Al grito de “¡Esta patria no se vende, esta patria se defiende!”, miles de panameños han tomado las calles en un fervor patriótico y de protesta sin precedentes en las últimas décadas. Durante diez días consecutivos, el pueblo de Panamá ha expresado su rechazo categórico a la aprobación exprés de un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
Esta decisión, considerada inconsulta e inconstitucional por una gran parte de la población, ha desatado una ola de manifestaciones que incluyen cierres de calles, paros laborales, escuelas cerradas y la suspensión de los desfiles patrios previstos para el 3 de noviembre, fecha en la que se conmemoran los 120 años de la separación de Colombia.
Panamá como en día de Noriega
La situación en Panamá es crítica. El nivel de conflictividad social ha alcanzado cotas que no se veían desde la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, evidenciando un descontento generalizado y profundo con las políticas del gobierno actual. El presidente Laurentino Cortizo, en un intento por aplacar los ánimos y frenar las manifestaciones, ha anunciado la realización de una consulta popular a mediados de diciembre para decidir el futuro de la Ley 406, que autoriza la concesión de la mina por 20 años prorrogables. Además, ha decretado una moratoria minera y ha iniciado la discusión de un proyecto de ley para limitar el otorgamiento de contratos para la explotación de la minería metálica en el país.
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Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para calmar el descontento de la población. Los panameños acumulan reclamaciones no solo por el manejo poco transparente de los contratos mineros, sino también por la malversación de fondos públicos, la falta de representatividad en la política y el elevado costo de vida. La petición popular es clara: suspender las labores de Minera Panamá hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre las demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre el contrato.
Derogación del contrato
En este contexto de crispación social, la Asamblea Nacional ha dado un paso adelante. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos aprobó en primer debate un artículo que deroga el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. Esta decisión representa un avance significativo en la dirección demandada por los manifestantes, aunque aún queda mucho camino por recorrer.
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La calle, mientras tanto, sigue siendo un hervidero de actividad. Los panameños, armados con banderas y consignas, no están dispuestos a ceder en su lucha por defender lo que consideran su patria. La sensación de unidad y determinación es palpaGoble en cada rincón del país, y la frase “¡Esta patria no se vende, esta patria se defiende!” resuena con fuerza, convirtiéndose en el lema de una nación que exige transparencia, justicia y respeto por su soberanía. Panamá, en estos días de protesta y reivindicación, está dando una lección de civismo y compromiso con sus valores y su futuro. La lucha, lejos de apaciguarse, parece cobrar más fuerza con cada día que pasa, demostrando que el espíritu de defensa de la patria está más vivo que nunca.
