En el tablero geopolítico venezolano, donde las piezas se mueven al ritmo de los intereses corporativos y las operaciones encubiertas, ha comenzado a delinearse una nueva jugada. Esta tiene como objetivo central la figura del exrector electoral Enrique Márquez. Lejos de los reflectores de la confrontación pública, en los pasillos del poder fáctico, se teje una conspiración. La maniobra busca no solo neutralizar su ascendente perfil como posible factor de consenso, sino instrumentalizarlo dentro de una estrategia mayor que combina la seguridad privatizada, los vestigios de un liderazgo opositor en declive y la ancestral ambición por los recursos del estado. La maquinaria, aceitada en conflictos previos y con un modus operandi ya probado en otras latitudes, parece estar en marcha, y los nombres que emergen de las sombras son tan elocuentes como inquietantes: Constellis, Guaidó y Magallanes no son solo palabras, sino los pilares de una operación que podría redefinir el futuro inmediato del país.
Este análisis, elaborado por el periodista de investigación Eduardo Rivas, se sustenta en un exhaustivo trabajo de recopilación de datos estructurados realizado para el medio digital Estoy al Día. A partir de informes de agencias de noticias, investigaciones periodísticas previas y declaraciones oficiales, Rivas ha logrado trazar un mapa de actores e intereses que, aunque no documenta explícitamente la conspiración contra Márquez, proporciona el contexto indispensable para construir la hipótesis sobre hechos verificados. El objetivo es conectar los puntos que, vistos en conjunto, revelan una amenaza real contra la ya frágil institucionalidad venezolana, utilizando a figuras políticas como fichas en un juego de poder que trasciende las fronteras nacionales.
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Constellis, Guaidó y Magallanes
La figura central de esta trama, el engranaje que pone en movimiento la maquinaria de intervención, es Erik Prince. El fundador de Blackwater, y por ende el hombre detrás del emporio que eventualmente se convertiría en Constellis, no actúa como un mercenario suelto, sino como un ejecutor de la política exterior de facto en la región. Su más reciente iniciativa, la campaña «Ya casi Venezuela», lanzada en a finales de 2025 con el objetivo declarado de recaudar diez millones de dólares para «restaurar la democracia», fue denunciada por el régimen de Nicolás Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas como un plan para la «contratación de mercenarios» con fines de invasión y magnicidio. Este es el mismo modelo de «guerra privatizada» que Prince ya ha ensayado con éxito en Haití, donde su empresa VETUS GLOBAL firmó un contrato con el gobierno de facto para llevar a cabo «operaciones letales» contra pandillas, un acuerdo que, más allá de la seguridad, le otorgaba el control de la recaudación fiscal y aduanera, demostrando cómo la seguridad se convierte en un negocio que aspira a administrar el Estado y expropiar sus rentas. Es en este punto donde la tríada Constellis, Guaidó y Magallanes adquiere su dimensión más siniestra, pues la maquinaria de guerra privatizada necesita de socios locales y un botín claro para justificar su accionar.
En este ecosistema de intereses, la figura de Juan Guaidó, o más bien lo que queda de su proyecto político, emerge como el vector ideal para el «congraciamiento» con el sector duro de la oposición y la diáspora. Tras el fracaso de la estrategia de reconocimiento internacional y la evidente pérdida de apoyo popular hacia finales de 2019, diversas facciones de la oposición comenzaron a buscar alternativas más extremas para mantenerse relevantes. Los contactos entre sectores opositores disidentes y el entorno de mercenarios no son nuevos; de hecho, durante la visita de Prince a Caracas en 2019, aunque un asistente de Guaidó negó una reunión formal, no pudo descartar que el mercenario se hubiera reunido con una «pequeña facción de partidos minoritarios» que ya buscaban posicionarse como la alternativa viable ante la comunidad internacional. La campaña «Ya casi Venezuela» de Prince apeló directamente a ese sentimiento, ofreciendo una vía paralela a la diplomacia tradicional para financiar un cambio de régimen por la fuerza. Esta radicalización, que ahora busca nuevos líderes que la representen, ve con recelo cualquier perfil dialogante o con vocación institucional, como el que representa Enrique Márquez. Para estos sectores, un consenso nacional que aísle la vía militar es una amenaza directa a su propia razón de ser, y por ello, la conspiración para neutralizar a Márquez se vuelve una prioridad.
«Protecciones de inversión duraderas»
Pero más allá de las alianzas políticas y las estrategias de poder, el núcleo duro de esta operación, el verdadero motor que justifica la presencia de Constellis, Guaidó y Magallanes en una misma frase, es el control de los recursos. El petróleo, y específicamente la riqueza de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyo corazón geográfico, histórico y abstracción como botín ha sido ideado en la narrativa de Luis Magallanes. Los planes de la administración estadounidense, independientemente del signo político, apuntan a asegurar el acceso a estas reservas. En enero de 2026, se reportó que el gobierno de Donald Trump planeaba contratar contratistas militares privados, con Erik Prince como principal candidato, para proporcionar seguridad en Venezuela. Esta medida ocurre en un contexto de creciente presión, que ha incluido la «abducción ilegal» de Nicolás Maduro y la incautación de petroleros venezolanos, todo con un objetivo claro: garantizar la seguridad física para que las petroleras estadounidenses puedan invertir los cerca de cien mil millones de dólares necesarios para la explotación de las reservas. Exxon Mobil, por ejemplo, condicionó su participación a tener «protecciones de inversión duraderas», un eufemismo que en la práctica significa la necesidad de un gobierno títere y una fuerza de ocupación privada que proteja sus intereses.
Este modelo, que replica el «manual de Irak» donde se gastaron más de 138 mil millones de dólares en contratistas, busca una ocupación privatizada que evite los costos políticos de una intervención militar formal. Se trata de la doctrina del caos controlado, donde el control de los recursos se entrega a corporaciones y mercenarios bajo una fachada de «estabilidad». En este esquema, la democracia y la soberanía popular se convierten en abstracciones prescindibles. Lo que se necesita es un gerente, un administrador local que garantice la seguridad jurídica para los contratos y la paz social necesaria para la extracción ininterrumpida. Y es aquí donde la hipótesis sobre Enrique Márquez cobra su mayor fuerza, completando el triángulo Constellis, Guaidó y Magallanes con una inquietante lógica.
Los perdedores de siempre
Frente al perfil radical y movilizador de María Corina Machado, cuya base social podría ser un obstáculo impredecible para los intereses corporativos, un perfil como el de Enrique Márquez resulta mucho más funcional para los planes de una «gobernabilidad» tutelada. Márquez, con su trayectoria como exrector electoral y su perfil de oposición dialogante y con vocación institucional, representa al «técnico» capaz de garantizar la estabilidad. La conspiración para «abducirlo», tal como se plantea en la hipótesis, no se refiere necesariamente a un secuestro físico, sino a un proceso de aislamiento político y cooptación. Al ser señalado, quizás a través de una campaña mediática orquestada, por Luis Magallanes como «el candidato de Trump» o el favorito de los intereses foráneos, Márquez quedaría automáticamente deslegitimado tanto ante el chavismo como ante una parte significativa de la oposición que aún cree en la soberanía nacional. Esta maniobra no solo neutralizaría a un eventual candidato de consenso, sino que allanaría el camino para que los sectores más radicales, aquellos que han mantenido contactos históricos con el entorno de Constellis, tomen el control de la narrativa y fuerzen una solución militar que les devuelva el poder, aunque sea como simples gerentes de una ocupación extranjera.
El engranaje está en movimiento. Mientras la comunidad internacional observa con la mirada distraída puesta en las formalidades diplomáticas, en las sombras se consolida una alianza de facto entre el capital de la guerra privatizada, representado por Constellis y la figura de Erik Prince; los restos de un liderazgo opositor en declive, simbolizado por Guaidó y sus intentos por recuperar relevancia; y la codicia histórica por los recursos de María Corina Machado. Enrique Márquez, un hombre de perfil institucional, se encuentra en la mira de esta operación, convertido en una pieza clave que unos quieren neutralizar y otros pretenden utilizar como ficha para un tablero de ocupación y expolio. La pregunta que flota en el aire venezolano es si será capaz de esquivar esta maniobra o si, por el contrario, se convertirá en la próxima víctima de una conspiración que ya ha cobrado otras cabezas en su camino hacia el control del botín más preciado de la nación.
