“Red andina de seguridad» busca impedir la migración del crimen organizado por las fronteras

La reciente iniciativa «Red andina de seguridad», emergida en el contexto de crecientes desafíos de seguridad en los países andinos, representa un esfuerzo conjunto sin precedentes para contrarrestar el avance del crimen organizado a través de las fronteras. Tras los alarmantes episodios de violencia en Ecuador, que evidenciaron la urgente necesidad de una respuesta coordinada, los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), específicamente Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, han unido fuerzas para desarrollar esta iniciativa pionera. El 21 de enero de 2024, en la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se delinearon medidas clave bajo la «Red andina de seguridad», apuntando a una cooperación más estrecha para detener la proliferación del crimen organizado y el narcotráfico.

Este acuerdo, que surge como una respuesta directa a la ola de violencia en Ecuador, ha sido un punto de inflexión en los esfuerzos regionales contra el narcotráfico. El documento, considerado por algunos expertos como «un documento de buenas intenciones», carece, según David Saucedo, analista de seguridad para América Latina, de objetivos claros y específicos en líneas de acción, diagnósticos detallados, asignaciones presupuestarias, o compromisos en cuanto al número de efectivos implicados. Sin embargo, para Mario Pazmiño, consultor internacional de inteligencia y seguridad, esta iniciativa representa una reacción crucial, aunque tardía, frente a una crisis latente desde hace décadas.

Red andina de seguridad

La «Red andina de seguridad», que entró en operación en el primer trimestre de 2024, se centra en el intercambio de información sobre actividades delictivas que amenazan la seguridad pública en los territorios y fronteras de los países miembros. Este enfoque de represión contra el crimen organizado y el narcotráfico, según Pazmiño, deja de lado aspectos fundamentales como la pobreza y la desigualdad social, motores cruciales detrás de estas actividades ilícitas. Además, el acuerdo ha sido criticado por omitir acciones en materia de derechos humanos, libertades civiles y la lucha contra la corrupción, un elemento clave en la connivencia entre criminales y funcionarios gubernamentales.

Frédéric Massé, codirector de la red de monitoreo y análisis del crimen organizado en América Latina (CORAL), destaca las dificultades técnicas asociadas a la vigilancia en las extensas y porosas fronteras entre los países de la CAN, cuestionando la eficiencia y el costo de tal supervisión. Además, señala la corrupción dentro de las instituciones como un factor que refuerza el miedo y las reticencias en compartir información, un desafío que ha limitado la cooperación previa.

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Guerras y control de zonas

La creciente inestabilidad interna, derivada de guerras entre grupos de narcotráfico y la expansión de rutas de comercialización, no solo en Colombia y Ecuador sino también en países como Perú y Bolivia, ha precipitado la formación de esta «red» correctiva. Sin embargo, Saucedo señala una omisión grave en no incorporar a México en este esquema regional, dado el involucramiento de cárteles mexicanos en la problemática del tráfico de drogas en los países andinos.

A pesar de las limitaciones la Red Andina de Seguridad, la decisión de la CAN se considera un paso en la dirección correcta. La cooperación regional es indispensable, y países como Venezuela, México y Brasil, aunque no miembros de la CAN, son también origen y víctimas del narcotráfico. Pazmiño aboga por ampliar el pacto a otros actores regionales afectados por las consecuencias del crimen organizado. Asimismo, el Informe sobre Cocaína de las Naciones Unidas de 2023 destaca la frontera entre Ecuador y Colombia como una de las zonas de mayor tráfico de cocaína en Sudamérica, y la frontera entre Chile y Bolivia como un punto crucial de tránsito de cocaína y migrantes.

Una respuesta holística

La «Red andina de seguridad» es un intento significativo de abordar un problema regional con una solución conjunta, aunque enfrenta desafíos considerables en su implementación y efectividad. La necesidad de una respuesta más holística que aborde no solo la represión del crimen sino también sus causas subyacentes, como la pobreza y la desigualdad social, es imperativa. La colaboración continua y la inclusión de más países en esta lucha son fundamentales para lograr un impacto duradero en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región andina.

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En conclusión, este esfuerzo coordinado de los países andinos marca un hito importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, subrayando la necesidad de un enfoque regional y multifacético para enfrentar desafíos que trascienden las fronteras nacionales.