La venezolanización de la corte de EE.UU. está avanzando a una velocidad alarmante, impulsada por las declaraciones y acciones de Donald Trump, quien ha dejado claro que considera el poder judicial como un obstáculo molesto más que como un pilar fundamental de la democracia estadounidense. La reciente actitud de Trump hacia la Corte Suprema, insinuando que podría desobedecer sus decisiones y alentando a sus aliados a hacer lo mismo, recuerda de manera inquietante a las dinámicas de politización y erosión institucional que han caracterizado a regímenes autoritarios en América Latina, incluida Venezuela. La pregunta que ahora enfrenta la Corte Suprema de Estados Unidos no es solo si se mantendrá firme en su independencia, sino si permitirá que la democracia estadounidense siga el mismo camino que otras repúblicas que terminaron deslizándose hacia el autoritarismo bajo la apariencia de legalidad.
El autor original de este análisis, William S. Becker, es coeditor y colaborador de “Democracy Unchained: How to Rebuild Government for the People” y colaborador de Democracy in a Hotter Time, libro que fue reconocido por la revista Nature como uno de los cinco mejores libros científicos de 2023. Becker ha trabajado como funcionario de alto rango en el Departamento de Justicia de Wisconsin y actualmente es director ejecutivo del Proyecto Presidencial de Acción Climática, un grupo de expertos en políticas climáticas no partidista. Recientemente, Becker publicó un artículo en el portal The Hill titulado: “El tribunal Roberts es la última salvaguarda de Estados Unidos contra la tiranía de Trump”, donde advertía que las decisiones de la Corte Suprema en los próximos meses podrían definir si será recordada como la corte de Roberts o como la corte de Trump. Becker sostiene que el futuro de la República constitucional de Estados Unidos está peligrosamente atado a la capacidad de la Corte Suprema para resistir la presión política ejercida por Trump y su círculo cercano.
Trump erige la venezolanización de la corte de EE.UU.
La venezolanización de la corte de EE.UU. se hace evidente en la forma en que Trump y sus aliados han comenzado a tratar a la Corte Suprema como una extensión del poder ejecutivo, esperando que sus decisiones se alineen con los intereses políticos de la administración en turno. Esta expectativa refleja una dinámica muy similar a la que ha ocurrido en países como Venezuela, donde el poder judicial fue progresivamente cooptado para convertirse en un instrumento de legitimación política en lugar de un contrapeso institucional. La reciente sugerencia de Elon Musk de que debería haber una «ola inmediata de juicios políticos judiciales» y las declaraciones de JD Vance de que “a los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del ejecutivo” son señales claras de que la independencia judicial está bajo ataque. La lógica detrás de estas afirmaciones es inquietantemente similar a la narrativa utilizada en regímenes autoritarios: cuando las instituciones no favorecen al poder político, deben ser neutralizadas o reemplazadas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha tratado de preservar la imagen de independencia y autoridad del máximo tribunal del país. Sin embargo, las decisiones tomadas por la corte en los últimos años han debilitado la confianza pública. La anulación de una parte de la Ley de Derechos Electorales de 1965 en 2013 fue uno de los primeros golpes serios a la percepción de imparcialidad de la Corte. Esa decisión permitió que estados con antecedentes de discriminación racial pudieran cambiar sus leyes electorales sin supervisión federal, lo que condujo a la implementación de casi 100 leyes restrictivas que afectan principalmente a las minorías y comunidades vulnerables. Asimismo, la decisión de 2010 que permitió a las corporaciones donar cantidades ilimitadas de dinero a los comités de campaña ha convertido el sistema político estadounidense en un terreno de juego dominado por los grandes donantes y las influencias corporativas.
Erosión de la confianza en el poder judicial
Esta creciente percepción de que la Corte Suprema está al servicio de intereses políticos y económicos específicos ha contribuido a una erosión constante de la confianza pública en el poder judicial. Según una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette, el índice de aprobación de la Corte Suprema subió recientemente al 51 %, después de haber alcanzado mínimos históricos en años anteriores. Sin embargo, este leve repunte no disipa el hecho de que el 54% de los estadounidenses creen que las decisiones de la corte están motivadas más por la política que por la ley. Solo uno de cada tres encuestados expresó tener «mucha» confianza en el tribunal, una señal de que la credibilidad institucional está en juego.
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La venezolanización de la corte de EE.UU. también se manifiesta en la actitud cada vez más desafiante de Trump hacia la Constitución y las leyes que limitan el poder del presidente. La reciente decisión de la Corte Suprema de otorgar inmunidad parcial a los expresidentes por actos oficiales ha sido interpretada por Trump como una licencia para actuar con impunidad. Esta decisión podría abrir la puerta a futuros abusos de poder, dado que establece un precedente peligroso donde el presidente podría argumentar que sus acciones, por ilegales que sean, están justificadas por su condición de jefe de Estado. Esta doctrina de inmunidad recuerda a los mecanismos legales utilizados en Venezuela y otros países autoritarios para blindar a los líderes políticos contra cualquier forma de rendición de cuentas.
Una contra Chevron
Hablando la la venezollanización de la corte de EE.UU., ja decisión del máximo tribuna de anular la doctrina Chevron, que otorgaba a las agencias federales la autoridad para interpretar y regular la industria conforme a las leyes de protección ambiental, también ha sido percibida como una movida política disfrazada de interpretación legal. Este fallo ha transferido el poder de decisión a los tribunales, abriendo la puerta a un caos regulatorio que podría paralizar la implementación de políticas ambientales, laborales y de salud pública. La interferencia política en decisiones técnicas y regulatorias es otra característica distintiva de la dinámica de poder que ha debilitado las instituciones democráticas en países como Venezuela.
Trump y su círculo cercano están ahora probando los límites de la Corte Suprema, midiendo hasta qué punto podrán doblarla a sus intereses políticos. La reciente demora de la Corte en resolver el caso de inmunidad de Trump, que permitió que las elecciones se llevaran a cabo sin una resolución definitiva sobre las acusaciones de delitos graves, ha sido interpretada como una victoria táctica para el expresidente. Esta demora estratégica permitió que Trump mantuviera su elegibilidad política sin enfrentar consecuencias legales inmediatas. Como señaló Slate, “la corte ha accionado exactamente como el equipo legal de Trump hubiera deseado que lo hiciera”.
Nada impide una crisis constitucional
Si la Corte Suprema permite que Trump continúe socavando las bases del estado de derecho sin consecuencias legales claras, se consolidará un proceso de erosión institucional que podría desembocar en una crisis constitucional sin precedentes. La venezolanización de la corte de EE.UU. no se manifestará necesariamente en un golpe de Estado o en una abolición de las elecciones, sino en una gradual acumulación de poder ejecutivo a expensas de las otras ramas del gobierno. La transformación hacia un sistema donde el poder judicial actúa como un brazo del ejecutivo —y no como un poder independiente— marcaría el final de la república constitucional tal como ha sido concebida en Estados Unidos.
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El pueblo estadounidense todavía cree en el papel de la Corte Suprema como salvaguarda de la democracia, pero esa confianza está en su punto más frágil. Si la corte no logra mantener su independencia y permitir que las instituciones democráticas funcionen sin interferencia política, Estados Unidos podría encontrar su destino reflejado en el espejo de las repúblicas fallidas de América Latina. La pregunta ahora no es si la corte sobrevivirá a Trump, sino si la democracia estadounidense sobrevivirá a una corte que ha dejado de ser un árbitro imparcial para convertirse en una extensión del poder político.
