La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la propuesta de Ley de Amnistía constituye un paso decisivo hacia el fin del odio político y la reconciliación nacional. Durante un acto público en el que se entregaron más de 5.000 títulos de propiedad a familias campesinas, sostuvo que el instrumento jurídico permitiría avanzar hacia el fin del odio político tras episodios de confrontación y violencia registrados en los últimos años. En su intervención, insistió en que el país necesita superar la polarización para consolidar el fin del odio político como base de estabilidad institucional y desarrollo económico.
Un mensaje político en medio de la polarización persistente
El planteamiento fue reseñado inicialmente por el periodista Andrés Rojas en el portal informativo “Crónica Nacional”, medio digital especializado en política venezolana. En su trabajo titulado “Rodríguez impulsa Ley de Amnistía como vía de reconciliación”, Rojas —con más de doce años cubriendo la fuente gubernamental y procesos legislativos— contextualizó las declaraciones dentro de una agenda oficial orientada a reactivar mecanismos de diálogo político y distensión institucional tras eventos de tensión ocurridos a comienzos de año.
Según la funcionaria, la norma permitiría revisar procesos judiciales vinculados a hechos de carácter político y abrir espacios para el fin del odio político en el marco constitucional. En su discurso evocó la necesidad de superar los efectos del extremismo y llamó a todos los sectores a dirimir diferencias mediante la Diplomacia Bolivariana de Paz. La propuesta surge en un contexto en el que, de acuerdo con datos del Ministerio Público, se han registrado centenares de causas relacionadas con delitos asociados a manifestaciones políticas desde 2014, un período marcado por ciclos de protestas y confrontación.
Amnistía bajo la lupa: justicia, límites y estándares internacionales
Especialistas en derecho constitucional advierten que la viabilidad de una amnistía dependerá de su alcance jurídico y compatibilidad con estándares internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las leyes de amnistía no pueden cubrir violaciones graves de derechos humanos. Juristas consultados en Caracas subrayan que el equilibrio entre justicia y reconciliación será determinante para evaluar la legitimidad del instrumento. “Una amnistía no puede convertirse en sinónimo de impunidad”, explica la profesora universitaria Ana María González, experta en derecho público.
Desde la perspectiva académica, politólogos como Benigno Alarcón señalan que la reconciliación requiere más que una disposición legal. “El clima político se transforma con garantías de participación, confianza institucional y respeto a los derechos fundamentales”, sostuvo en entrevista reciente. Organizaciones no gubernamentales han insistido en que cualquier iniciativa orientada al fin del odio político debe incluir transparencia procesal y mecanismos de reparación para víctimas de violencia política.
Economía, sanciones y reconciliación: el trasfondo estratégico
El Ejecutivo argumenta que la iniciativa contribuiría al fin del odio político al generar condiciones para la reintegración de actores procesados y fomentar la convivencia democrática. Durante el acto conmemorativo, Rodríguez instó a los sectores productivos a “marchar juntos” frente a las sanciones internacionales que, según el Gobierno, han afectado el desempeño económico. El Banco Central de Venezuela reportó un crecimiento moderado del producto interno bruto en 2023 y 2024, aunque analistas independientes advierten que persisten desafíos en materia inflacionaria y recuperación del poder adquisitivo.
El vínculo entre reconciliación política y desempeño económico forma parte del argumento oficial: la estabilidad institucional sería condición para atraer inversión y fortalecer la producción nacional. Sin embargo, expertos en economía política sostienen que la recuperación sostenida dependerá de confianza jurídica, previsibilidad normativa y apertura al diálogo amplio, factores que trascienden el ámbito estrictamente legislativo.
El desafío decisivo: credibilidad institucional y aplicación efectiva
En el plano legislativo, corresponderá a la Asamblea Nacional debatir y precisar el alcance de la propuesta. Diputados oficialistas han manifestado respaldo a la medida, mientras sectores opositores condicionan su apoyo a la incorporación de cláusulas claras sobre exclusiones y revisión judicial independiente. El debate ocurre en un entorno donde encuestas privadas muestran niveles variables de confianza ciudadana en las instituciones públicas, elemento central para evaluar la legitimidad de cualquier reforma.
La comunidad internacional observa el proceso con atención. Representantes de Naciones Unidas han reiterado la importancia de preservar el Estado de derecho y el acceso a la justicia como pilares de la convivencia democrática. Expertos de la Universidad Central de Venezuela advierten que el fin del odio político dependerá no sólo de la aprobación formal de la ley, sino de su aplicación efectiva y del compromiso real de todos los actores con la reducción de la confrontación.
El debate sobre la amnistía se inscribe en una historia reciente marcada por polarización estructural y episodios de violencia política. Desde 1999, el país ha atravesado ciclos de tensión que han impactado la cohesión social y la percepción internacional. La propuesta oficial pretende abrir un nuevo capítulo, aunque su éxito dependerá de la capacidad de articular consensos amplios y verificables. Si logra consolidarse como instrumento de convivencia y no como recurso coyuntural, la Ley de Amnistía podría convertirse en un punto de inflexión en la búsqueda de estabilidad institucional en Venezuela.
