La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ubicada en Santo Domingo, medida que ha generado inquietud en círculos diplomáticos y de seguridad regional. La decisión, ordenada por la embajadora Leah F. Campos, no especificó inicialmente la causa, aunque fuentes oficiales y reportes periodísticos la vinculan a una investigación interna por presunta corrupción y abuso de un programa de visas estadounidense destinado a informantes.
Campos declaró en sus redes que “la corrupción no tiene lugar ni siquiera en la percepción dentro de la Embajada” y subrayó que la operación de cooperación antidrogas con las autoridades dominicanas continuará a pesar del cierre temporal de la oficina. El canciller dominicano Roberto Álvarez, por su parte, puntualizó que el cierre “no guarda relación alguna con el Gobierno dominicano ni con funcionarios del Estado”.
Investigación interna y arresto de supervisor: una crisis de confianza institucional
La investigación que motivó el cierre ha escalado rápidamente en gravedad. Fuentes federales informaron que un supervisor de la DEA en República Dominicana, identificado como Melitón Cordero, fue arrestado en el marco de investigaciones lideradas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. por supuestas acciones de soborno y fraude de visas. Según documentos judiciales, Cordero habría aceptado dinero a cambio de facilitar pasaportes y visados, acelerando al menos 119 solicitudes, algunas de las cuales podrían ser sospechosas o fraudulentas.
El programa de visas para informantes —diseñado para permitir a extranjeros colaborar con agencias del orden a cambio de estatus migratorio temporal— ha sido objeto de críticas de auditorías internas anteriores, que señalaron deficiencias de seguimiento. En este contexto, la detención de un alto funcionario dentro de la misma DEA representa un golpe a la percepción de integridad de las operaciones internacionales de la agencia.
Cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico
La República Dominicana es un actor clave en la lucha contra el tráfico de drogas en la región del Caribe, colaborando extensamente con agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y la Guardia Costera. En años recientes, acuerdos estratégicos con el presidente Luis Abinader ampliaron el acceso operativo de EE. UU. en instalaciones como la base aérea de San Isidro para fortalecer contramedidas.
Pese a ello, la repentina suspensión de una oficina crítica en esta cooperación —junto con el traslado del personal— ha generado preguntas sobre cómo se gestionarán las operaciones conjuntas a corto y mediano plazo. Funcionarios estadounidenses aseguran que el trabajo continuado con la República Dominicana es una prioridad y que las labores antidrogas no se verán comprometidas.
Implicaciones para la seguridad regional y la confianza institucional
El cierre de una oficina operacional de la DEA en un país aliado, junto con el arresto de un supervisor de alto rango, plantea interrogantes sobre la solvencia de los mecanismos de control interno dentro de agencias clave de seguridad. Para analistas en políticas internacionales, como la investigadora Vanda Felbab-Brown del Brookings Institution, estos eventos pueden erosionar la confianza pública y complicar la cooperación técnica si no se aplican reformas contundentes y transparencia.
Al mismo tiempo, el Gobierno dominicano reafirma su disposición a seguir colaborando en esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, enfatizando que la crisis es de carácter interno estadounidense.
La interrogante central que surge es inevitable:
