El máximo tribunal de Estados Unidos le propinó un golpe severo a Trump esta semana al frenar su intento de restringir el voto por correo en todo el país. Sin embargo, esa derrota judicial no ha detenido la ofensiva más amplia que Trump ha puesto en marcha para ganar influencia sobre la manera en que los estados organizan y certifican sus comicios. Lejos de replegarse, Trump ha redoblado los esfuerzos de su gobierno para sembrar dudas sobre la integridad del proceso electoral, incluso cuando la evidencia de fraude generalizado sigue sin aparecer.
La reconstrucción de estos hechos se apoya en el trabajo original del periodista Zolan Kanno-Youngs, corresponsal especializado en la Casa Blanca y la política de seguridad nacional, cuyo reportaje documentó de primera mano el despliegue de esta estrategia dentro del Ejecutivo. Con base en esa investigación periodística, y bajo la elaboración editorial de Estoy al Día, se reconstruye a continuación el trasfondo de una disputa que trasciende el fallo judicial reciente y que pone a prueba los límites del poder presidencial sobre un terreno que, constitucionalmente, corresponde a los estados.
El revés judicial contra Trump
El revés judicial contra Trump se produjo el lunes, cuando la Corte Suprema bloqueó la orden ejecutiva mediante la cual pretendía limitar el uso del voto por correo, una modalidad que millones de electores utilizan en cada ciclo electoral bajo reglas que varían de un estado a otro. El fallo representó una victoria para quienes defienden la autonomía estatal en materia electoral, pero también dejó al descubierto que la iniciativa postal era apenas una pieza dentro de un esfuerzo mucho más amplio, sostenido durante meses, para centralizar el control sobre las elecciones desde el gobierno federal y reducir el margen de maniobra de las autoridades locales.
Ese esfuerzo se ha manifestado en distintos frentes durante las últimas semanas, con una intensidad que sorprendió incluso a veteranos observadores del sistema electoral estadounidense. Antes de que el máximo tribunal emitiera su decisión, el Departamento de Justicia había enviado cartas de tono amenazante a al menos treinta funcionarios electorales de alto rango en distintos estados, exigiendo respuestas en plazos breves. Las misivas intensificaron una disputa creciente en torno al acceso a datos privados de votantes y a registros electorales que, hasta ahora, habían permanecido bajo resguardo estatal, lejos del alcance directo de agencias federales y protegidos por leyes locales de privacidad.
Trump insiste en controlar las elecciones
Paralelamente, Trump ha impulsado una revisión inusual de los padrones electorales a cargo de agentes federales, quienes buscan identificar a personas que no sean ciudadanas estadounidenses entre los registros de votantes, en un operativo que ha involucrado el cruce de bases de datos migratorias con listas de electores inscritos. La medida avanza pese a que no existen pruebas que sustenten la existencia de un fraude generalizado vinculado a electores no ciudadanos, un fenómeno que estudios independientes han calificado repetidamente como extremadamente raro dentro del sistema electoral del país, e incluso marginal cuando se compara con el volumen total de votos emitidos en cada elección.
A esa revisión se suma una nueva controversia en torno a la infraestructura tecnológica del voto. El secretario de Seguridad Nacional impulsó recientemente una investigación sobre la fiabilidad de una máquina de votación ampliamente utilizada en distintos condados, lo que ha generado inquietud entre autoridades electorales locales que dependen de ese equipo para certificar resultados con rapidez. La pesquisa ha alimentado dudas públicas sobre los sistemas de votación digital, justo en un momento en que la confianza ciudadana en la infraestructura electoral ya se encontraba bajo presión por el discurso político dominante y por años de señalamientos sin sustento probatorio suficiente.
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Especialistas en derecho constitucional advierten
El patrón resulta familiar para quienes han seguido de cerca la trayectoria de Trump en materia electoral desde hace varios años. Sus cuestionamientos reiterados sobre la legitimidad de distintos comicios han precedido, en más de una ocasión, a medidas administrativas que buscan trasladar poder de decisión hacia agencias controladas directamente por la Casa Blanca, replicando un guión que ya se había observado en procesos electorales anteriores. Especialistas en derecho constitucional advierten que esta dinámica erosiona gradualmente el equilibrio federal que históricamente ha regulado la organización electoral en Estados Unidos, un sistema construido deliberadamente, desde la fundación de la república, para evitar la concentración de autoridad en una sola instancia de gobierno.
Funcionarios electorales estatales, organizaciones de defensa del voto y expertos en derecho constitucional han expresado preocupación creciente por lo que describen como un patrón de presión federal sostenida sobre instituciones que, por diseño constitucional, deben operar con independencia del Ejecutivo nacional. Varios secretarios de estado, tanto demócratas como republicanos, han señalado que la irrupción de agencias federales en tareas tradicionalmente locales complica la administración cotidiana de los comicios y alimenta un clima de desconfianza que, advierten, podría intensificarse de cara a futuras contiendas y desalentar la participación de electores y de trabajadores electorales voluntarios.
La autoridad de la Casa Blanca: Trump insiste en controlar las elecciones
Con la derrota judicial reciente como telón de fondo, Trump enfrenta ahora la disyuntiva de insistir en nuevas vías legales o profundizar el uso de herramientas administrativas que no requieren aprobación judicial inmediata. Analistas consultados coinciden en que el desenlace de esta pugna definirá, en buena medida, hasta dónde puede extenderse la autoridad de la Casa Blanca sobre un sistema electoral diseñado, desde sus orígenes, para operar de manera descentralizada entre los cincuenta estados.
Lo ocurrido esta semana confirma que el litigio sobre el voto por correo fue solo un capítulo dentro de una disputa mucho más extensa, cuyo trasfondo excede lo estrictamente jurídico. La combinación de presión sobre funcionarios locales, revisión de padrones y cuestionamiento de la infraestructura tecnológica configura un frente múltiple cuyo desenlace seguirá marcando la relación entre Washington y los estados en los próximos meses, con implicaciones directas sobre la manera en que millones de estadounidenses ejercerán su derecho al voto en las próximas citas electorales, y sobre el grado de confianza ciudadana que depositarán en un sistema que, por ahora, continúa a la defensiva.