En un mundo cada vez más vigilante sobre los derechos humanos, la denuncia de la ONG Un Mundo Sin Mordaza resuena con un eco particularmente fuerte. El pasado 11 de diciembre de 2023, en un evento que marcó un hito en la lucha por la justicia y la libertad, esta organización puso al descubierto ante la comunidad internacional, durante la 22° Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, un patrón de persecución política y tortura en Venezuela, perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro. Entre las víctimas de esta implacable persecución se encuentra Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate, cuya detención ha encendido alarmas a nivel global.
Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, articuló con detalle la sistemática estrategia del gobierno venezolano para sofocar cualquier forma de disidencia política. Esta estrategia, según Diamanti, se ha intensificado en el preámbulo de las próximas elecciones presidenciales. Los casos más alarmantes incluyen las órdenes de detención contra colaboradores cercanos a María Corina Machado, destacada líder de la oposición, y la arbitraria detención de Roberto Abdul. “El gobierno se enfoca en aquellos que, aunque cruciales, no desatarían una inmediata condena internacional si son detenidos”, explicó Diamanti, resaltando un patrón similar en los casos de Henrique Capriles Radonski y Juan Guaidó.
Roberto Abdul y la persecución política
Estas acciones han sido categorizadas por expertos como claros indicativos de crímenes de lesa humanidad. “No hay dudas de que se trata de una persecución política sistemática por parte del gobierno de Maduro para mantenerse en el poder”, afirmó el presidente de la ONG. La situación se agrava al considerar el inminente riesgo que enfrentan cientos, si no miles, de venezolanos como Roberto Abdul, a medida que se acercan las elecciones, con la posibilidad de ser víctimas de persecución, tortura y hasta asesinato.
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El evento, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, contó con el apoyo del Gobierno de Suecia y la organización de Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y Civil Rights Defenders. Fue una plataforma para que víctimas y defensores de derechos humanos compartieran sus experiencias y demandaran justicia. Entre ellos, José Gregorio Pernalete y Elvira Llovera de Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado en las manifestaciones de 2017, conmovieron al auditorio con su relato, exigiendo que estos crímenes sean prioridad en la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la situación Venezuela.
Testimonios en la sala
Asimismo, Olga González, esposa de Leonardo González, víctima de asesinato en 2017, narró la trágica persecución y muerte de su esposo, enfatizando que su testimonio no era solo por él, sino por todos aquellos asesinados en Venezuela por tener una ideología diferente. Su clamor por justicia resonó en el recinto, reforzando la necesidad de una acción internacional decisiva.
La importancia del evento se vio reforzada por la presencia de figuras clave como Jonathan Agar, asistente especial del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan; Joanna Frivet, miembro del Panel de Expertos Internacionales de la Organización de Estados Americanos; y Débora Ruiz, directora del Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte Penal Internacional. La presencia de estos actores subraya el nivel de seriedad y compromiso internacional con Venezuela y el caso de Roberto Abdul.
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Firmantes del Estatuto de Roma
El panel de expertos de la OEA, con Joanna Frivet a la cabeza, respaldó las denuncias presentadas, instando a los Estados miembros que ratificaron el Estatuto de Roma a exigir a Venezuela el cese de la persecución política y las violaciones a los derechos humanos. Esta exigencia cobra especial relevancia en un contexto donde la falta de procesos judiciales justos en Venezuela es evidente. El próximo informe del panel de expertos se espera arroje aún más luz sobre esta problemática y refuerce la solicitud de que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe.
En cada palabra de los participantes, en cada testimonio de las víctimas, se refleja un llamado unánime a la acción y la justicia. La detención de Roberto Abdul no es un caso aislado, sino un ejemplo de una tendencia preocupante que amenaza no solo la integridad de los individuos, sino el concepto mismo de democracia y derechos humanos. La comunidad internacional, ahora más informada que nunca gracias a eventos como este, tiene la responsabilidad de no solo escuchar, sino actuar. La historia de Venezuela, marcada por el dolor y la lucha, está en un punto de inflexión, y la respuesta del mundo será crucial en definir el curso de los acontecimientos futuros.Principio del formulario
