El reciente atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el viernes en una carretera rural del departamento del Tolima, ha sacudido el escenario político colombiano y reavivado temores sobre el retorno de la violencia política que marcó al país durante décadas. Aunque el dirigente del Centro Democrático salió ileso gracias al blindaje del vehículo en el que se transportaba, dos miembros de su equipo de seguridad resultaron heridos.
La noticia fue confirmada por el propio Uribe a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), donde declaró: “Dios y la protección de nuestros hombres evitaron una tragedia. Pero esto no puede normalizarse. No podemos volver a los tiempos del miedo.”
Un atentado que recuerda los años más oscuros
El ataque contra Miguel Uribe Turbay tiene reminiscencias directas de los años 80 y 90, cuando figuras como Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo fueron asesinadas en medio de una espiral de violencia electoral.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en lo que va de 2025 se han registrado más de 20 ataques armados contra líderes políticos o sociales en Colombia, con un repunte notable en zonas rurales donde operan grupos disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales herederas del paramilitarismo.
La BBC News ha seguido de cerca la evolución de la violencia política en Colombia y, en informes recientes, ha advertido sobre el recrudecimiento de ataques selectivos en el contexto preelectoral. Especialistas en seguridad señalan que el atentado contra Uribe podría formar parte de una estrategia de intimidación destinada a desestabilizar el proceso democrático.
Reacciones oficiales: Estado en alerta máxima
El presidente Gustavo Petro condenó el atentado mediante un comunicado emitido por la Casa de Nariño: “En una democracia no puede haber espacio para las balas contra la palabra. Toda violencia contra candidatos será perseguida con el peso de la ley.” Además, anunció el refuerzo inmediato del esquema de seguridad de todos los candidatos presidenciales.
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Por su parte, el Ministro de Defensa Iván Velásquez afirmó que el ataque “parece haber sido planeado con inteligencia previa”, señalando la posible participación de grupos armados ilegales. El Fiscal General Francisco Barbosa, en rueda de prensa, indicó que ya se inició una investigación con apoyo de expertos en balística y ciberinteligencia.
Analistas alertan sobre fragilidad institucional en zonas rurales
Para Ariel Ávila, senador y analista político del Instituto Paz y Reconciliación (PARES), el ataque refleja un patrón alarmante de descomposición institucional en regiones como el Tolima:
“Los territorios están dominados en muchos casos por actores armados que controlan rutas, extorsionan y también presionan elecciones. La democracia no está garantizada fuera de Bogotá”, señaló Ávila a BBC Mundo.
Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), al menos 130 municipios en Colombia presentan condiciones de riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales. “Uribe Turbay es el caso visible. Pero hay decenas de candidatos locales amenazados que no tienen la misma visibilidad”, apuntó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
