Los criminales nazis fueron mejor tratados que los venezolanos enviados a El Salvador. Esa fue la comparación que sacudió la sala del tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia cuando la jueza Patricia Millett expresó su consternación ante la defensa del Departamento de Justicia estadounidense. A principios de marzo, la administración Trump deportó a más de 130 migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, entre ellos a decenas de venezolanos que fueron llevados sin previo aviso a una prisión en El Salvador. La analogía no fue gratuita. Mientras los jerarcas nazis fueron sometidos a audiencias públicas y procesos legales antes de ser expulsados tras la Segunda Guerra Mundial, los venezolanos no contaron con garantías mínimas para defenderse. Sin prueba alguna y sin derecho a una audiencia previa, fueron etiquetados como criminales del Tren de Aragua y enviados a una prisión extranjera, violando los principios básicos del debido proceso.
El reportaje original, titulado: “Juez de apelaciones sobre deportaciones venezolanas: ‘Los nazis recibieron un mejor trato’”, fue elaborado por Perry Stein y Jeremy Roebuck para The Washington Post. Stein cubre el Departamento de Justicia y el FBI y anteriormente reportó sobre temas educativos en Washington DC Roebuck, por su parte, se incorporó en 2024 y también cubre asuntos relacionados con el Departamento de Justicia. Ambos periodistas detallaron cómo, durante la audiencia, un abogado del gobierno sostuvo que Estados Unidos no tenía la obligación de notificar a los inmigrantes que habían sido designados como “enemigos extranjeros” ni ofrecerles oportunidad alguna para defenderse antes de su deportación. Esta posición jurídica desató el asombro del panel de jueces, especialmente por lo que implicaba: la posibilidad de privar de libertad y expulsar a personas sin que supieran de qué se les acusaba, ni por qué se le enviaba a una prisión en un país distinto al suyo.
Criminales nazis fueron mejor tratados
Una contundente frase que sigue resonando como una acusación moral y política, una muestra del doble estándar con el que se han tratado episodios históricos similares: los criminales nazis fueron mejor tratados. Lo dicho por la jueza Patricia Millett no fue una exageración: durante la Segunda Guerra Mundial, incluso quienes estaban señalados como parte del aparato criminal del Tercer Reich tenían derecho a comparecer ante juntas de audiencias antes de ser expulsados. En cambio, los venezolanos deportados en marzo de 2025 no recibieron notificación ni oportunidad de responder. Muchos de ellos, según sus familiares y defensores, no tenían antecedentes penales ni vínculos con pandillas. No estaban en juicio. No hubo investigación. Solo una lista negra cuya validez aún se desconoce. La presunción de inocencia, pilar de cualquier sistema democrático, era ignorada.
La jueza Millett, nombrada por el presidente Barack Obama, fue contundente al declarar que los venezolanos tenían derecho al debido proceso antes de ser privados de libertad o deportados. Su intervención puso en evidencia que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en este caso carecía de proporcionalidad y lógica jurídica. Se trata de una ley diseñada para tiempos de guerra, invocada solo tres veces en la historia de Estados Unidos, y jamás con la ligereza demostrada ahora. Pero más allá de la legalidad, el trato dado a los migrantes —en su mayoría venezolanos jóvenes sin condenas previas— fue cruel. Según declaraciones juradas presentadas por la ACLU, muchos fueron detenidos sin explicación, subidos a aviones rumbo a El Salvador y encerrados en una prisión sin saber siquiera cuál era su destino. En algunos casos, incluso se les había dicho previamente que serían deportados a Venezuela.
Un deteriorado faro de libertades
Los criminales nazis fueron mejor tratados. La insistencia en esta afirmación no solo tiene valor histórico, sino que exponen una paradoja ética: en pleno siglo XXI, un país que se autodefine como faro de libertades ha enviado a seres humanos a prisiones extranjeras con una etiqueta que no ha sido probada, bajo una legislación de guerra y en medio de un contexto político que busca el aplauso de sectores electorales radicales. La lista de presuntos miembros del Tren de Aragua parece más una construcción mediática y política que el resultado de una investigación seria. Basta con revisar que el mismo Departamento de Justicia admitió que “muchos” de los deportados no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Entonces, ¿con base en qué fueron etiquetados como criminales?
Tambièn puedes leer: Derrame petrolero en Ecuador: ¿Qué se afectó?
Los abogados defensores han denunciado que la actuación del gobierno viola no solo los principios constitucionales estadounidenses, sino también tratados internacionales de derechos humanos. En uno de los vuelos de deportación, una mujer venezolana relató que escuchó a funcionarios del gobierno decir que existía una orden judicial que impedía el despegue. Sin embargo, el vuelo partió igual. Ese mismo día, el juez James E. Boasberg había emitido una orden de restricción temporal para detener las deportaciones hasta que se celebraran audiencias. Aun así, dos aviones estaban ya en el aire, y un tercero listo para despegar. El gobierno alegó que el tercero no estaba amparado por la orden porque sus pasajeros no fueron deportados bajo la ley de enemigos, sino bajo leyes migratorias tradicionales. Pero la frontera entre ambas categorías parece haberse desdibujado a conveniencia del poder ejecutivo.
Cuando la justicia no tiene poder
Los criminales nazis fueron mejor tratados. El eco de esa frase sirve para confrontar la retórica del poder. ¿Cuánto vale la vida y la dignidad de un venezolano cuando se enfrenta al aparato estatal más poderoso del planeta? La administración Trump —en su segundo mandato— ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros como herramienta de disuasión, ejemplarizando con los más vulnerables. Un acuerdo con El Salvador permitió que fueran encerrados allí sin ninguna garantía de protección consular ni revisión judicial previa. Para muchos expertos, la acción viola las normas del derecho internacional humanitario y convierte a estos migrantes en rehenes de una política de miedo.
El juez Boasberg fue el único contrapeso institucional que intentó detener la maquinaria. Emitió la orden de regreso para los aviones, aunque el gobierno cuestionó su autoridad para hacerlo, alegando que los vuelos ya estaban en aguas internacionales. Incluso el propio juez fue objeto de ataques políticos, y se solicitó su impeachment por supuesta extralimitación. El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., salió en su defensa de manera poco habitual, reafirmando que los tribunales de apelaciones son el espacio adecuado para debatir decisiones judiciales y no el Congreso.
Alerta ante la banalización del derecho
Los criminales nazis fueron mejor tratados. Esta repetición no es un capricho literario: es una alerta ante la banalización del derecho. La ACLU, que representa a varios de los migrantes, presentó testimonios de personas que fueron regresadas a Estados Unidos no por la orden judicial, sino porque el acuerdo de deportación solo incluía a hombres venezolanos y salvadoreños. En otras palabras, la aplicación de la ley fue arbitraria, selectiva y políticamente conveniente. La criminalización masiva, sin pruebas individuales, sugiere un uso propagandístico de la justicia. Al equiparar a todo venezolano detenido con un miembro del Tren de Aragua, se abre la puerta a la persecución étnica y se deslegitima cualquier política migratoria seria.
Tambièn puedes leer: ¿Neofascismo desde Washington? Asalto a la privacidad, revisión de teléfonos y mal rato para quien no adore a Trump
Estados Unidos se enfrenta ahora a una encrucijada jurídica y moral. El fallo de la Corte de Apelaciones, aún por conocerse, marcará un precedente sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros. Pero más allá del tecnicismo legal, está en juego la esencia misma del sistema democrático: el derecho de toda persona, sin importar su nacionalidad, a saber, de qué se le acusa, a defenderse, ya no ser enviado a una cárcel lejana bajo sospechas no comprobadas. Si no se revierte este procedimiento, quedará en evidencia que, una vez más, los criminales nazis fueron mejor tratados.
