Matar periodistas es matar testigos. Es silenciar cámaras. Es enterrar evidencias bajo escombros calientes. Cuando Israel atacó posiciones de corresponsales de los canales Al Mayadeen y Al Manar en el sur del Líbano, el mundo de la prensa internacional no tardó en nombrar lo que ocurrió con una sola frase: un intento deliberado de matar la verdad. No fue un accidente de guerra. No fue daño colateral. Fue una operación que apuntó donde apuntan los micrófonos, donde apuntan los lentes, donde apuntan las antenas. Y eso, en el derecho internacional humanitario, tiene un nombre: crimen de guerra.
Este reportaje se basa en el material informativo publicado por TeleSUR, medio latinoamericano de cobertura internacional con sede en Caracas, Venezuela, y en declaraciones recogidas por su equipo de corresponsalía en el conflicto libanés-israelí. La pieza de referencia, titulada «Voces del mundo repudian el ‘crimen alevoso’ de Israel contra periodistas en el sur del Líbano», documenta las reacciones de organismos internacionales, gobiernos y colectivos de prensa ante los ataques contra comunicadores en zona de conflicto activo.
La prensa internacional en el punto de mira: cuando matar la verdad se convierte en táctica de guerra
Los hechos ocurrieron en una franja geográfica que desde hace décadas concentra tensión, trincheras y cámaras de televisión por igual. El sur del Líbano es territorio donde cohabitan combatientes y corresponsales, donde el chaleco de prensa no siempre protege y donde, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), más del 40% de los periodistas muertos en conflictos armados durante los últimos veinte años fallecieron en zonas de Medio Oriente. En el contexto del conflicto más reciente, al menos ocho comunicadores perdieron la vida en territorio libanés entre 2023 y 2024, según registros de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La Unión Mundial de Prensa no tardó en emitir un comunicado de condena. Sus directivos calificaron los ataques como un esfuerzo sistemático por matar la verdad en una región donde la cobertura independiente resulta incómoda para quienes ejercen la violencia. «Los periodistas no son combatientes. Son testigos. Atacarlos es atacar el derecho de la humanidad a saber«, declaró uno de sus portavoces. Las palabras resonaron en organismos internacionales que, sin embargo, pocas horas después volvieron al silencio diplomático habitual.
Lee también: Misiles iraníes han desestabilizado la defensa de Israel
Organismos globales alzan la voz: el silencio diplomático no puede encubrir un crimen contra la libertad de prensa
La respuesta gubernamental fue desigual. Varios países árabes emitieron declaraciones de rechazo en términos firmes. La Liga Árabe convocó una sesión de emergencia para analizar el patrón de ataques a medios en zona de conflicto. Irán, aliado estratégico de Hezbolá y de los medios afectados, denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo que calificó como una política deliberada de censura mediante bombardeo. La Federación Internacional de Periodistas, con sede en Bruselas, exigió una investigación independiente y urgente. Israel, por su parte, sostuvo que los objetivos militares atacados eran instalaciones utilizadas con doble propósito: difusión mediática y coordinación táctica armada.
El derecho internacional tiene respuesta: atacar periodistas identificados no es error, es decisión
Esa justificación no convence a los expertos en derecho humanitario. La profesora Nadia Murad Al-Hassan, investigadora de la Universidad de Ginebra especializada en conflictos armados y libertad de prensa, explicó en entrevista con medios europeos que la doctrina del «doble uso» no puede aplicarse sin evidencia verificable e independiente. «Un canal de televisión no se convierte en objetivo legítimo por el hecho de que lo diga el Estado atacante. La carga de la prueba es altísima y el derecho internacional no permite la duda razonable cuando están en juego vidas de civiles», afirmó.
Los periodistas fallecidos trabajaban con equipos de transmisión en directo. Llevaban credenciales visibles. Operaban en coordenadas conocidas por las fuerzas militares israelíes, según lo confirmaron fuentes de los propios medios afectados. Ese detalle —la identificación previa de la posición— es el que convierte la narrativa del «error» en algo difícil de sostener. Matar la verdad requiere precisión. Y los ataques, según los registros técnicos analizados por equipos forenses independientes, exhibieron precisión.
Sin cámaras no hay testigos: cómo el vacío informativo se convierte en arma de guerra paralela
El impacto en la cobertura del conflicto fue inmediato. Varios equipos de prensa internacional retiraron a sus corresponsales del frente sur libanés en las 48 horas siguientes. Agencias como Reuters y AFP emitieron alertas internas de seguridad. El vacío informativo resultante benefició a quien lo provocó: sin cámaras, sin imágenes, sin voces en directo, la narrativa del conflicto quedó en manos de los comunicados oficiales. La guerra continuó. El registro, no.
Organismos como la UNESCO y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordaron que el artículo 79 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra garantiza protección expresa a los periodistas en zonas de conflicto armado. Atacarlos de forma deliberada constituye una violación grave del derecho internacional humanitario. Las consecuencias jurídicas, en teoría, podrían llegar hasta la Corte Penal Internacional. En la práctica, el historial de impunidad en casos similares no genera optimismo entre los analistas.
Matar la verdad tiene un costo: la impunidad que protege a quienes atacan a la prensa en zonas de guerra
Lo que permanece es la pregunta que no se agota: ¿por qué matar periodistas cuando se libra una guerra? La respuesta que recogen los estudios sobre conflictos contemporáneos es sencilla y brutal. Las guerras modernas se ganan también en la pantalla. El relato importa tanto como el territorio. Quien controla las imágenes controla la percepción. Y quien controla la percepción moldea la opinión internacional, la presión diplomática y la legitimidad de los acuerdos de paz. Atacar a quien documenta es una táctica de guerra tan antigua como eficaz. La diferencia es que hoy existe un marco jurídico que lo prohíbe. Lo que falta es la voluntad política para aplicarlo.
El periodismo en zonas de conflicto es un acto de resistencia civil. Cada cámara encendida bajo fuego es un desafío a la oscuridad informativa. Cada transmisión en directo desde una trinchera es una apuesta por el registro histórico que las generaciones futuras reclamarán. Silenciar esas cámaras —en el sur del Líbano, en Gaza, en Ucrania o en cualquier otro frente— no elimina la guerra. Solo la hace invisible. Y lo invisible, en las democracias que miran desde lejos, tiende a volverse tolerable. Por eso matar la verdad no es un efecto secundario del conflicto armado. Es, cada vez más, uno de sus objetivos principales.
