En los pasillos de la diplomacia petrolera y en las agendas de los grupos de presión en Washington ha comenzado a filtrarse una idea que, para muchos analistas, roza la herejía nacionalista: la posibilidad de que la industria venezolana de hidrocarburos sea privatizada bajo un esquema que algunos califican, en voz baja, como una entrega deliberada de la principal riqueza del país. Aunque el planteamiento ha sido presentado con el ropaje de una “apertura estratégica”, las voces críticas no tardaron en denominarlo por su nombre: una maniobra que, en la práctica, busca regalar el petróleo de Venezuela a intereses extranjeros a cambio de un fugaz protagonismo político.
El presente reportaje es una investigación de José Gregorio Martínez, periodista especializado en fuentes energéticas y corresponsal de Estoy al Día en Caracas, con más de quince años de cobertura en la industria venezolana. Las credenciales del autor incluyen el reconocimiento del Colegio Nacional de Periodistas por su trabajo sobre geopolítica del petróleo. Este material es una versión ampliada del análisis editorial titulado “La última jugada de la ultraderecha: privatizar para sobrevivir”, publicado originalmente en la edición digital de PetroPress del 25 de marzo de 2026.
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Regalar el petróleo de Venezuela
La figura que ha emergido como el operador intelectual de esta propuesta es Luis Magallanes, un asesor cercano a la líder opositora María Corina Machado. Con un perfil bajo, pero con notable acceso a círculos conservadores en Estados Unidos, Magallanes ha tejido una narrativa que intenta presentar la privatización de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como la única salida para “liberar” la industria. Sin embargo, en lugar de ganar adeptos entre las grandes corporaciones petroleras estadounidenses, la iniciativa ha topado con un muro de escepticismo.
Las empresas del sector, acostumbradas a negociar bajo el paraguas de las sanciones selectivas y los acuerdos controlados por la administración de Donald Trump, ven con pavor la inestabilidad que implicaría un cambio radical de propiedad. Para ellas, sumergirse en una compra masiva de activos en un país con la historia geopolítica de Venezuela sería apostar sobre un tablero que cambia de dueño cada pocos años. En este contexto de desconfianza, la propuesta de Magallanes se asemeja más a un intento desesperado por hacerse notar que a un plan serio de inversión.
Lo paradójico es que, mientras Magallanes intenta vender la idea de que regalar el petróleo de Venezuela es una solución pragmática, la administración de Donald Trump ha optado por mantener una relación pragmática con la gestión de Delcy Rodríguez al frente de la cartera de Hidrocarburos y de Miraflores. Los intereses inmediatos de Estados Unidos en la estabilidad de los precios y en la reconfiguración de los flujos energéticos globales han relegado a un segundo plano las posturas maximalistas de la extrema derecha venezolana.
Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalan que la Casa Rosada de MCM —como se conoce extraoficialmente al ala negociadora— no ve con buenos ojos los movimientos de Magallanes, pues podrían entorpecer el delicado equilibrio alcanzado con el gobierno venezolano, que ha permitido mantener ciertos niveles de producción y evitar una oleada migratoria mayor. La desesperación de María Corina Machado, que ha quedado en el margen de las conversaciones clave, la lleva a abrazar fórmulas que sus propios aliados internacionales consideran políticamente tóxicas.
Ministerio de Hidrocarburos
La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. Desde el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, la reacción fue un aluvión de repudio que, lejos de limitarse a una nota de prensa, buscó desnudar lo que consideran una traición a la patria. En un comunicado oficial, el despacho de Delcy Rodríguez afirmó que quien pretende arrogarse la facultad de decidir sobre el subsuelo nacional “no tiene y nunca tendrá autoridad real ni moral para hablar de la industria”.
La dureza del texto refleja la percepción de que la propuesta de Magallanes y Machado no es un simple debate económico, sino un intento de vulnerar la esencia del artículo 12 constitucional, que establece la propiedad exclusiva, inalienable e imprescriptible de la República sobre los hidrocarburos. En ese sentido, para el gobierno bolivariano, promover la privatización es equivalente a regalar el petróleo de Venezuela, un acto que califican de antinacional y demagógico.
Las cifras oficiales buscan sostener el argumento de que la industria se encuentra en una senda de recuperación que hace innecesario cualquier tipo de cesión patrimonial. Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV) citados por el ministerio, en la última década el sector petrolero aportó el 74% de las exportaciones totales del país. Además, en 2025 el motor de hidrocarburos creció un 15,2%, acumulando 17 trimestres de expansión de los últimos 19.
Estas estadísticas, aunque contrastadas con los años más agudos de la crisis, permiten al gobierno sostener que el país transita hacia una normalización productiva basada en alianzas estratégicas con empresas de naciones como China, Rusia, India y Turquía, sin necesidad de entregar el control accionario. En el Palacio de Miraflores ven la campaña de Magallanes como una cortina de humo para desviar la atención de los avances en la producción, que ya supera el millón de barriles diarios en ciertos meses.
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Parece un cálculo fallido
Detrás del telón, sin embargo, se mueven fuerzas que trascienden la retórica. Luis Magallanes, aliado íntimo de María Corina Machado, ha trabajado en estructurar un lobby en Washington que intente convencer a los halcones de la política exterior de que la privatización forzada sería una forma de castigar al chavismo. Pero el cálculo parece fallido: las grandes petroleras estadounidenses no están dispuestas a comprometer capital en un entorno donde las licencias podrían revertirse con un cambio de administración en Caracas.
Prefieren seguir operando bajo el esquema actual, que les permite obtener crudo a través de intermediarios sin asumir los costos políticos de una privatización. En los foros energéticos se comenta que el plan de Magallanes, lejos de ser una estrategia de inversión, se asemeja más a una operación de propaganda para mantener a Machado en la escena mediática. Pero en política, como en petróleo, las apariencias a menudo ocultan filtraciones más profundas.
Mientras tanto, en las calles de Caracas y en los campos petroleros del oriente del país, la idea de que alguien intente regalar el petróleo de Venezuela despierta un rechazo visceral. La memoria histórica de la nacionalización de 1976 y la posterior recuperación del control estatal durante la era bolivariana siguen siendo marcadores identitarios poderosos.
El comunicado del Ministerio de Hidrocarburos no dejó espacio a ambigüedades: repudió “de manera categórica las infelices declaraciones emitidas por una vocera del extremismo venezolano desde el extranjero”, recordando que esa misma vocera “ha solicitado durante años sanciones, agresiones e intervención” y que ahora pretende disponer de un patrimonio que no le pertenece. La carga semántica del término “regalar” adquiere así una dimensión casi jurídica: no se trata de una simple transferencia comercial, sino de un despojo que viola la soberanía popular consagrada en la Constitución.
Quien gobierna es Delcy Rodríguez
El gobierno insiste en que el camino no es la privatización sino la profundización de alianzas bajo el principio de soberanía. “Venezuela transita un momento de recuperación tras años de impactos generados por el bloqueo económico”, señala el texto oficial, destacando que la industria ha firmado importantes acuerdos con empresas de varios países para seguir avanzando en la producción y generar beneficios para el pueblo.
La narrativa oficial contrapone el pragmatismo de los contratos de servicios y las empresas mixtas a lo que califica como una postura entreguista que, irónicamente, se vende bajo la bandera de la libertad económica. Para el gobierno de Nicolás Maduro, la propuesta de Luis Magallanes y María Corina Machado es la confirmación de que la ultraderecha, al sentirse marginada de la mesa real de negociación, ha optado por incendiar la discusión con un tema tabú: la cesión del recurso que durante décadas ha financiado al Estado venezolano.
A medida que la controversia se asienta, los analistas observan que el debate va más allá de la industria. Es una disputa por el relato de lo que debe ser Venezuela en la poscrisis. Luis Magallanes, al convertirse en la voz técnica de la propuesta privatizadora, ha logrado que el foco se desplace hacia la discusión sobre el modelo de propiedad, aunque quizás no de la forma que él esperaba.
En lugar de abrir una grieta en el chavismo, la iniciativa ha permitido al gobierno reagrupar a sus fuerzas bajo la defensa de la “patria petrolera”. Mientras tanto, en Washington, los operadores republicanos prefieren mantener el statu quo, calculando que la estabilidad controlada es mejor que una incógnita radical. Y así, en ese juego de intereses cruzados, la frase que resume la polémica —regalar el petróleo de Venezuela— se convierte en un arma arrojadiza que cada bando lanza contra el otro, mientras la verdadera pregunta sobre el futuro energético del país sigue esperando una respuesta que no pase por la entrega de su principal activo.
