Las grietas dentro de Israel: organizaciones denuncian crímenes de guerra contra civiles gazatíes
Por primera vez desde el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, organizaciones israelíes de derechos humanos han calificado abiertamente las acciones del Estado como un posible genocidio. Dos entidades de reconocida trayectoria internacional, B’Tselem y Physicians for Human Rights–Israel (PHRI), difundieron informes contundentes donde acusan al gobierno de Benjamín Netanyahu de utilizar la destrucción sistemática de la vida civil en Gaza como herramienta bélica deliberada.
Este giro no proviene de actores internacionales ni de países adversarios a Israel, sino del propio núcleo social y legal del país, lo cual eleva el peso político, ético y judicial de la acusación.
“Lo que ocurre en Gaza es una política de aniquilación sistemática”
En un informe publicado este lunes, B’Tselem, dirigida por el jurista y activista Yehuda Shaul, afirma que “la estrategia israelí ya no puede ser interpretada como operaciones militares legítimas: estamos ante un patrón destructivo y continuado que cumple los criterios del genocidio según la Convención de la ONU de 1948”. La organización, que ha documentado violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos desde hace más de tres décadas, sostiene que la infraestructura civil de Gaza ha sido objeto directo de ataques indiscriminados, incluyendo escuelas, hospitales, depósitos de alimentos y plantas de tratamiento de agua.
Silencio institucional, pero creciente disidencia interna
Mientras el gobierno israelí no ha emitido respuestas oficiales frente a estos informes, importantes figuras del sistema judicial israelí comienzan a expresar preocupación. Michael Sfard, abogado de derechos humanos y asesor legal de varias ONGs israelíes, alertó que “el cerco total, la privación de ayuda y el bombardeo sistemático de zonas civiles están siendo cuidadosamente documentados, y pueden configurar crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
En paralelo, Physicians for Human Rights–Israel, presidida por la doctora Ruchama Marton, denunció que “los ataques contra infraestructura médica no son colaterales, sino ataques dirigidos que buscan desmantelar el sistema de salud de Gaza”. La entidad afirma que más del 75% de las instalaciones médicas han sido destruidas o inutilizadas, mientras la población carece de acceso a agua potable, insulina, antibióticos y tratamientos de emergencia.
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¿Genocidio? La palabra que Israel se negó a enfrentar durante décadas
Aunque la narrativa oficial insiste en que las operaciones son “contra el terrorismo”, los informes sostienen que la proporcionalidad ha sido descartada por completo, y que existe una intención evidente de despojar a Gaza de las condiciones mínimas de habitabilidad. Para B’Tselem, el bloqueo, los cortes eléctricos, los ataques a centros de refugiados y las zonas designadas como “seguras” que luego son bombardeadas “constituyen una escalada sistemática e irreversible hacia una política genocida”.
Esta acusación se alinea con los argumentos expuestos ante la Corte Internacional de Justicia por países como Sudáfrica y Nicaragua, pero ahora proviene del propio seno israelí, lo que implica una fractura política e institucional de gran escala.
La presión interna e internacional converge en un mismo clamor: frenar la masacre
La comunidad internacional ha comenzado a prestar atención a estas voces disidentes desde Israel. El comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, afirmó en su más reciente alocución que “toda denuncia de genocidio debe ser investigada de inmediato y con total independencia, especialmente si proviene de actores internos”. Por su parte, organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han secundado la veracidad y rigor de los informes israelíes.
Desde Jerusalén, la catedrática en Derecho Internacional Orna Ben-Naftali, quien actualmente lidera el Programa de Justicia Global de la Universidad de Reichman, advierte: “El sistema israelí ya no puede esconderse tras la legitimidad defensiva si no demuestra proporcionalidad y distinción entre combatientes y civiles. La doctrina actual no lo hace”.
