Durante generaciones, los presidentes de Estados Unidos han tratado al Departamento de Justicia como una institución sagrada, un pilar fundamental del estado de derecho y la justicia en el país. Sin embargo, Donald J. Trump ha roto con esa tradición, tras enlodar la reputación del Departamento de Justicia con un discurso cargado de agravios y acusaciones personales. En un acto sin precedentes, Trump arremetió abiertamente contra figuras clave de la justicia estadounidense, sugiriendo que el sistema acciones está amañado en su contra y que las emprendidas legales contra él son poco más que persecuciones políticas disfrazadas de procedimientos legales. Esta postura, que redefine la relación entre el poder ejecutivo y el Departamento de Justicia, refleja una visión personalista y retributiva de la justicia que podría tener implicaciones profundas y duraderas para el estado de derecho en Estados Unidos.
El reportero que cubrió este discurso polémico es Alan Feuer, periodista de The New York Times especializado en extremismo y violencia política. Feuer ha seguido de cerca los casos penales relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y las acusaciones en contra de Trump. Desde 1999, Feuer ha cubierto crímenes y justicia penal para el Times, incluyendo casos que involucran a la mafia, cárteles de droga y corrupción política. La pieza original publicada por Feuer lleva por título: “El discurso de Trump, repleto de agravios, deja claro que su búsqueda de venganza es personal”. En el artículo, Feuer sostiene que el discurso de Trump en el Gran Salón del Departamento de Justicia fue una declaración de guerra contra las mismas instituciones y figuras que representan el cumplimiento de la ley en el país. Feuer destaca que, a diferencia de otros presidentes que utilizaron ese escenario para promover la unidad o anunciar importantes iniciativas de seguridad, Trump lo convirtió en una plataforma para ajustar cuentas personales.
Trump fue a enlodar la reputación del Departamento de Justicia
Trump no se limitó a criticar políticas o decisiones judiciales; atacó directamente a figuras específicas que, según él, son responsables de las acusaciones en su contra. Durante más de una hora, lanzó una serie de ataques verbales contra fiscales, abogados y exfuncionarios de seguridad, acusándolos de traición y conspiración para socavar su presidencia y su futura candidatura. Entre los blancos de su ira estuvo Marc Elias, el abogado demócrata que lideró la batalla para desafiar las afirmaciones de fraude electoral de Trump en las elecciones de 2020. También mencionó a Mark F. Pomerantz, el fiscal de Manhattan que trabajó en una versión preliminar del caso penal contra Trump que derivó en la condena por cargos graves el año pasado. Al nombrar a estos individuos, Trump sugirió que el Departamento de Justicia había sido infiltrado por actores políticos que manipulaban el sistema legal para atacar a sus enemigos. Enlodar la reputación del Departamento de Justicia, para Trump, parece ser una estrategia calculada para desacreditar cualquier acción legal en su contra, presentándose a sí mismo como una víctima de un sistema corrupto.
El discurso de Trump también incluyó ataques directos al exfiscal especial Jack Smith, quien lo acusó en dos procesos penales separados relacionados con la retención ilegal de documentos clasificados y la interferencia en el resultado de las elecciones de 2020. Trump acusó a Smith de ser un «operador político» y afirmó que su nombramiento como fiscal especial era ilegal, a pesar de que las cortes han validado repetidamente la legalidad de las investigaciones. En el caso de los documentos clasificados, Trump elogió a la jueza Aileen M. Cannon, quien desestimó uno de los cargos contra él basándose en una interpretación controvertida sobre la legalidad del nombramiento de Smith. “Ella era el modelo perfecto de lo que debería ser un juez”, declaró Trump. Con estas palabras, Trump reforzó la narrativa de que el sistema judicial está controlado por intereses políticos y que solo quienes defienden sus intereses personales son realmente imparciales y justos. Esta narrativa, aunque carece de fundamento legal, ha sido eficaz para movilizar a su base política, que ha adoptado la idea de que Trump está siendo perseguido injustamente por el establishment.
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Honrado de atacar al FBI
El ataque de Trump también alcanzó al exdirector del FBI James B. Comey, quien supervisó la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Trump se jactó de haber despedido a Comey y describió esa acción como «uno de los mayores honores» de su presidencia. Enlodar la reputación del Departamento de Justicia no solo implica desacreditar a los funcionarios actuales, sino también reescribir la historia reciente de las relaciones entre la presidencia y las instituciones de justicia en Estados Unidos. Al demonizar a figuras como Comey y Smith, Trump busca moldear una narrativa en la que el sistema de justicia es una herramienta de persecución política controlada por sus enemigos.
El discurso de Trump también sirvió para consolidar su mensaje político de cara los desafíos de sus 100 días de gobierno. Al presentar al Departamento de Justicia como una institución capturada por intereses políticos, Trump refuerza la idea de que solo él puede limpiar el sistema y restaurar la justicia en el país. Esta estrategia retórica ya ha demostrado ser efectiva entre sus seguidores más leales, que ven las acusaciones legales en su contra como una extensión de la supuesta persecución política que comenzó con la investigación sobre Rusia en 2016. Al enlodar la reputación del Departamento de Justicia, Trump busca desacreditar no solo las investigaciones actuales en su contra, sino también cualquier futura acción legal que pueda surgir si logra regresar a la Casa Blanca.
Se desmorona la confianza
El impacto de este discurso podría ser profundo y duradero. Al atacar directamente a los fiscales y funcionarios del Departamento de Justicia, Trump erosiona la confianza pública en la imparcialidad y profesionalismo de las instituciones judiciales. Este deterioro de la confianza pública no es solo un efecto colateral de la estrategia política de Trump; es una parte central de su proyecto político. Si el público cree que el sistema está manipulado y que las acciones legales en su contra son actos de venganza política, las bases para una respuesta institucional efectiva ante el abuso de poder podrían debilitarse significativamente. El sistema de justicia estadounidense, construido sobre la premisa de la separación de poderes y la independencia judicial, se enfrenta ahora a una amenaza interna sin precedentes.
Mientras Trump continúa su campaña para modelar su nuevo poder, es probable que las tensiones con el Departamento de Justicia se intensifiquen. Las investigaciones en curso sobre la retención de clasificados y la interferencia electoral podrían convertirse en puntos clave de conflicto. Si Trump desde la presidencia, quiere asestar consecuencias para el sistema judicial que podrían ser profundas. La purga de funcionarios consideradas desleales y la posible interferencia política en investigaciones judiciales podrían redefinir las mismas bases de la justicia en Estados Unidos. Enlodar la reputación del Departamento de Justicia no es solo una estrategia de MAGA para Trump; es una declaración de guerra contra los principios fundamentales del estado de derecho en el país.
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El Departamento de Justicia ha enfrentado desafíos antes, pero nunca había sido objeto de un ataque tan frontal y directo desde la Oficina Oval. Trump ha dejado claro que no solo considera las investigaciones en su contra como una injusticia personal, sino que está dispuesto a transformar el sistema judicial para protegerse y perseguir a sus enemigos políticos. Este es el legado más peligroso del discurso de Trump: la normalización de la idea de que el sistema de justicia es una herramienta política que puede y debe ser manipulada para obtener ventajas personales. Si esta idea se consolida, las consecuencias para la democracia estadounidense podrían ser irreversibles.
