Cinco Direcciones del IMA de Julio Fuenmayor al parecer están irremediablemente corruptas

La trama de corrupción que envuelve al Instituto Municipal del Ambiente (IMA) de Valencia, bajo la administración del alcalde Julio Fuenmayor, ha dejado en evidencia un sistema profundamente arraigado de prácticas ilícitas. Los hallazgos recientes de la Fiscalía 87° Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público confirman que cinco direcciones clave del organismo—Visto Bueno Ambiental, Variable Ambiental, Certificación de Culminación de Obra, Tala y Poda, y Transporte y Almacenaje de Materiales no Peligrosos—han estado operando como engranajes fundamentales de una maquinaria corrupta que afecta tanto al ambiente como a las finanzas públicas. De acuerdo a testimonios de personas familiarizadas con el caso el IMA de Julio Fuenmayor es una máquina eficiente de hacer dinero inapropiadamente.

El reportaje original sobre este caso fue publicado por José Manuel Herrera, periodista especializado en temas judiciales, quien escribe para el portal estoyaldia. Con el título: “La Caja Negra del IMA: Corrupción, Dinero y Basura en Valencia”, Herrera presentó un análisis exhaustivo de las irregularidades que han puesto a esta institución en el ojo del huracán. Sus credenciales como investigador y sus años de experiencia en casos de corrupción le han permitido reunir una serie de evidencias que sostienen las acusaciones contra altos funcionarios del IMA y otros involucrados.

El IMA de Julio Fuenmayor “factura”

El caso del vertedero clandestino de El Paíto, ubicado en el municipio Valencia, es solo la punta del iceberg de esta compleja red de corrupción. Según los datos recabados, el sitio no era más que una “caja chica” utilizada para generar ingresos ilícitos destinados a engrosar las arcas de la Alcaldía y sus aliados. Esta operación se sostenía bajo la dirección de Santiago Dayan El Sadat Bruzco Espinoz, quien fungía como presidente del IMA y ahora se encuentra prófugo de la justicia. A él se le unen Rosa Verónica Alvarado Ascunes y Marcos Antonio Sánchez, quienes ocupan posiciones directivas y actualmente enfrentan cargos por disposición indebida de residuos, manejo inadecuado de sustancias peligrosas y malversación de fondos.

El caso del vertedero clandestino de El Paíto, ubicado en el municipio Valencia, es solo la punta del iceberg de esta compleja red de corrupción. Según los datos recabados, el sitio no era más que una “caja chica” utilizada para generar ingresos ilícitos destinados a engrosar las arcas de la Alcaldía y sus aliados. Ilustración MidJourney

El IMA de Julio Fuenmayor no solo aparece señalado por los delitos ambientales, sino también por haber convertido procedimientos administrativos como el Visto Bueno Ambiental en una fuente de ingresos ilegales. Este documento, esencial para el funcionamiento de comercios y actividades productivas, se ha transformado en un trámite engorroso que solo puede ser agilizado mediante pagos extraoficiales en dólares. Según la investigación, los empresarios del municipio Valencia han denunciado cómo este mecanismo se utiliza para extorsionar a quienes necesitan operar dentro del marco legal, incrementando aún más las sospechas sobre el destino de los fondos.

Escarbando en la basura

Otro de los pilares de la corrupción en el IMA de Julio Fuenmayor es la Variable Ambiental, cuya emisión es indispensable para iniciar cualquier obra que implique movimientos de tierra o alteraciones al entorno. Bajo el artículo 68 de la ordenanza local, esta autorización es un requisito obligatorio, pero en la práctica se ha convertido en una herramienta de chantaje. Las pruebas recabadas por la Fiscalía revelan que las direcciones responsables han implementado un sistema en el que las aprobaciones se retrasan intencionalmente, obligando a los interesados ​​a recurrir a pagos irregulares para evitar pérdidas económicas y cumplir con los plazos establecidos.

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La Certificación de Culminación de Obra, regulada por el artículo 70 de la misma ordenanza, completa este entramado delictivo. Este documento, que debería garantizar el cumplimiento de las variables ambientales estipuladas al inicio de los proyectos, se otorga únicamente a quienes acceden a pagar sumas exorbitantes de dinero por fuera de los canales oficiales. Este esquema ha resultado especialmente lucrativo para los involucrados, quienes han encontrado en la construcción y el desarrollo urbano una fuente constante de ingresos ilícitos.

Silencio ensordecedor

El silencio del alcalde Julio Fuenmayor sobre estas acusaciones ha generado aún más incertidumbre en la opinión pública. Aunque no ha emitido declaraciones directas al respecto, su cercanía con los acusados, especialmente con Santiago Bruzco, no ha pasado desapercibida. Investigadores del caso sugieren que la conexión entre las operaciones del IMA y la administración municipal podría alcanzar nuevas dimensiones a medida que avancen las pesquisas. Testimonios clave y rastreos financieros podrían implicar al propio Fuenmayor en esta red, lo que pondría en peligro no solo su gestión, sino también su reputación política.

Los testimonios de empresarios y comerciantes afectados coinciden en que el IMA de Julio Fuenmayor ha sido un obstáculo constante para el desarrollo económico local. Lejos de cumplir con su misión de proteger el ambiente y promover el desarrollo sostenible, la institución parece haberse desviado hacia la consolidación de un esquema de corrupción que afecta a los ciudadanos en todos los niveles. Desde el pago de coimas hasta la disposición de basura en lugares no autorizados, el impacto negativo de estas prácticas es evidente en el deterioro del ambiente y la creciente desconfianza hacia las autoridades.

La trama de corrupción del IMA de Julio Fuenmayor pone en evidencia una crisis institucional que no solo afecta a los niveles administrativos, sino que compromete la integridad de la gestión pública en Valencia. Ilustración MidJourney.

Todo en realidad en dinero

La dirección de Tala y Poda, otra de las señaladas, ha sido un ejemplo de cómo los permisos para intervenciones menores también son explotados con multas económicas. Vecinos de distintas comunidades han denunciado la demora en la atención de solicitudes legítimas y cómo, tras semanas de espera, finalmente logran respuesta únicamente si acceden a pagar tarifas adicionales que no están contempladas en la normativa oficial. Este patrón de comportamiento se repite en la Dirección de Transporte y Almacenaje de Materiales no Peligrosos, donde se han detectado irregularidades similares.

El alcance de esta investigación judicial no tiene precedentes en el municipio de Valencia. Con cientos de documentos y testimonios recopilados, la Fiscalía 87° Nacional está a un paso de cerrar el caso y presentar cargos formales contra los responsables. Sin embargo, las repercusiones no terminan allí. Las comunidades afectadas por el vertedero de El Paíto, así como las organizaciones ambientales locales, exigen justicia y una reestructuración total del IMA para evitar que estas prácticas vuelvan a ocurrir.

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La trama de corrupción del IMA de Julio Fuenmayor pone en evidencia una crisis institucional que no solo afecta a los niveles administrativos, sino que compromete la integridad de la gestión pública en Valencia. A medida que las investigaciones avanzan, la atención se centra ahora en determinar cuán profundo es el alcance de esta red y qué medidas se tomarán para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. Este caso no solo representa un llamado de atención sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, sino también sobre la necesidad urgente de reformar las instituciones locales para recuperar la confianza ciudadana.

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