Una compleja red de corrupción que involucra al Instituto Municipal del Ambiente (IMA), la Dirección de Catastro, Control Urbano y Taquilla de la Alcaldía de Valencia, ha quedado expuesta tras las recientes investigaciones del Ministerio Público. Estos organismos generan dinero mal habido que parece alimentar directamente las arcas de la administración de Julio Fuenmayor, marcada por las irregularidades.
El trabajo investigativo original proviene del portal Run Run Oficialista, que recientemente publicó un reportaje titulado: “Alcaldía de Julio Fuenmayor será intervenida desde Caracas”. El equipo periodístico de este medio detalló cómo distintos departamentos de la Alcaldía de Valencia funcionan como fuentes sistemáticas de peculado. Con credenciales consolidadas en la investigación de casos de corrupción, el reportaje ha puesto bajo la lupa el entramado que lideran varios funcionarios clave.
Nichos del dinero mal habido
Uno de los focos principales de las acusaciones recae sobre la Dirección de Catastro, dirigida por Wiliams Rodríguez. Esta dependencia está bajo investigación por generar más de 150 mil dólares mensuales mediante trámites como cédulas catastrales, cambios de condición de parcelas, certificación de planos y concesión de uso. Estos procedimientos, esenciales para el desarrollo urbano, se han convertido en un nicho de extorsión y sobornos. La operación permite que este dinero mal habido fluya hacia las manos de la camarilla que sostiene al alcalde Julio Fuenmayor.
De manera similar, la Dirección de Control Urbano, liderada por Jesús Vásquez, opera como otro epicentro de extorsión. En esta unidad se gestiona una variedad de permisos y certificaciones que van desde la autorización de modificaciones en edificaciones hasta la expedición del lucrativo Certificado de Uso Conforme, necesario para licencias de actividades económicas. Este documento, considerado la “joya de la corona” por su alta demanda, se transa en dólares y representa una de las mayores fuentes de ingresos fraudulentos para la administración. El esquema de corrupción aquí también genera dinero sucio que refuerza la estructura de poder del alcalde.
Historias de la Taquilla
En paralelo, la Dirección de Taquilla, dirigida por Aida Gutiérrez, ha sido señalada por operar con una red familiar que extorsiona a los contribuyentes. Según el reportaje de Run Run Oficialista, esta práctica es vox pópuli entre los ciudadanos de Valencia, quienes describen cómo los pagos por trámites básicos son inflados y gestionados sin ningún tipo de transparencia. Los testimonios apuntan a que el esquema también se sostiene por el cobro de sobornos, asegurando una constante entrada de dinero mal habido.
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Por otro lado, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) se encuentra en el epicentro de un escándalo que involucra desde delitos ambientales hasta financieros. Dirigido por Santiago Dayan El Sadat Bruzco Espinoz, Rosa Verónica Alvarado Ascunes y Marcos Antonio Sánchez, este organismo ha sido acusado por la Fiscalía 87° Nacional por disposición indebida de residuos, manejo inadecuado de sustancias peligrosas y malversación de fondos. Las investigaciones revelan prácticas cuestionables en los pagos a empleados del servicio de recolección de basura, quienes reciben remuneraciones irregulares en especie, en lugar de salarios formales. Estas maniobras refuerzan el flujo de «dinero cuestionable» dentro del instituto.
Epicentro del escándalo
El epicentro de escándalo que por corrupción sacude a la Alcadía de Valencia, en Venezuela, partió de ciudadanos que denunciaron las condiciones insalubres generadas por la gestión del IMA, especialmente en el vertedero de El Paíto. Este espacio, convertido en un punto de disposición de desechos tanto públicos como privados, opera sin los permisos correspondientes. Las comunidades aledañas han organizado protestas exigiendo una solución definitiva al problema, que afecta directamente la salud pública y la calidad de vida en la ciudad.
El colapso administrativo también se refleja en la estructura interna de la Alcaldía. Fuentes cercanas al caso sugieren que solo una renovación total del tren ejecutivo municipal podría salvar a la gestión de Julio Fuenmayor de la inminente intervención desde Caracas. Mientras tanto, la Junta Interventora enviada desde la capital está llamada a investigar a fondo las denuncias y desmantelar las redes de corrupción que sostienen la estructura municipal.
El dinero mal habido generado por estas prácticas corruptas no solo perpetúa un sistema de injusticias y desigualdades, sino que también priva a los ciudadanos de Valencia de recursos esenciales para el desarrollo de la ciudad. Cada trámite inflado, cada soborno exigido y cada fondo desviado representa una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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Urge una intervención
Las prácticas irregulares de las distintas direcciones municipales también destacan la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en la gestión pública. La corrupción institucionalizada dentro de la Alcaldía de Valencia es un ejemplo claro de cómo los recursos destinados al bienestar colectivo pueden ser desviados para beneficio privado. La esperanza de los ciudadanos radica ahora en que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que las medidas correctivas sean implementadas con rapidez y eficacia.
Mientras tanto, las protestas ciudadanas y las denuncias continúan aumentando. La intervención desde Caracas podría marcar el inicio de un proceso de renovación para la ciudad, siempre y cuando se logre desarticular por completo la red de corrupción que ha venido operando. El caso de Julio Fuenmayor y su administración subraya la importancia de un control ciudadano constante, así como de una justicia comprometida con la rendición de cuentas y la reparación del daño causado por años de dinero mal habido.
