La decisión de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos abrió una ventana concreta para facilitar operaciones financieras en Venezuela, en un momento de fragilidad monetaria y dependencia del dólar. Las Licencias Generales 56 y 57, publicadas el 14 de abril, buscan facilitar operaciones financieras en Venezuela mediante autorizaciones para servicios bancarios y negociaciones comerciales contingentes. En términos prácticos, la medida intenta facilitar operaciones financieras en Venezuela sin desmontar el armazón central de sanciones que Washington mantiene vigente sobre el Estado venezolano desde 2019.
El contexto base de este reportaje parte de una nota firmada por Ángel Castillo para la Prensa del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, publicada en el portal oficial de la Presidencia de Venezuela bajo un encabezado centrado en las nuevas licencias de OFAC. Ese material institucional presentó la medida como un avance regulatorio para la banca pública venezolana. La documentación oficial de OFAC confirma esa emisión y precisa su alcance legal, mientras la cobertura de Reuters añadió lectura financiera internacional y consecuencias operativas para corresponsales, empresas y usuarios del sistema bancario venezolano.
OFAC abre una rendija para facilitar operaciones financieras en Venezuela
La arquitectura de la licencia 57 es la pieza más sensible. OFAC autorizó transacciones de servicios financieros con el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, además de entidades donde esos actores tengan participación mayoritaria. La nota técnica de la licencia enumera actividades que van desde apertura y cierre de cuentas hasta transferencias, remesas, pagos digitales, tarjetas, cajeros automáticos y billeteras electrónicas. Para un país con prolongada escasez de banca corresponsal, esa lista significa facilitar operaciones financieras en Venezuela sobre canales que antes operaban con fricciones, costos y filtros extraordinarios.
La licencia 56, en cambio, no autoriza negocios cerrados ni desembolsos irrestrictos. Permite negociar contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela, siempre sujetos a autorización posterior de OFAC para su entrada en vigor y ejecución. El detalle no es menor: Washington abre una compuerta para conversaciones comerciales, pero mantiene el candado sobre la materialización de acuerdos. Además, el texto excluye transacciones con personas o entidades sancionadas, operaciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y arreglos denominados en activos digitales emitidos por el Gobierno venezolano, incluido el petro. La apertura, por tanto, es selectiva, vigilada y reversible.
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Licencias 56 y 57: cómo facilitar operaciones financieras con controles y límites
El movimiento llega sobre una economía que carga cicatrices profundas. Según el Banco Mundial, el PIB corriente de Venezuela alcanzó 119,8 mil millones de dólares en 2024 y el crecimiento anual fue de 5,3%, mientras el FMI proyecta para 2026 una expansión real de 4,0%, pero con una inflación todavía extraordinaria de 387,4%. En paralelo, el mismo organismo ubicó la inflación venezolana de 2025 en niveles superiores a 600%. En ese tablero, facilitar operaciones financieras en Venezuela no equivale a normalizar la economía, pero sí puede reducir cuellos de botella para pagos, remesas, nóminas, comercio exterior y manejo bancario cotidiano en dólares.
La migración explica parte del peso de esta medida. El Banco Mundial reportó que las remesas hacia países de ingreso bajo y mediano crecerían 5,8% en 2024, y Venezuela sigue atada a esos flujos como red de supervivencia familiar. La plataforma R4V y ACNUR estiman que 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos estaban en América Latina y el Caribe a finales de 2025, dentro de un éxodo global cercano a 7,9 millones. Cuando OFAC habilita servicios sobre transferencias, pagos móviles y billeteras digitales, la repercusión potencial no se limita a balances bancarios: toca hogares que dependen de envíos frecuentes, comisiones bajas y trazabilidad mínima.
Remesas, banca digital y pagos en dólares: el alivio que millones esperan
Sin embargo, la licencia 57 trae una advertencia explícita que desmonta cualquier lectura triunfalista. OFAC aclara que nada de lo autorizado exime del cumplimiento de otras leyes estadounidenses, incluidas las reglas contra lavado de dinero y financiamiento ilícito contempladas en el Bank Secrecy Act y el USA PATRIOT Act. La propia nota 2 permite a instituciones financieras estadounidenses apoyarse en la información del originador o beneficiario, pero solo si no tienen motivos para sospechar incumplimientos. Es decir, facilitar operaciones financieras en Venezuela dependerá menos del titular político que de la disposición real de bancos corresponsales, oficiales de cumplimiento y proveedores tecnológicos a asumir riesgo reputacional.
La lectura geopolítica tampoco puede separarse del giro regulatorio. Reuters informó que la administración de Donald Trump presentó las nuevas licencias como parte de un esfuerzo por estabilizar la economía venezolana y abrir espacio a inversión estadounidense, mientras el portal de OFAC las inscribió dentro de una secuencia de flexibilizaciones sectoriales emitidas en 2026 para petróleo, gas y minerales. Ese encadenamiento sugiere una estrategia de recalibración: no desmontar el régimen sancionatorio, sino modularlo para influir sobre flujos energéticos, pagos internacionales y eventuales contratos comerciales sin entregar control pleno sobre las palancas financieras.
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El riesgo no desaparece: bancos y corresponsales aún miden el costo de operar
Para la banca pública venezolana, el efecto inmediato será medido por la recuperación de relaciones de corresponsalía, la velocidad de compensación y la aceptación de instrumentos de pago hoy sometidos a revisión reforzada. Expertos en cumplimiento suelen advertir que una licencia general reduce prohibiciones, pero no obliga a ninguna entidad privada a operar.
Ese matiz es decisivo. En otras palabras, facilitar operaciones financieras en Venezuela solo será visible para empresas y ciudadanos si los bancos en Estados Unidos aceptan procesar remesas, ACH, transferencias y tarjetas con menor temor a sanciones secundarias, rechazos automáticos o cierres preventivos de cuentas relacionadas con el país.
Washington flexibiliza, pero no cede el control sobre la arquitectura sancionatoria.
La noticia, en suma, no representa el fin de las sanciones ni una rehabilitación integral del sistema financiero venezolano. Representa algo más técnico y más trascendente: el reconocimiento de que el aislamiento absoluto encarece pagos esenciales, distorsiona remesas y amplía la informalidad.
Las licencias 56 y 57 crean una ruta legal para mover dinero, negociar contratos futuros y reconectar parcialmente a instituciones públicas con circuitos bancarios estadounidenses. Falta ver si esa ruta se traduce en confianza operativa, mayor liquidez y menos fricción para usuarios reales. La pregunta crítica ya no es si hubo alivio regulatorio, sino cuánta normalidad concreta puede producir.
