Marco Rubio y Exxon Mobile atacan a la industria petrolera venezolana: Demandas en ciernes

 La industria petrolera venezolana se enfrenta a un nuevo capítulo de presión internacional. Marco Rubio y Exxon Mobile han sido señalados como los principales artífices de una estrategia que busca minar la estabilidad energética de Venezuela, según denuncias recientes. La revocación de la Licencia 41 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha encendido las alarmas en Caracas, donde se interpreta la medida como una maniobra que responde más a intereses corporativos que a una estrategia de política exterior. Expertos advierten que esta decisión no solo afecta a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sino que también abre la puerta a posibles litigios y disputas en tribunales internacionales.

El presente reportaje es un análisis basado en la investigación realizada por el analista y experto en hidrocaburos Alejandro Terán Martínez , publicado en el portal Venezuela News bajo el título: «Alejandro Terán: Marco Rubio y la ExxonMobil están detrás de las acciones contra Venezuela y Chevron». Terán Martínez es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo y un reconocido analista del sector energético en América Latina. Su trabajo desglosa la relación entre los actores políticos y corporativos involucrados en la reciente escalada de medidas contra Venezuela, y las consecuencias que podrían derivarse en el corto y mediano plazo.

Marco Rubio y Exxon Mobile atacan a Venezuela

La reciente revocación de la Licencia 41, que permitía a Chevron mantener operaciones limitadas en Venezuela, ha sido vista por analistas como el resultado de una ofensiva liderada por Marco Rubio y Exxon Mobile. Esta medida, formalizada por el Departamento del Tesoro el pasado 4 de marzo, obliga a Chevron a liquidar sus operaciones conjuntas con PDVSA antes del 3 de abril. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia es la prohibición expresa de realizar pagos al gobierno venezolano, una restricción que pone en jaque la viabilidad financiera de los proyectos petroleros en el país.

La revocación de la Licencia 41 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha encendido las alarmas en Caracas, donde se interpreta la medida como una maniobra que responde más a intereses corporativos que a una estrategia de política exterior. Ilustración MidJourney

Para Terán Martínez, esta maniobra tiene un claro trasfondo geopolítico y económico. «Lo que estamos viendo no es un simple endurecimiento de sanciones, sino una jugada bien calculada para desestabilizar la industria petrolera venezolana y favorecer a ciertos actores en el mercado global», afirmó en su entrevista con Venezuela News. El experto señala que Exxon Mobile y Marco Rubio han tenido un papel clave en presionar para que esta decisión fuera adoptada. «No es coincidencia que en paralelo a esta revocación se esté exacerbando el conflicto con Guyana, donde Exxon tiene una presencia significativa en el Esequibo», añadió.

La gente es la más perjudicada

De acuerdo con estimaciones del Instituto de Estudios Energéticos de América Latina, la revocación de la Licencia 41 podría generar una pérdida de más de $3.5 mil millones en ingresos potenciales para Venezuela en los próximos cinco años. Esto no solo impactaría a PDVSA, sino que también afectaría a cientos de empresas nacionales y extranjeras que operan en el sector energético venezolano. «Estamos viendo una estrategia de ahogamiento financiero que busca impedir cualquier tipo de recuperación económica en Venezuela», explicó el economista petrolero Luis Montilla , en declaraciones a El Diario de Caracas.

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Para Marco Rubio y Exxon Mobile, la presión sobre Venezuela es parte de un esfuerzo más amplio por reconfigurar el mapa energético en la región. Rubio, conocido por su postura dura contra el gobierno de Nicolás Maduro, ha sido uno de los principales promotores de las sanciones que han restringido la capacidad del país para comercializar su petróleo en el mercado internacional. Mientras tanto, Exxon Mobile, con intereses directos en el conflicto territorial con Guyana, ha sido señalada por su presunta influencia en la toma de decisiones dentro del gobierno estadounidense.

China y Rusia ya están allí

Desde Washington, la administración de Donald Trump ha tratado de justificar la revocación de la Licencia 41 como parte de su política de «máxima presión» sobre Caracas. Sin embargo, sectores dentro del Congreso han criticado la medida, argumentando que perjudicaría a las empresas estadounidenses que aún mantienen inversiones en Venezuela. «Esto es un tiro en el pie. Al final, lo que estamos haciendo es ceder espacio a otros actores como China y Rusia», afirmó el senador demócrata Chris Murphy en una reciente audiencia sobre política exterior en el Senado.

Mientras tanto, el gobierno venezolano ha respondido con una estrategia de diversificación de mercados frente a la hostilidad de Marco Rubio y Exxon Moblie. En un comunicado oficial, PDVSA anunció que está explorando nuevas alianzas con socios en Asia y el Medio Oriente para mitigar el impacto de las sanciones. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Esta es una oportunidad para profundizar nuestra cooperación con países que realmente respetan la soberanía de Venezuela”, se difundió desde la Gerencia de Asuntos Corporativos de PDVSA.

Expertos advierten que esta decisión no solo afecta a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sino que también abre la puerta a posibles litigios y disputas en tribunales internacionales. Ilustración MidJourney.

Litigios y vacío operativo

La Asociación Venezolana de Energía y Petróleo advirtió que la salida forzada de Chevron podría llevar a un «vacío operativo» en varias áreas clave de producción, lo que afectaría tanto la infraestructura como la capacidad de exportación de crudo. “Estamos hablando de una industria que necesita inversión y tecnología. Si bloqueamos esas inversiones, estamos condenando al país a una mayor dependencia de actores externos”, explicó el ingeniero petrolero José Manuel Rojas, durante una conferencia en la Universidad Central de Venezuela.

Pero más allá de las consecuencias económicas inmediatas, la revocación de la Licencia 41 también podría desencadenar una ola de litigios internacionales. Según el abogado especializado en derecho energético Carlos Ramírez, Venezuela tiene bases legales para presentar demandas ante tribunales internacionales por lo que considera una «expropiación indirecta» de activos y derechos adquiridos. “No sería la primera vez que un país lleve a Estados Unidos a una corte por este tipo de medidas. Hay precedentes que podrían jugar un favor de Venezuela”, aseguró en declaraciones a Panorama Petrolero.

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Para Marco Rubio y Exxon Mobile, esta jugada podría significar un punto de inflexión en la política energética de la región. Si bien la revocación de la Licencia 41 representa un golpe para Venezuela, algunos expertos sostienen que también podría ser un bumerán para los intereses estadounidenses en el largo plazo. “En la medida en que sigamos aislando a Venezuela, lo que estamos haciendo es incentivar a que busque nuevas alianzas con otros actores globales. Al final, esto puede terminar beneficiando a China y Rusia, que están más que dispuestos a llenar el vacío que estamos dejando”, afirmó Richard Blackwell, analista de mercados energéticos en la firma Global Energy Strategies.

En este complejo escenario, la industria petrolera venezolana se enfrenta a una encrucijada. Con Marco Rubio y Exxon Mobile liderando la carga contra su recuperación, el país se ve obligado a redefinir su estrategia energética en un entorno cada vez más hostil. El impacto de estas decisiones aún está por verse, pero lo que es claro es que la pugna por el control del crudo venezolano está lejos de resolverse.

 

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