La reciente adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur) en la Cumbre de Río de Janeiro, tras una espera de ocho años, representa un hito en la historia política y económica del país andino. Este logro, no obstante, viene acompañado de desafíos significativos, principalmente en cuanto a la adaptación al universo normativo del bloque y la rendición de cuentas respecto a la aplicación de la cláusula democrática. Esta situación anuncia una nueva era de luchas internas y desafíos diplomáticos para Bolivia, que ahora debe demostrar su compromiso con los principios democráticos para consolidar su posición en el bloque.
En el corazón de este debate se encuentra la cuestión de los presuntos presos políticos en Bolivia. La oposición boliviana, liderada por figuras como Sergio Moro, ha estado activamente preparando documentación para presentar a una delegación de senadores brasileños, que se espera llegue a La Paz en seis meses para verificar la situación de los perseguidos políticos. Esta visita es crítica, ya que Brasil, siendo el último miembro en ratificar la adhesión de Bolivia, juega un papel decisivo en la legitimidad de su incorporación al Mercosur.

Al menos 200 presos políticos en Bolivia
La oposición sostiene que en Bolivia hay aproximadamente 200 presos políticos, incluyendo a figuras destacadas como la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador opositor de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Estas acusaciones han sido respaldadas con documentación y denuncias ante organismos internacionales. Sin embargo, el gobierno boliviano, representado por figuras como el ministro de Justicia Iván Lima, niega categóricamente la existencia de presos políticos, desafiando a la oposición a probar sus afirmaciones.
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La situación de Áñez, quien fue condenada a 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la Constitución, y de Camacho, preso y gobernando desde la cárcel, son ejemplos destacados de lo que la oposición considera una persecución política. Estos casos son emblemáticos de las tensiones políticas que han asolado a Bolivia desde la renuncia del presidente Evo Morales en 2019, en medio de un estallido social y acusaciones de un intento de cuarto mandato ilegítimo.
Expectativas y preocupaciones
Paralelamente, en el ámbito económico, la incorporación de Bolivia al Mercosur genera tanto expectativas como preocupaciones. Entre los empresarios bolivianos, hay un escepticismo palpable, dadas las asimetrías económicas frente a gigantes como Brasil y Argentina. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, expresa su preocupación, señalando que Bolivia ya enfrenta un déficit comercial acumulado significativo con los países del Mercosur. Además, la adhesión impone obligaciones adicionales, como la prohibición de negociar bilateralmente con otros países, lo que podría limitar las opciones comerciales de Bolivia.

En contraste, el gobierno de Luis Arce ve la adhesión como una oportunidad dorada. Más del 50% del comercio exterior de Bolivia se realiza con países del Mercosur, y su posición geográfica es estratégica, compartiendo fronteras y una significativa población migrante con Brasil, Argentina y Paraguay. Además, Bolivia podría actuar como un enlace entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur, potenciando su influencia en la región.
Hacia la adhesión plena
El camino hacia la adhesión plena de Bolivia al Mercosur está sembrado de desafíos políticos y económicos. La cuestión de los presos políticos no solo es un tema de derechos humanos y justicia interna, sino que también se ha convertido en un asunto de relevancia diplomática y comercial. La manera en que Bolivia maneje esta delicada situación determinará no solo su relación con los países miembros del Mercosur, sino también su posición en el escenario político y económico regional. La historia está en un punto de inflexión, y el mundo observa atentamente cómo Bolivia navega por estas aguas turbulentas.
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Mientras Bolivia se esfuerza por consolidar su posición en el Mercosur, varios expertos han expresado sus opiniones sobre las implicancias y desafíos de esta adhesión. Clara Méndez, politóloga y experta en relaciones internacionales, comenta: «La adhesión de Bolivia al Mercosur es más que un mero trámite diplomático; es un reflejo de las dinámicas políticas internas y externas del país. Por un lado, Bolivia busca fortalecer su presencia en el escenario regional, pero por otro, enfrenta el desafío de alinear sus políticas internas con los estándares democráticos y de derechos humanos exigidos por el bloque. La situación de los presos políticos es una prueba de fuego para la credibilidad de Bolivia a nivel internacional».
Por otro lado, en el ámbito económico, la adhesión de Bolivia al Mercosur también ha generado discusión. Ricardo Gómez, economista y profesor en la Universidad de La Paz, señala: «La adhesión al Mercosur puede ser una espada de doble filo para Bolivia. Si bien abre puertas a un mercado más amplio, también expone al país a una competencia más intensa. Además, las obligaciones adicionales impuestas, como la adopción de normas arancelarias del Mercosur, podrían ser un reto considerable para la economía boliviana. Bolivia debe ser estratégica en cómo aprovechar esta oportunidad, buscando maximizar los beneficios mientras minimiza los riesgos económicos».

