En un fallo histórico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad penal parcial por los actos realizados durante su mandato, una decisión que ha generado un intenso debate en el país. La sentencia, aprobada por la mayoría conservadora de la Corte, establece que no todo lo que hace el presidente es considerado oficial, limitando así la extensión de la inmunidad presidencial.
Miguel Jiménez, corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos, ha seguido de cerca este caso. Jiménez, quien ha desarrollado su carrera en EL PAÍS ocupando varios roles de liderazgo, recientemente publicó un artículo titulado “El Supremo de Estados Unidos concede a Trump inmunidad parcial por sus actos como presidente”. En su pieza, Jiménez detalla cómo la sentencia del Tribunal Supremo complica las acusaciones contra Trump y representa un claro triunfo para el expresidente, que ha celebrado la decisión en sus redes sociales con un mensaje contundente: “Gran victoria para nuestra Constitución y democracia. Orgulloso de ser estadounidense”.
Trump no está a salvo
El Tribunal Supremo ha dejado claro que los presidentes tienen inmunidad penal por los actos realizados en el ejercicio de su cargo, pero no una inmunidad absoluta. Según la sentencia, “la naturaleza del poder presidencial da derecho a un expresidente a la inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva; también tiene derecho al menos a la inmunidad presunta de enjuiciamiento por todos sus actos oficiales; “no hay inmunidad por actos no oficiales”. Esto implica que Trump no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales, pero sí puede serlo por acciones fuera de ese ámbito.
La decisión del Tribunal ha generado controversias y reacciones divididas. La mayoría conservadora de la Corte, incluidos los tres jueces nombrados por Trump, votó a favor de la inmunidad parcial, mientras que las tres jueces progresistas se opusieron con vehemencia. La sentencia, que ocupa 119 páginas, también establece que el presidente no está por encima de la ley y que el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de sus responsabilidades constitucionales.
¿Complot sin consecuencias?
Una de las implicaciones más significativas de este fallo es la distinción entre actos oficiales y no oficiales. Las comunicaciones entre Trump y su fiscal general, que eran parte de las pruebas de los intentos de alterar los resultados electorales, ahora están protegidas bajo esta nueva interpretación. Asimismo, las presiones ejercidas por Trump sobre el vicepresidente Mike Pence para no certificar la victoria de Joe Biden también son considerados actos oficiales y, por ende, inmunes, salvo prueba en contrario.
Tambièn puedes leer: El “mea culpa” de Assange desvela el tatuaje de doble moral estadounidense
El fallo representa un gran triunfo para Trump, quien ha logrado dilatar el proceso judicial en su contra, retrasando así el inicio del juicio previsto inicialmente para marzo pasado. Con las elecciones presidenciales a solo cuatro meses de distancia, es prácticamente imposible que Trump se sienta en el banquillo de los acusados antes del 5 de noviembre. Si resulta reelecto, podría incluso ordenar el abandono de las acusaciones federales o conceder un perdón a sí mismo, una posibilidad que las jueces progresistas hayan calificado de “burla”.
Este fallo también tiene consecuencias significativas para otros procesos judiciales en los que Trump está involucrado. Aunque en el caso de Nueva York, donde fue declarado culpable de 34 delitos de falsificación de cheques y documentos, la inmunidad no se aplica debido a la naturaleza no oficial de esos actos, las repercusiones en los casos de Florida y Georgia aún están por verse. En Florida, Trump enfrenta cargos por retención de secretos de defensa y obstrucción a la justicia, mientras que en Georgia se le acusa de intentar revertir los resultados electorales de 2020.
Nueva doctrina y remodeación
El Tribunal Supremo también ha emitido una sentencia que reduce el alcance del delito de obstrucción de un procedimiento oficial, complicando aún más las acusaciones contra Trump por conspiración para obstruir un procedimiento oficial y obstrucción de un procedimiento oficial. Según la nueva doctrina, estos delitos solo se aplican a la destrucción de pruebas, lo que podría excluir las acciones del 6 de enero de 2021, cuando el Capitolio fue atacado por seguidores de Trump.
Las reacciones a esta sentencia no se hicieron esperar. Las jueces progresistas expresaron su indignación, argumentando que la decisión de la mayoría conservadora “remodela la institución de la Presidencia” y sostuvo el principio de que nadie está por encima de la ley. Esta postura se alinea con el precedente histórico del caso Watergate, donde el presidente Gerald Ford otorgó un indulto completo a Richard Nixon, sugiriendo que los expresidentes no sean inmunes a la responsabilidad penal por actos oficiales.
la jueza federal Tanya Chutkan
El caso de Trump ha dibujado nuevos contornos en la interpretación del poder presidencial y la inmunidad. Brett Kavanaugh, uno de los jueces conservadores, afirmó durante la vista oral que “este caso tiene enormes implicaciones para la presidencia, para el futuro de la presidencia, para el futuro del país”. Esta afirmación subraya la importancia de este fallo y su impacto en la política estadounidense.
Tambièn puedes leer: Partidismo católico: no se da ni puede darse divorcio entre Iglesia y política, fe y política
A medida que se desarrolla este caso, el foco estará en la jueza federal Tanya Chutkan, encargada de decidir qué actos de Trump fueron oficiales y cuáles no. El Tribunal Supremo ya ha blindado algunas de las comunicaciones clave, debilitando la acusación. No obstante, la jueza tendrá que analizar cuidadosamente las restantes alegaciones para determinar si implican conductas por las que un presidente debe gozar de inmunidad procesal.
Inmunidad total: la nueva mentira
La campaña de Trump ha utilizado la sentencia para promover la idea de que el expresidente ha logrado “inmunidad total”, aunque la realidad está más matizada. Esta narrativa ha reforzado el apoyo de su base electoral, preparando el terreno para las próximas elecciones. La decisión del Supremo, aunque no otorga inmunidad absoluta, sí establece un precedente significativo que podría influir en futuros presidentes y en la interpretación del poder ejecutivo en Estados Unidos.
El fallo del Tribunal Supremo en el caso Trump es un hito en la jurisprudencia estadounidense. La decisión de otorgar inmunidad penal parcial al expresidente redefine los límites del poder presidencial y plantea cuestiones cruciales sobre la rendición de cuentas de los líderes políticos. Mientras Estados Unidos se prepara para las próximas elecciones, este fallo añade una capa adicional de complejidad al escenario político y judicial del país, subrayando que, aunque el presidente no está por encima de la ley, tampoco es completamente vulnerable a ella.
