “Los funcionarios de salud de EE. UU. actúan con rapidez para implementar la IA médica a pesar de las preocupaciones”, documenta cómo Medicare y la FDA han abierto la puerta a la inteligencia artificial en la atención médica mientras médicos y defensores de pacientes alertan sobre errores, denegaciones automatizadas y el acceso privilegiado que empresas tecnológicas han tenido en el proceso regulatorio.
Las autoridades sanitarias defienden el programa
El caso más citado es el del programa WISeR (Wasteful and Inappropriate Services Reduction), una prueba piloto que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid lanzaron este año en seis estados: Arizona, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Texas y Washington. Bajo este esquema, empresas privadas utilizan inteligencia artificial para evaluar solicitudes de autorización previa de ciertos procedimientos médicos para beneficiarios de Medicare tradicional, un mecanismo hasta ahora característico de los seguros privados. Las autoridades sanitarias defienden el programa como una herramienta para reducir el fraude y el gasto innecesario, pero los críticos señalan que las compañías participantes reciben parte de los ahorros generados por cada negación, un incentivo económico directo para decir que no.
Las cifras alimentan la preocupación. Una encuesta de KFF realizada en enero encontró que el 69% de los adultos asegurados consideran que la autorización previa es una carga para acceder a la atención médica. Médicos que participan en el programa temen que su alcance se expanda más allá de los servicios inicialmente contemplados, y legisladores de ambos partidos han cuestionado públicamente si el gobierno está replicando, dentro de un programa público, las prácticas más criticadas del sector asegurador privado.
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El esquema busca alimentar el modelo ACCESS de Medicare
En paralelo, la Administración de Alimentos y Medicamentos avanza en su propio frente. La agencia lanzó este verano el programa piloto TEMPO, que permite a un grupo reducido de dispositivos médicos basados en inteligencia artificial generativa llegar al mercado sin pasar por el proceso completo de autorización, siempre que se sometan a monitoreo reforzado. El esquema busca alimentar el modelo ACCESS de Medicare, una iniciativa que paga a empresas tecnológicas, y no solo a médicos y hospitales, por ayudar a gestionar enfermedades crónicas. Para las autoridades sanitarias que impulsan el modelo, se trata de un cambio de paradigma necesario; para sus críticos, de anteponer la velocidad de adopción a la certeza científica.
La propia FDA reconoce que enfrenta un desafío regulatorio inédito. En un documento de discusión publicado en agosto, la agencia propuso evaluar los dispositivos de inteligencia artificial generativa mediante un enfoque “basado en competencias”, similar al que se usa para certificar médicos, y advirtió sobre tres riesgos concretos: respuestas fabricadas que parecen creíbles, un deterioro del rendimiento con el paso del tiempo y la dificultad de fiscalizar modelos de terceros cuyo funcionamiento interno las empresas no revelan. El período de comentarios públicos permanece abierto hasta el 19 de octubre.
Las autoridades sanitarias: política de adopción de estas herramientas
El componente de acceso privilegiado añade otra capa de tensión al debate. En julio, funcionarios federales convocaron a puertas cerradas a ejecutivos de una decena de compañías tecnológicas, entre ellas Anthropic, Microsoft AI, Amazon One Medical, Hippocratic AI, Curai y Doctronic, para una jornada de demostraciones dentro de la sede de la FDA en White Oak. El encuentro, revelado por medios especializados, no fue ilegal ni inusual en sí mismo, pero alimentó las preguntas sobre quién está moldeando, en la práctica, la política de adopción de estas herramientas dentro de las autoridades sanitarias.
Uno de los casos que ilustra los riesgos involucra a Doctronic, una de las empresas que participó en ese encuentro y que opera bajo un esquema regulatorio flexible en Utah para renovar recetas médicas mediante inteligencia artificial. Investigadores de seguridad de la firma Mindgard lograron manipular el sistema para que aprobara un aumento indebido en la dosis de un medicamento controlado. La compañía respondió que ese tipo de manipulaciones no son exclusivas de su plataforma y que su modelo para el programa de Utah habría rechazado las instrucciones utilizadas en la prueba.
Sistema de salud estadounidense
Detrás de estas iniciativas hay también un fuerte incentivo financiero. Firmas de capital de riesgo y fondos especializados en tecnología sanitaria han multiplicado sus apuestas por empresas que prometen aliviar la carga administrativa y clínica del sistema de salud estadounidense, un mercado que solo puede crecer si logra sortear las barreras que las autoridades sanitarias todavía no han terminado de definir. Esa combinación de capital abundante y reglas incompletas es, para varios especialistas consultados en la cobertura original, el verdadero motor detrás de la velocidad con la que avanza esta transformación.
Organizaciones de pacientes y algunos legisladores han pedido que cualquier expansión de estos programas se acompañe de supervisión humana constante y de mecanismos de apelación más rápidos y transparentes. Sin esas garantías, advierten, la brecha entre la promesa de eficiencia y la protección real de los pacientes podría ampliarse antes de que exista evidencia suficiente para sostener lo contrario.
Por ahora, el país avanza en un terreno regulatorio inconcluso, donde las autoridades sanitarias deben decidir, casi en tiempo real, hasta dónde permitir que la inteligencia artificial ocupe funciones que durante generaciones estuvieron reservadas al criterio médico. La respuesta a esa pregunta, más que un asunto técnico, se perfila como una de las decisiones de política pública más determinantes para la próxima décadas del sistema de salud estadounidense.
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