Las familias dominicanas escuchan desde hace meses un mensaje repetido desde el poder: es tiempo de sacrificio. Pero hay otras cosas que asfixian al pueblo que el discurso presidencial no menciona. Más allá de las advertencias, existe una arquitectura de gasto público que permanece intacta mientras se pide austeridad ciudadana. Y hay otras cosas que asfixian al pueblo que los números oficiales revelan con claridad brutal: evasión fiscal sin castigo, subsidios sin control y privilegios legislativos sin revisión. Porque hay otras cosas que asfixian al pueblo además del costo de la vida: la sensación de que el sacrificio tiene una sola dirección.
El análisis que sustenta este reportaje fue elaborado por Winston Hernández, periodista dominicano con trayectoria en el seguimiento de las finanzas públicas y la gestión gubernamental. Su trabajo examina la contradicción entre el discurso presidencial de austeridad y la realidad del gasto del Estado dominicano, identificando partidas específicas que permanecen sin recorte mientras se demanda esfuerzo a la ciudadanía.
La hemorragia de cientos de miles de millones que el discurso oficial esconde detrás del “sacrificio ciudadano”
El presidente de la República ha repetido el llamado al sacrificio con una constancia que ya genera escepticismo en amplios sectores. Lo que no ha acompañado ese discurso son medidas concretas. Según estimaciones de economistas consultados por organismos regionales, la República Dominicana deja de percibir entre RD$300,000 y RD$400,000 millones anuales por evasión fiscal. Es una hemorragia estructural que el Estado no ha logrado contener. Esa cifra, por sí sola, supera con creces cualquier ajuste que se le pudiera pedir a la clase media o a los sectores más vulnerables del país.
El sistema eléctrico nacional concentra otra de las grandes paradojas. El Gobierno destina más de RD$100,000 millones anuales en subsidios eléctricos. Al mismo tiempo, entre el 25% y el 30% de la energía generada se pierde por ineficiencias operativas y conexiones irregulares. Dos décadas de administraciones distintas no han resuelto ese problema. La factura la paga el erario. Y el ciudadano sigue sufriendo apagones mientras el Estado sostiene un sistema que no funciona con dinero que podría destinarse a salud, educación o infraestructura productiva.
Los RD$100,000 millones en apagones: el subsidio eléctrico que mantiene intacto un sistema en ruinas mientras se exige austeridad en los hogares
Pero hay otras cosas que asfixian al pueblo que el debate público no siempre visibiliza con suficiente claridad. Los subsidios a combustibles suman cifras que merecen atención. Solo en apoyo a generadoras eléctricas, el Gobierno asigna alrededor de RD$9,944 millones, mientras el sector transporte recibe más de RD$3,265 millones anuales. Esos montos no han generado una reducción sostenida del costo del transporte ni de la energía para los hogares. El subsidio existe, pero su impacto directo sobre el bolsillo ciudadano es difuso y, según analistas del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, poco transparente en su trazabilidad.
El financiamiento político agrega otra capa al problema. Cada año, el Estado dominicano entrega aproximadamente RD$1,260 millones en fondos públicos a los partidos políticos. En períodos electorales, esa cifra se multiplica. Sumados los aportes privados, el total puede alcanzar entre RD$5,000 y RD$10,000 millones. Ningún partido mayoritario ha propuesto reducir ese financiamiento en nombre de la austeridad que predica desde el poder. La coherencia entre discurso y práctica brilla por su ausencia.
Los beneficios legislativos profundizan la contradicción. El país deja de recaudar más de RD$1,025 millones en exoneraciones de vehículos para congresistas. El denominado «barrilito» distribuye más de RD$252 millones anuales entre senadores bajo el rótulo de asistencia social. Esos recursos no desaparecen: se redistribuyen dentro de una red clientelar que alimenta lealtades políticas, no necesidades ciudadanas. Y hay otras cosas que asfixian al pueblo: saber que quien pide sacrificio no ha renunciado a ninguno de sus privilegios.
Privilegios blindados: el financiamiento político y las exoneraciones legislativas que la austeridad del poder jamás ha tocado
La inversión publicitaria del Gobierno añade un elemento que ha generado cuestionamientos directos en sectores académicos y civiles. En medio del llamado a la austeridad, el Estado ha destinado alrededor de RD$1,500 millones a dos agencias publicitarias. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo ha señalado en informes regionales que el gasto en comunicación gubernamental debe guardar proporcionalidad con el contexto fiscal. En República Dominicana, esa proporcionalidad parece ausente. Pedir sacrificio y simultáneamente sostener ese nivel de gasto en imagen oficial no es solo una contradicción: es una señal política que los ciudadanos leen con claridad.
La pregunta que emerge de estos datos no es retórica. Es directa: ¿por qué el presidente no habló de recortar estos gastos? Especialistas en finanzas públicas consultados por medios especializados coinciden en que la sostenibilidad fiscal no depende solo de aumentar ingresos o de moderar el consumo ciudadano. Depende también de una administración eficiente, transparente y coherente del gasto. Cuando el Estado no da el ejemplo, el llamado al sacrificio pierde autoridad moral y eficacia práctica.
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El costo de la imagen oficial: los RD$1,500 millones en publicidad estatal que sepultan la credibilidad del llamado al esfuerzo
Porque hay otras cosas que asfixian al pueblo dominicano más allá de la inflación o el tipo de cambio: la percepción de injusticia distributiva. Cuando una familia de clase media reduce su consumo, ajusta su dieta y posterga proyectos mientras observa que el financiamiento partidario, las exoneraciones legislativas y el gasto publicitario del Estado permanecen intactos, la confianza en las instituciones se erosiona. Esa erosión no aparece en los informes del Fondo Monetario Internacional ni en los boletines del Banco Central, pero se acumula en el tejido social con consecuencias políticas y económicas de largo plazo.
El debate dominicano sobre sacrificio y austeridad no puede reducirse a cifras macroeconómicas. Es, fundamentalmente, un debate sobre equidad, prioridades y credibilidad institucional. Las familias dominicanas no se oponen al esfuerzo cuando perciben que es compartido y justificado. Lo que no están preparadas para asumir es un sacrificio que parece diseñado para unos solos, mientras otros mantienen sus privilegios con dinero público, sin rendición de cuentas y sin la menor señal de que algo, en la estructura del gasto, vaya a cambiar.
