En un contexto económico desafiante, la propuesta de integrar más activamente a la empresa privada en la economía venezolana se presenta como un faro de esperanza. José Antonio Gil Yepes, presidente de Datanalisis, destacó en su columna «Comiendo de la basura y las políticas económicas contradictorias», la cruda realidad de una nación luchando contra la inflación y la pobreza, mientras lidia con políticas económicas ineficientes. La visión de personas en extrema pobreza, según Gil Yepes, refleja el deterioro social y económico en Venezuela, exacerbado por la falta de participación efectiva del sector privado en la recuperación económica.
Aunque se han discutido leyes prometedoras como la de Promoción de Exportaciones No Petroleras y la implementación de Zonas Económicas Especiales, el progreso tangible ha sido mínimo. La recuperación económica, modesta hasta agosto de 2022, se ha visto impulsada principalmente por la desregulación de precios, la liberalización del tipo de cambio y la circulación de divisas, así como por la mejora en el suministro de combustibles. Eventos recientes como la reapertura de la frontera con Colombia y la flexibilización de sanciones, que han permitido a empresas como CHEVRON reanudar la exportación de hidrocarburos, también han jugado un papel crucial.
Diálogo con la empresa privada
Un aspecto positivo ha sido la mejora en la comunicación entre algunas oficinas gubernamentales y la empresa privada desde 2019, lo que ha ayudado a recuperar la confianza. Sin embargo, estas interacciones han resultado en más diálogo que acción efectiva, lo que eventualmente podría conducir a un desgaste en la confianza empresarial.
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Venezuela enfrenta un tablero de políticas económicas incoherentes, donde las estrategias para impulsar el crecimiento económico real coexisten con medidas como la reducción de la liquidez para combatir la inflación, impuestos crecientes y restricciones a la circulación de divisas. El enfoque monetarista, centrado en la reducción del gasto público, ha disminuido la capacidad de consumo de más de dos millones de empleados públicos y la demanda estatal de bienes y servicios. El alto encaje bancario, diseñado para reducir la liquidez, ha limitado el crédito bancario, afectando negativamente la inversión, la producción y el consumo.
Sobrevaluación monetaria
La sobrevaluación de la moneda venezolana es otra preocupación para todo el espectro de la economía que incluye a la empresa privada. Aunque reduce temporalmente la inflación al incentivar la importación, esto se hace a expensas del empleo y los salarios que podrían generarse mediante la producción y exportación de productos nacionales. Según Gil Yepes, la solución no reside en la devaluación, sino en aumentar la productividad empresarial. Asimismo, argumenta que en lugar de un plan de ajuste económico basado en endeudamiento y recortes, Venezuela necesita un plan de reestructuración económica que aborde los desequilibrios macroeconómicos de manera integral.
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El sistema impositivo en Venezuela, uno de los más altos a nivel mundial, extrae cerca del 50% de las rentas, lo que actúa como un desincentivo para la inversión y la confianza del consumidor. Los impuestos solo se justificarían si se tradujeran en servicios públicos de calidad, pero, según Gil Yepes, esto no está sucediendo en Venezuela.
Ataque al dólar
El ataque al dólar a través del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) es otro punto de conflicto. Este impuesto del 3% sobre cada transacción en divisas aumenta los costos en las cadenas productivas, influyendo en los precios finales al consumidor. La sobrevaluación de la moneda, los impuestos recesivos y el ataque al dólar son estrategias contraproducentes que, en lugar de apoyar la recuperación económica, podrían agravar la situación.
La incorporación efectiva la empresa privada en la economía venezolana es crucial. La solución a los desafíos económicos del país pasa por invertir, producir, aumentar la productividad y democratizar el capital de las empresas estatales. Además, es fundamental mejorar la calidad de los servicios públicos, asegurar la seguridad jurídica y diversificar las exportaciones. La estabilidad económica de Venezuela dependerá de políticas coherentes y de la sinergia entre el sector público y el privado.
