En un giro sorprendente de eventos, más del 70% de los venezolanos piden a EE.UU. que se levanten las sanciones impuestas a su país, según un reciente estudio de la encuestadora Consultores 21. Esta solicitud, que trasciende las divisiones políticas, se produce en un contexto donde las sanciones, que llevan casi dos décadas y se intensificaron en 2015, no han logrado su objetivo principal: la salida del presidente Nicolás Maduro. La Oficina de Servicios de Investigación del Congreso de Estados Unidos, en un informe revelador, admite que estas medidas no solo fracasaron en desplazar a Maduro, sino que también contribuyeron a una crisis económica sin precedentes en Venezuela.
Ana María Rodríguez Brazón, corresponsal de EL TIEMPO en Caracas y experta en relaciones internacionales, resalta que esta crisis económica ha sido devastadora. Desde 2015, 7,7 millones de venezolanos han huido del país, una diáspora que refleja la desesperación y la difícil realidad que enfrenta la nación. Las sanciones, particularmente las dirigidas a la industria petrolera, han asfixiado la principal fuente de ingresos de Venezuela. Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la estatal petrolera, ha sufrido el impacto más significativo de estas medidas, obligando al gobierno a vender su petróleo a precios rebajados.
Venezolanos piden a EE.UU. que se levanten las sanciones
El presidente Maduro, en su informe de gestión de este año, denunció que, debido a las sanciones, calificadas por él como “unilaterales y coercitivas”, Pdvsa dejó de producir casi 4 mil millones de barriles de petróleo, lo que representó una pérdida monumental de 323 mil millones de dólares. Esta situación ha tenido un efecto dominó en la economía y la sociedad venezolana, afectando directamente a los ciudadanos que sufren las consecuencias de una inflación desbordada y la escasez de productos básicos.
José Grasso, reconocido especialista en economía y finanzas, expresó a EL TIEMPO su posición contraria a las sanciones, calificándolas de injustas y dañinas para todos los venezolanos. «Nos han hecho mucho daño a todos los que vivimos, trabajamos y creemos en el país», afirmó Grasso. Esta opinión es compartida por Adán Celis, presidente de Fedecámaras, el principal gremial empresarial del país. Celis enfatizó la necesidad de conciencia sobre el fracaso del modelo sancionador, argumentando que el empobrecimiento de un país complica más las transformaciones sociales y económicas. Esta convergencia entre gente de pie, empresarios y economistas concluyen que los venezolanos piden a EE.UU. que se levanten las sanciones con razones bien argumentadas.
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Sin oro, ni petróleo o gas
Recientemente, Estados Unidos revocó una licencia otorgada a Minerven, la empresa estatal de oro venezolana, en respuesta a la no habilitación de María Corina Machado para postularse a las elecciones presidenciales de este año. Esta decisión se suma a la no renovación de la Licencia General 44, que proporcionaba alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela, la cual expira este 18 de abril de 2024. Estas medidas, que suman unas 923 sanciones impuestas, según el Observatorio Antibloqueo, han intensificado la presión sobre un país ya en crisis.
El alivio de sanciones otorgado en octubre pasado por la administración del presidente estadounidense Joe Biden, aunque breve, mostró una mejoría económica en Venezuela. La inflación se ubicó alrededor del 3%, un indicador prometedor comparado con los años anteriores. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de insistir en que el alivio de sanciones está supeditado al cumplimiento del acuerdo de Barbados firmado entre el Gobierno y la oposición, plantea un panorama incierto para el futuro económico y político de Venezuela. Los venezolanos piden a EE.UU. que se levanten las sanciones, porque son ellos y no Maduro ni María Corina Machado los que sufren por estas decisiones. El país cree que la casta política debe buscar caminos distintos para dirimir los problemas sin destruir la calidad de vida de la población.
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Estados Unidos sabe del equívoco
El informe del Congreso también señaló gestos conciliatorios por parte del gobierno de Maduro, como la liberación de 20 presos políticos y 10 estadounidenses encarcelados, además de Leonard Francis, un fugitivo americano, a cambio de Álex Saab. Estos hechos, parte de los acuerdos de Barbados, muestran una voluntad de diálogo que podría ser crucial para el futuro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.
En este complejo escenario, la solicitud de 70% de los venezolanos piden a EE.UU. que se levanten las sanciones resuena con un mensaje claro: las medidas impuestas no solo han fracasado en cambiar el régimen político de Venezuela, sino que también han exacerbado la crisis humanitaria y económica del país. La esperanza de un cambio positivo y la reconstrucción de una nación desgarrada por la política y la economía depende, en gran medida, de un replanteamiento de la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela. La decisión de levantar o mantener estas sanciones no solo definirá el futuro político y económico de Venezuela, sino que también será un testamento de la capacidad de la política exterior estadounidense para adaptarse y responder a las realidades cambiantes de la geopolítica global.
