Por Orangel Gil 
Claudio Fermín condenó la agresión imperialista para apoderarse del petróleo venezolano.
Incursión militar de EE.UU., ejecutada en Venezuela el 3 de enero de 2026 volvió al centro del debate después de que el dirigente opositor Claudio Fermín cuestionara la versión del presidente Donald Trump sobre aquellos acontecimientos. El presidente de Soluciones para Venezuela sostuvo que la incursión fue un “asalto ilegal” y un “abuso de la superioridad militar” estadounidense, cuyo propósito, según su interpretación, consistió en apoderarse del petróleo venezolano.
Fermín difundió sus declaraciones en X y el diario El Universal las reseñó el 10 de noviembre. El dirigente opositor rechazó que Trump describa lo ocurrido como una guerra ganada por Washington. Afirmó que Venezuela no había declarado la guerra ni atacado a Estados Unidos, y señaló que el Congreso estadounidense no aprobó una guerra contra el país suramericano.
Incursión militar de EE.UU.: una operación que cambió el escenario venezolano
En la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses actuaron en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, trasladados a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales. La administración Trump presentó la acción como una operación para detener a personas acusadas de delitos y anunció que Washington dirigiría Venezuela durante una transición.
En su comparecencia del mismo día, Trump describió el despliegue como una demostración del poder militar estadounidense. También afirmó que grandes compañías petroleras de su país participarían en la recuperación de la infraestructura energética venezolana y que Estados Unidos tendría presencia vinculada al sector. Sostuvo que la industria había sido construida con capacidades estadounidenses y que sus activos habían sido expropiados.
Esas declaraciones ayudan a explicar por qué el petróleo ocupa un lugar central en el cuestionamiento del dirigente opositor Fermín. Sin embargo, el anuncio de participación de empresas estadounidenses no demuestra por sí solo que la finalidad exclusiva de la operación fuera apropiarse de las reservas venezolanas. Esa conclusión corresponde a la interpretación política expresada por el dirigente.
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El debate sobre el derecho internacional: incursión militar de EE.UU.
La legalidad de la intervención también fue cuestionada en Naciones Unidas. El 5 de enero, el secretario general António Guterres, por medio de la subsecretaria general Rosemary DiCarlo, expresó preocupación porque las normas del derecho internacional no hubieran sido respetadas en relación con la acción militar.
El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU establece que los Estados deben abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. El marco contempla excepciones, entre ellas la legítima defensa ante un ataque armado y las medidas autorizadas por el Consejo de Seguridad. Evaluar una operación concreta exige examinar sus fundamentos, objetivos y circunstancias.
La presidencia de la Asamblea General recordó el 3 de enero que la Carta no es opcional y que la prohibición del uso de la fuerza constituye una regla esencial del orden internacional. Estas advertencias no equivalen a una sentencia judicial, pero evidencian inquietudes institucionales sobre el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados.
El petróleo y la administración de los ingresos
El componente energético adquirió una dimensión concreta después de la operación. El 12 de noviembre, Reuters informó que un reporte de KPMG divulgado por el Departamento de Estado estadounidense registró más de 12.000 millones de dólares en ingresos venezolanos por recursos naturales durante los primeros nueve meses de 2026.
Según el documento, los compradores depositaron los ingresos en una cuenta administrada por Estados Unidos. Es de interés saber que los fondos fueron liberados para usos públicos, gubernamentales o diplomáticos mediante un mecanismo acordado con las autoridades interinas venezolanas. Más de 12.100 millones procedieron del petróleo, productos petroleros y gas natural. Sin embargo, el reporte indicó que casi el 99 % de los depósitos había sido desembolsado al cierre del período.
Washington presenta el mecanismo como una forma de custodiar los ingresos y facilitar su retorno a Venezuela. Sin embargo, la gestión desde una cuenta bajo control estadounidense plantea preguntas sobre la autonomía financiera, los criterios para autorizar desembolsos, la transparencia de los beneficiarios y la supervisión institucional. La existencia de controles externos no demuestra automáticamente un despojo, pero evidencia capacidad de decisión sobre recursos venezolanos.
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Soberanía, transición y rendición de cuentas
La crítica del dirigente opositor Fermín forma parte de una discusión más amplia sobre la soberanía después de la incursión militar de EE.UU., aquí cambio el escenario político. Sostiene que la presión militar y la reorganización petrolera no pueden separarse de los intereses estratégicos estadounidenses. La Casa Blanca ha defendido su actuación con argumentos judiciales, de seguridad y recuperación económica. Ambas posiciones deben examinarse mediante documentos y resultados comprobables.
La captura de Maduro, la conducción interina del país y el manejo de los ingresos petroleros plantean interrogantes sobre quién toma las decisiones, bajo qué autoridad y con qué controles. También exigen distinguir entre la responsabilidad penal que pueda establecer un tribunal, la legitimidad política de las autoridades y las obligaciones internacionales de los Estados.
El petróleo constituye una fuente central de ingresos públicos y su administración influye en la disponibilidad de divisas, los servicios y la capacidad estatal para financiar políticas sociales. Los acuerdos sobre producción, comercialización o custodia requieren información pública y rendición de cuentas.
La controversia no puede resolverse solo mediante declaraciones de dirigentes o comunicados oficiales. Se necesitan investigaciones independientes sobre los ataques, transparencia en los acuerdos energéticos y garantías para que los recursos se administren en beneficio de la población. La legalidad de la intervención debe analizarse con base en la Carta de la ONU y las evidencias disponibles, sin convertir posiciones políticas en conclusiones judiciales.
Una discusión que sigue abierta
La denuncia del dirigente opositor Claudio Fermín plantea una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar una potencia extranjera en nombre de la seguridad, la justicia o una transición política sin vulnerar la soberanía de otro Estado? La respuesta depende de hechos verificables y del cumplimiento de las normas internacionales, no únicamente de la capacidad militar de quien interviene. En este sentido, la discusión trasciende a Fermín y a Washington: ¿qué garantías deben existir para que la riqueza energética venezolana sea gestionada con transparencia, bajo autoridad legítima y en beneficio de sus ciudadanos?
Moraima Manjarrez Garmendia 
Francisco Yuli