Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU. debería frenar las demandas contra PDV Holding y Citgo

En el complejo entramado legal que rodea a Citgo, la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos se perfila como un recurso crucial para frenar las demandas que amenazan la estabilidad de PDV Holding y Citgo. Citgo, una de las joyas más valiosas en el portafolio de Venezuela en el extranjero, enfrenta un acoso judicial en varias cortes estadounidenses, con especial énfasis en la Corte del Distrito de Wilmington-Delaware, donde las acciones de PDV Holding han sido objeto de embargos judiciales.

El reconocido experto en Derecho Mercantil y Propiedad Intelectual, Orlando Viera-Blanco, quien también es presidente de la Canadian Venezuelan Engagement Foundation y columnista del diario venezolano El Universal, ha abordado esta problemática en su reciente artículo titulado «Salvar CITGO es hacer patria». En su análisis, Viera-Blanco destaca que, a pesar de la orden del Juez Leonard Stark para embargar las acciones de PDV Holding en Citgo, aún existe un recurso de apelación que podría suspender los efectos de dicha subasta.

El viaje judicial de Citgo

Citgo se encuentra en una encrucijada legal sin precedentes, con varios acreedores reclamando derechos sobre sus activos. En 2011, Crystallex inició una solicitud ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que culminó en un laudo condenatorio de 1.386 millones de dólares contra Venezuela por la rescisión del contrato de explotación minera en el proyecto «Las Cristinas». Posteriormente, la empresa canadiense presentó su querella en la Corte de Delaware, donde obtuvo el mencionado embargo judicial. Este precedente ha permitido que otras empresas como ConocoPhillips, Northrop, y Rusoro, entre otras, busquen el mismo destino para sus reclamaciones.

Citgo
La defensa de Citgo en este complejo escenario legal subraya la necesidad de una aplicación rigurosa de la FSIA para evitar que las demandas basadas en expropiaciones y otras acciones del gobierno venezolano afecten los activos comerciales legítimos de la empresa en suelo estadounidense. Ilustración MidJourney

En este contexto, Viera-Blanco señala que la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos (Foreign Sovereign Immunity Act – FSIA) debería ofrecer protección a Citgo y PDV Holding. La FSIA protege a las empresas de propiedad estatal de ser demandadas en suelo estadounidense por razones no relacionadas con su giro comercial. Sin embargo, el Juez Stark ha dictaminado que los acreedores deben demostrar que PDVSA, la empresa matriz de PDV Holding, actuó como un «alter ego» del gobierno venezolano durante el periodo relevante. Este concepto de alter ego ha sido aplicado de manera controversial, asemejando las acciones del régimen de Maduro a las del gobierno interino liderado por Juan Guaidó.

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Guaidó no fue Venezuela

Las implicaciones de estas decisiones judiciales son profundas. Los acreedores argumentan que las ganancias de Citgo deberían ser utilizadas para satisfacer las deudas del Estado venezolano, mientras que la defensa de Citgo sostiene que las condiciones para considerar a PDVSA como un alter ego no se cumplen durante el gobierno interino de Guaidó. De hecho, figuras como Elliot Abrams han declarado que el gobierno interino no tuvo control económico directo sobre Citgo, ya que todas las transacciones requerían la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El 14 de agosto de 2023, las representaciones judiciales de Venezuela y PDVSA presentaron una petición ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, buscando una revisión de las decisiones que han permitido estos embargos. Argumentan que las acciones del régimen de Maduro no deberían ser consideradas, ya que Estados Unidos no lo reconoce como gobierno legítimo. Sin embargo, la Corte Suprema decidió no escuchar el recurso, dejando en pie las decisiones de los tribunales inferiores.

Apelaciones frente a la jauría

Este rechazo ha intensificado las maniobras legales y políticas alrededor de Citgo. Con el cambio en la política de autorizaciones de embargo por parte de la OFAC en mayo de 2023, se abrió la puerta para que más acreedores busquen embargar las acciones de PDV Holding. La fecha clave para la posible adjudicación de Citgo es el 15 de julio de 2024, aunque Viera-Blanco sugiere que aún quedan varias apelaciones y recursos legales que podrían modificar el curso de los eventos.

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La aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos podría ser el salvavidas que Citgo necesita para mantenerse a flote y seguir siendo un pilar fundamental en la economía venezolana. Ilustración MidJourney.

La defensa de Citgo en este complejo escenario legal subraya la necesidad de una aplicación rigurosa de la FSIA para evitar que las demandas basadas en expropiaciones y otras acciones del gobierno venezolano afecten los activos comerciales legítimos de la empresa en suelo estadounidense. Viera-Blanco argumenta que aplicar la FSIA correctamente no solo es una cuestión de justicia legal, sino también de seguridad económica y estratégica tanto para Venezuela como para Estados Unidos.

Tentáculos de la política

Además de las complicaciones legales, existen consideraciones políticas significativas. La administración de Biden tiene la capacidad de intervenir a través de la OFAC para suspender la transferencia de activos de Citgo. Asimismo, las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos podrían influir en la política exterior y las decisiones relacionadas con Venezuela y sus activos en el extranjero.

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A pesar de las complejidades, Viera-Blanco y otros expertos en la materia insisten en que salvar Citgo es crucial para la soberanía y el futuro económico de Venezuela. El Acuerdo de Barbados, firmado en 2023, establece un marco para la protección de los activos venezolanos en el extranjero y busca una solución negociada que beneficie a todas las partes involucradas. La unión de esfuerzos entre la oposición y el régimen venezolano es vista como esencial para proteger a Citgo de una subasta forzosa que podría tener consecuencias devastadoras para el país.

El caso de Citgo es un claro ejemplo de cómo las disputas legales internacionales pueden tener implicaciones profundas y duraderas para los países y sus activos estratégicos. La aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos podría ser el salvavidas que Citgo necesita para mantenerse a flote y seguir siendo un pilar fundamental en la economía venezolana. La próxima fecha crucial en este proceso es el 15 de julio de 2024, pero hasta entonces, las maniobras legales y políticas continuarán en un esfuerzo por preservar uno de los activos más valiosos de Venezuela en el extranjero.

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