Un programa migratorio que promete residencia estadounidense a cambio de una inversión millonaria ha encendido las alarmas entre juristas y organismos internacionales. Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalan que esta iniciativa, aún sin reglamentación clara, fue diseñado para facilitar la inmigración de los súper ricos del planeta sin los filtros tradicionales. Sin embargo, abogados especializados en derecho migratorio advierten que el plan carece de base legal sólida y podría estar diseñado para facilitar la inmigración de élites extranjeras bajo un riesgo fiscal y penal significativo. La propia exabogada de la primera dama, según documentos filtrados, ha instado a posibles solicitantes a mantenerse alejados, insistiendo en que el esquema fue diseñado para facilitar la inmigración sin controles antilavado básicos.
La nueva iniciativa, en cambio, no contempla auditorías obligatorias
Meryl Kornfield, periodista de investigación senior para The Washington Post, especializada en política migratoria y corrupción gubernamental. Este reportaje se basa en su pieza original titulada “The risky gold visa of Trump’s administration”. La propuesta, denominada extraoficialmente como “visa dorada”, permitiría a extranjeros adinerados obtener la residencia permanente invirtiendo cinco millones de dólares en proyectos inmobiliarios o fondos designados por el presidente. A primera vista, el mecanismo recuerda a las visados EB-5 tradicionales, pero con una diferencia brutal: elimina los requisitos de creación de empleo y reduce la supervisión del origen de los fondos.
El Sindicato de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA) emitió un comunicado la semana pasada calificando la propuesta de «jurídicamente frágil y potencialmente nula de pleno derecho». Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el programa EB-5 actual exige una inversión de 1.8 millones de dólares y la generación de al menos diez puestos de trabajo, con una tasa de rechazo del 18% por inconsistencias financieras. La nueva iniciativa, en cambio, no contempla auditorías obligatorias.
Diseñado para facilitar la inmigración: Este programa es un espejismo legal
Expertos en derecho constitucional consultados por este medio coinciden en que el presidente no puede crear unilateralmente una nueva categoría migratoria sin aprobación del Congreso. «La ley de inmigración y nacionalidad es clara: las clasificaciones de visados requieren estatuto legislativo», explica la catedrática de la Universidad de Georgetown, Elena M. Rodríguez, quien ha asesorado a tres administraciones previas.
«Este programa es un espejismo legal que expone a los inversores a una revocación masiva en cualquier momento». Por si fuera poco, el Tesoro de Estados Unidos ha expresado reservas operativas: el departamento señala que el 64% de las solicitudes de visados de inversión en países con esquemas similares provienen de jurisdicciones con altos índices de corrupción o paraísos fiscales, según un informe filtrado de la Red de Ejecución Financiera (FinCEN).
El presidente no tiene autoridad para otorgar inmunidad
La exabogada de la primera dama, Stephanie Winston Wolkoff, conocida por su ruptura pública con el entorno Trump, ha sido particularmente vocal en contra del programa. En una carta enviada a varios bufetes internacionales a la que tuvo acceso este diario, Wolkoff advierte: «Cualquier persona que participe en este esquema enfrentará escrutinio penal por evasión fiscal y lavado de dinero. El presidente no tiene autoridad para otorgar inmunidad». Aunque la misiva no detalla pruebas concretas, su autora trabajó estrechamente en la planificación de eventos oficiales durante los primeros años de la administración y asegura haber presenciado conversaciones sobre el uso de visados como moneda de cambio para donantes de campaña. La Casa Blanca, por su parte, niega cualquier irregularidad y afirma que el programa diseñado para facilitar la inmigración «atraerá capital e inteligencia extranjera».
Desde una perspectiva geopolítica, la “visa dorada” estadounidense imita modelos ya aplicados por naciones como Portugal, España o Malta, cuyos resultados han sido mixtos. Según el Observatorio Europeo de Migración, más del 40% de las inversiones bajo estos esquemas se concentran en la compra de propiedades de lujo, inflando burbujas inmobiliarias sin generar empleo sostenible. Portugal, por ejemplo, tuvo que endurecer sus reglas en 2022 tras descubrir que el 76% de las visas doradas se concedían a ciudadanos rusos, chinos y brasileños con fondos de origen dudoso. La Unión Europea ha presionado para eliminar por completo estos programas, considerándolos una puerta trasera al blanqueo. Sin embargo, la propuesta de Trump elimina incluso las mínimas salvaguardas europeas, como la residencia física obligatoria o la demostración de vínculos económicos lícitos.
Una cortina de humo para distraer de otros escándalos
El impacto reputacional para Estados Unidos podría ser devastador. Organismos como Transparencia Internacional ya han señalado que la mera existencia de un visado tan permisivo socava décadas de lucha contra el flujo de capitales ilícitos. Cabe destacar que este programa, diseñado para facilitar la inmigración, «Es una invitación abierta a oligarcas, narcotraficantes y dictadores para que compren un pasaporte estadounidense», declaró en rueda de prensa la directora para América del Norte, Sarah Chayes.
Aunque la administración sostiene que los solicitantes serán sometidos a controles de seguridad, ningún documento oficial detalla cómo se financiarán esas verificaciones ni qué umbral de riesgo se aplicará. La exsubdirectora de la CIA, Carmen Medina, advirtió en su cuenta de X que «rincones enteros del sistema financiero neoyorquino podrían transformarse en lavadoras sin escrúpulos si este programa sigue adelante».
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Los números son escalofriantes
Los números son escalofriantes. Un estudio interno del Departamento de Seguridad Nacional, no publicado, estima que al menos 15.000 personas en todo el mundo estarían dispuestas a pagar los cinco millones de dólares en los primeros seis meses. Eso supondría una inyección inmediata de 75 mil millones de dólares, pero también la entrada de un número masivo de individuos sin trazabilidad fiscal. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha solicitado una moratoria de al menos dos años para estudiar el impacto, pero el presidente ha presionado para lanzar el programa antes de las elecciones intermedias.
«Es una cortina de humo para distraer de otros escándalos», opina el analista político de Brookings Institution, Thomas B. Edsall. Mientras tanto, los principales bufetes de Wall Street ya están ofreciendo servicios de asesoría para “optimizar” las solicitudes, aunque en privado reconocen la fragilidad jurídica. Un socio de una firma neoyorquina, que pidió anonimato, confesó: «Les decimos a los clientes que no vendan sus activos en sus países de origen todavía. Esto podría caerse en cualquier momento».
La “visa dorada” de Trump: diseñado para facilitar la inmigración
La “visa dorada” de Trump no es solo una ocurrencia más; es un síntoma de cómo la política migratoria puede convertirse en un mercado de privilegios al margen de la ley. Mientras el Congreso no legisla y los tribunales no se pronuncian, los cazafortunas globales tienen razón para sentir optimismo. Pero para cualquier inversor con un mínimo de asesoría legal seria, el riesgo supera con creces el beneficio. Al final, como escribió la propia Wolkoff en su misiva: «Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, suele venir con una celda en una prisión federal».
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