El reciente debate sobre la posibilidad de despojar a Gaza de su soberanía ha cobrado fuerza con la propuesta del expresidente Donald Trump, quien sugirió transformar el enclave palestino en un destino turístico próspero, eliminando la presencia de su población actual. Aunque esta idea ha sido calificada de extrema y prácticamente inviable por la comunidad internacional, algunos analistas han explorado los mecanismos legales que podrían hacerla posible. La discusión gira en torno al sistema de administración fiduciaria de la ONU, un instrumento que, aunque en desuso desde 1994, sigue presente en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, los límites del derecho internacional y la complejidad geopolítica de la región plantean serias dudas sobre la viabilidad de esta iniciativa.
El presente análisis se basa en el artículo: “Trump tiene razón sobre la Franja de Gaza, pero los detalles importan”, escrito por Vladislav Inozemtsev, doctor en economía y cofundador del Centro de Análisis y Estrategias en Europa, publicado en The Hill. Inozemtsev argumenta que, pese a las controversias, la administración Trump podría encontrar un marco legal para colocar a Gaza bajo un mandato internacional, reviviendo el Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU. Este planteamiento se basa en la condición de Palestina como entidad no miembro de la ONU, lo que permitiría la aplicación de los capítulos XII y XIII de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, los desafíos políticos, diplomáticos y éticos de tal acción ponen en entredicho su factibilidad.
Despojar a Gaza de su soberanía
La idea de despojar a Gaza de su soberanía ha sido justificada por sus defensores como una respuesta a la crisis humanitaria y la constante amenaza que, según Israel y sus aliados, representa a Hamás para la estabilidad regional. Sin embargo, este argumento es problemático en múltiples niveles. En primer lugar, el derecho internacional establece que la autodeterminación es un principio fundamental para los pueblos, lo que hace que la eliminación de la soberanía de Gaza choque directamente con la normativa de la ONU. Además, la ocupación israelí en Cisjordania y los constantes enfrentamientos en la Franja han reforzado la identidad nacional palestina, lo que sería extremadamente difícil imponer un régimen internacional sin una fuerte resistencia.
A nivel jurídico, la propuesta de Trump se basa en una interpretación específica del sistema de administración fiduciaria. Según Inozemtsev, la Carta de la ONU permite la reactivación del Consejo de Administración Fiduciaria en territorios que no sean miembros de la organización. Palestina, aunque ha sido reconocida como Estado observador desde 2012, no es un Estado miembro, lo que abriría la puerta a que la Asamblea General impulse este mecanismo. Pero la aplicación de esta estrategia enfrenta serios obstáculos, especialmente en el Consejo de Seguridad, donde actores clave como Rusia y China podrían ver esta medida como un precedente peligroso para otros conflictos territoriales.
Sin nación que los reciba
Si bien algunos sectores en Israel apoyan la idea de despojar a Gaza de su soberanía, la realidad es que no existe consenso internacional sobre la solución al conflicto. Egipto y Jordania han manifestado su negativa a recibir refugiados palestinos, lo que descarta la posibilidad de una reubicación masiva. Por otro lado, la administración Biden ha evitado respaldar abiertamente el plan de Trump, consciente de que una medida de este tipo generaría una crisis diplomática de gran magnitud. A esto se suma la oposición de los países árabes y de organizaciones humanitarias que defienden el derecho de los palestinos a gobernarse a sí mismos.
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Uno de los mayores dilemas en este escenario es la viabilidad práctica de un mandato internacional en Gaza. La experiencia histórica demuestra que las administraciones fiduciarias requieren el respaldo de fuerzas de mantenimiento de la paz y de una estructura de gobernanza estable, elementos que actualmente son inexistentes en la región. La ONU carece de la capacidad operativa para asumir el control del territorio sin la cooperación de las potencias regionales, lo que hace que la idea de despojar a Gaza de su soberanía sea más una estrategia teórica que una propuesta ejecutable en el corto plazo.
Violencia sobre más violencia
Desde una perspectiva política, despojar a Gaza de su soberanía con la imposición de un régimen internacional sin el consentimiento de sus habitantes podría desencadenar una escalada de violencia aún mayor. La comunidad palestina ha resistido durante décadas la ocupación y la colonización, y difícilmente aceptaría un gobierno impuesto por actores externos. Además, la fragmentación política entre la Autoridad Palestina y Hamás complica cualquier intento de establecer un liderazgo alternativo. La injerencia extranjera en Gaza ha demostrado históricamente ser un detonante de conflictos, lo que sugiere que la reactivación del sistema de administración fiduciaria podría generar más inestabilidad en lugar de resolver la crisis.
El derecho internacional, aunque flexible en ciertos aspectos, tiene límites claros cuando se trata de la soberanía de los pueblos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que las naciones tienen el derecho inalienable a determinar su propio destino, lo que hace que la propuesta de Trump choque con principios fundamentales de la ONU. Aunque algunos argumentan que la comunidad internacional debe intervenir en casos donde los gobiernos fallan en garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos, la imposición de un mandato sin legitimidad local podría debilitar la credibilidad de la ONU y sentar un peligroso precedente para otros conflictos globales.
Una idea con pies, pero sin cabeza
En este contexto, la posibilidad de que la ONU respalde la eliminación de la soberanía de Gaza sigue siendo remota. La organización ha defendido históricamente la solución de dos Estados como la única vía legítima para alcanzar la paz en la región, y un cambio en esta postura requeriría una transformación radical del equilibrio de poder dentro de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Además, la comunidad internacional enfrenta desafíos urgentes en otros frentes, lo que reduce la probabilidad de que un plan tan polémico reciba el apoyo necesario para ser implementado.
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Finalmente, aunque la propuesta de Trump ha generado un intenso debate, la realidad política y jurídica sugiere que despojar a Gaza de su soberanía es una opción poco factible en el marco del derecho internacional. Si bien el sistema de administración fiduciaria de la ONU ofrece un marco teórico para intervenir en territorios en crisis, su aplicación en la Franja de Gaza enfrenta enormes barreras diplomáticas, estratégicas y éticas. En última instancia, la solución al conflicto palestino-israelí no pasa por eliminar la soberanía de Gaza, sino por encontrar un modelo de gobernanza que garantice la seguridad y los derechos de todas las partes involucradas.
