EE.UU. amenazó con sanciones económicas a algunos de sus principales aliados internacionales, incluidos Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Francia, como respuesta a su posible apoyo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra líderes israelíes. La controversia, que involucra decisiones de justicia internacional, geopolítica y la influencia de la administración entrante de Donald Trump, ha generado un intenso debate sobre el futuro del CPI y su papel en un mundo cada vez más polarizado.
Dan Perry, ex editor jefe de Associated Press en Europa, África y Oriente Medio, y Chris Stephen, autor de “The Future of War Crimes Justice” (2024), aportaron luces sobre esta situación en una reciente publicación de The Hill titulada: “Las órdenes de arresto de la CPI contra Israel han resultado contraproductores”. Según Perry, la decisión del CPI de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, no solo ha fallado en su objetivo de garantizar justicia, sino que ha expuesto vulnerabilidades críticas en el sistema del tribunal.
EE.UU. amenazó con sanciones
Como parte de una estrategia para proteger a los líderes israelíes de ser arrestados, EE.UU. amenazó con sanciones, presionando a los países miembros del CPI para que otorguen inmunidades en virtud del artículo 98 del estatuto del tribunal. Este artículo permite a los estados firmantes eximir a ciertos funcionarios extranjeros de ser arrestados por crímenes de guerra, y ha sido utilizado previamente por EE.UU. para proteger a su propio personal. Ahora, Washington exige lo mismo para Israel, en medio de tensiones exacerbadas por el conflicto en Gaza y las acusaciones de crímenes contra civiles.
La situación se complica aún más debido a la percepción de parcialidad de la CPI. Mientras Netanyahu y Gallant enfrentan múltiples acusaciones, incluidos ataques deliberados a civiles y privación de servicios esenciales, los líderes de Hamás han sido, en gran medida, exonerados. Solo Mohammed Deif, presuntamente muerto, ha sido acusado por el tribunal, lo que refuerza las críticas de que el CPI actúa de manera sesgada. Este desequilibrio, argumentan analistas como Perry y Stephen, no solo socava la legitimidad de la Corte, sino que también le proporciona municiones políticas a sus detractores.
Contra amigos y enemigos por igual
En este contexto, la administración de Trump ha adoptado una postura especialmente agresiva. Durante su mandato anterior, Trump sancionó al jefe fiscal de la CPI y podría volver a hacerlo. Más alarmante aún, el senador Lindsey Graham ha prometido impulsar una legislación que impondría sanciones económicas a cualquier país que no conceda inmunidad a los funcionarios israelíes. Según Graham, incluso aliados cercanos como Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Francia podrían enfrentar represalias si colaboran con la Corte. «Si intenta ayudar a la CPI, lo vamos a sancionar», declaró Graham en una entrevista reciente con Fox News.
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EE.UU. amenazó con sanciones económicas no solo como una advertencia, sino como una táctica para desmantelar el sistema de justicia internacional en su forma actual. Esta estrategia recuerda las políticas de la administración Bush en 2002, cuando EE.UU. exigió inmunidades bajo el artículo 98 y amenazó con recortar la ayuda internacional a los países que no cumplieron. En aquel entonces, incluso la Unión Europea cedió, otorgando inmunidad limitada al personal estadounidense en el suelo europeo. Ahora, la historia parece repetirse, pero con implicaciones potencialmente más graves para la CPI.
España no está alineada
Los países europeos se encuentran en una posición difícil. Francia, por ejemplo, ya ha utilizado la laguna del artículo 98 para otorgar inmunidad a los líderes israelíes, una decisión que ha sido imitada por Italia, Hungría y Grecia. Otros, como Alemania y Gran Bretaña, aún no han tomado una postura definitiva, pero las declaraciones de sus líderes sugieren una inclinación hacia la cautela. Ambas naciones han afirmado que cumplirán con sus obligaciones internacionales, pero evitarán confirmar si seguirán el ejemplo de Francia. Mientras tanto, España, gobernada por socialistas, ha rechazado categóricamente la idea de conceder inmunidad.
El miedo entre los miembros del CPI es que esta concesión de inmunidades pueda convertirse en una tendencia imparable. Si los aliados de EE.UU. otorgan inmunidad a los líderes israelíes, otros estados podrían aprovechar el precedente para proteger a sus propios ciudadanos acusados de crímenes de guerra. Este riesgo es especialmente alto en regiones como África, donde varios países acogen a mercenarios rusos del Grupo Wagner. De hecho, Mongolia ya otorgó inmunidad a Vladimir Putin durante una reciente visita de Estado, sin enfrentar sanciones de la CPI.
EE.UU. amenazó con sanciones como una medida preventiva, pero su enfoque podría tener consecuencias desastrosas para la CPI. Si bien la Corte ha sido criticada por su ineficacia —solo ha obtenido seis condenas por crímenes de guerra en 22 años—, su existencia representa un símbolo importante de justicia internacional. La posibilidad de que los países miembros cedan ante las presiones estadounidenses y otorguen inmunidades podría debilitar irreversiblemente al tribunal, dejándolo como una institución marginal incapaz de cumplir con su misión original.
Desacoplamiento de EE.UU. de la OTAN
Las implicaciones de estas dinámicas son profundas, no solo para la CPI, sino también para el equilibrio global de poder. En Europa, existe el temor de que Trump aproveche esta situación para acelerar el desacoplamiento de EE.UU. de la OTAN, una preocupación que se suma a las crecientes tensiones geopolíticas. Para los defensores del IPC, la esperanza radica en que los estados miembros se mantengan firmes en su compromiso con la justicia internacional, aunque el costo sea enfrentar represalias económicas y políticas.
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Mientras tanto, el conflicto en Gaza sigue siendo un recordatorio sombrío de las complejidades de la justicia internacional. La decisión del CPI de acusar a líderes israelíes, sin acciones equivalentes contra Hamás, ha generado preguntas difíciles sobre la imparcialidad y la efectividad del tribunal. En última instancia, el destino del IPC puede depender de su capacidad para adaptarse a estas críticas y demostrar que es una institución capaz de actuar de manera justa y decisiva en un mundo lleno de contradicciones y tensiones.
En este contexto, EE.UU. amenazó con sanciones no solo para proteger a Israel, sino también como un desafío directo al concepto mismo de justicia internacional. Esta confrontación podría definir el futuro de la CPI y el equilibrio de poder global en los años venideros. Sin embargo, también plantea una pregunta fundamental: ¿es posible mantener una justicia internacional imparcial en un sistema dominado por intereses nacionales?
