Trump legalizó la colusión. No se trata de una teoría conspirativa ni de una metáfora exagerada. La Casa Blanca, con una orden presidencial, decidió suspender la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una norma vigente desde 1977 que había servido como un freno contra el pago de sobornos por parte de empresas estadounidenses en el extranjero. Con esta decisión, el gobierno de Estados Unidos dejó de sancionar a sus propias compañías cuando recurren a prácticas que antes eran consideradas ilícitas. La medida, según sus impulsores, busca permitir que las empresas norteamericanas compitan “en igualdad de condiciones” con sus rivales de China, Rusia o Venezuela. Sin embargo, para muchos analistas, lo que en realidad ha ocurrido es que Washington ha decidido jugar con las mismas reglas de los regímenes que solía denunciar.
El periodista argentino Hugo Alconada Mon, especialista en investigaciones sobre corrupción y crimen organizado, analizó esta decisión en un artículo titulado: “Los corruptos de América Latina brindan a la salud de Donald Trump”, publicado en el diario El País. Alconada Mon es Prosecretario de Redacción del periódico argentino La Nación y columnista del New York Times en Español. También ha sido becario en universidades como Stanford y Columbia, y es considerado uno de los periodistas más influyentes en la cobertura de escándalos de corrupción en América Latina. En su artículo, el reportero sostiene que la decisión de la administración Trump no solo beneficia a las empresas estadounidenses, sino que también refuerza la impunidad global, al desactivar investigaciones contra redes de sobornos y prácticas ilícitas en países como Argentina y Venezuela.
Trump legalizó la colusión
Trump legalizó la colusión, un paso que marca un cambio radical en la política anticorrupción de Estados Unidos. Durante décadas, la FCPA había sido un arma clave para sancionar a empresas que sobornaban funcionarios en el extranjero. Compañías de diversos países, como Siemens (Alemania), Alstom (Francia) o BAE Systems (Reino Unido), fueron multadas con cientos de millones de dólares por incurrir en prácticas corruptas. Sin embargo, con la nueva decisión de la Casa Blanca, estas penalidades dejan de aplicarse, al menos para las empresas estadounidenses. La justificación oficial de la administración Trump es que este cambio permitirá a las corporaciones del país competir sin desventajas frente a rivales internacionales que suelen operar bajo esquemas de sobornos y favores políticos. Pero el mensaje implícito es claro: si otros países pueden pagar sobornos para ganar contratos, ahora Estados Unidos también lo hará.
Los efectos de esta medida no tardarán en sentirse. En América Latina, Asia y África, las multinacionales estadounidenses ya no tendrán la presión de actuar con transparencia. Hasta ahora, la FCPA no sirve solo para castigar el soborno, sino también como una barrera para proteger a las propias empresas de las exigencias de los funcionarios corruptos. Muchas compañías utilizaban la existencia de esta ley como un argumento para rechazar pedidos de dinero ilícito. Sin la FCPA en vigor, esta excusa desaparece. Ahora, el riesgo es que el soborno deje de ser una excepción y se convertirá en una norma dentro de la competencia empresarial.
Borrados o límites éticos
Trump legalizó la colusión y, al hacerlo, ha dado un giro en la forma en que Estados Unidos se presenta ante el mundo. Durante décadas, Washington se posicionó como el guardián de la transparencia y el Estado de derecho. Desde la Guerra Fría hasta la actualidad, el discurso oficial de la Casa Blanca ha sido la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción en países con regímenes autoritarios. Sin embargo, con la suspensión de la FCPA, el gobierno estadounidense se alinea más con las estrategias de poder de China o Rusia, donde las grandes corporaciones estatales operan sin límites éticos.
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Los efectos en la geopolítica son difíciles de prevenir, pero algunos expertos temen que esta decisión pueda ser el punto de inflexión para un nuevo tipo de competencia internacional basada en la corrupción. China, con su estrategia de inversión en infraestructura a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, ya ha sido acusada de utilizar sobornos y acuerdos opacos para ganar contratos en África y América Latina. Rusia, por su parte, ha consolidado su influencia en varias naciones mediante acuerdos energéticos que muchas veces incluyen pagos ilícitos a funcionarios locales. Si las empresas estadounidenses adoptan tácticas similares, el panorama global podría cambiar radicalmente.
¿Dilema moral o ventaja?
Trump legalizó la colusión y con ello ha abierto la puerta a un dilema moral para las compañías estadounidenses. Hasta ahora, muchas multinacionales se beneficiaban de la FCPA porque esto les daba una excusa para evitar participar en esquemas corruptos. Ahora, en un mundo sin esa barrera legal, las empresas se enfrentan a una decisión: seguir operando con transparencia o entrar de lleno en la lógica del soborno. La incertidumbre radica en cómo responderán los mercados internacionales y si habrá países que intentarán imponer nuevas regulaciones para contrarrestar este vacío legal.
Las críticas no han tardado en llegar. Organizaciones como Transparencia Internacional han advertido que la decisión de la Casa Blanca representa un retroceso de 40 años en la lucha contra la corrupción. La Unión Europea, que ha endurecido sus regulaciones sobre transparencia empresarial en los últimos años, podría responder con nuevas medidas para evitar que las empresas estadounidenses obtengan ventajas indebidas. Mientras tanto, en América Latina, donde la corrupción ya es un problema estructural, la eliminación de la FCPA podría agravar aún más la impunidad.
Carta blanca para la corrupción global
Trump legalizó la colusión, y ahora el mundo observa las consecuencias. Aunque la medida ha sido vendida como un intento de fortalecer la competitividad de las empresas estadounidenses, en la práctica representa una carta blanca para la corrupción global. El presidente estadounidense ha decidido que su país debe jugar con las mismas reglas que China, Rusia o Venezuela, abandonando así cualquier pretensión de liderazgo moral en la lucha contra la corrupción.
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El impacto de esta decisión aún está por verso. ¿Se mantendrán las investigaciones en curso sobre sobornos en América Latina, o serán archivadas de manera discreta? ¿Habrá un efecto dominó en otras economías, donde los gobiernos podrían sentirse tentados a relajar sus propias leyes anticorrupción? Lo que está claro es que, con esta medida, Estados Unidos ha dejado de ser el faro de transparencia que alguna vez pretendió ser. Ahora, en el tablero global, ha decidido jugar como los demás.
