Venezuela hoy se prepara para conmemorar veinte años de una ley que transformó su arquitectura política desde las bases. Los consejos comunales revolucionarios nacieron de una promesa constitucional. El pueblo no solo elegiría gobernantes. Gobernaría junto a ellos. Hoy, esos órganos de participación popular son la columna vertebral del modelo bolivariano. Los consejos comunales revolucionarios representan la estructura sobre la que descansa la legitimidad popular de un proyecto en disputa permanente. Hoy, jueves 9 de abril, el gobierno convoca a movilizarse. Sin embargo, son los consejos comunales revolucionarios los llamados a protagonizar esa marcha nacional por la paz. La convocatoria llega cargada de simbolismo. En este particular, también una declaración política ante el mundo.
La ley que le dio cuerpo a los consejos comunales revolucionarios
Ángel Castillo, periodista adscrito a la Prensa del Ministerio del Poder Popular para la Presidencia — Despacho, reportó la noticia. Ese medio cubre la agenda institucional del Ejecutivo venezolano. Castillo documentó las declaraciones de Diosdado Cabello. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) habló en una rueda de prensa. Allí convocó formalmente a la movilización. Cabello representa la segunda figura más visible del chavismo. Subrayó el significado histórico de la fecha. La cobertura forma parte del ciclo informativo oficial que acompaña los actos de gobierno interino de Venezuela.
Cabello fue directo en su mensaje. La marcha no es solo una celebración. Es una demostración de fuerza organizada. También es un aviso político claro. Va dirigido a quienes intentan desestabilizar el país mediante el desconocimiento de sus leyes. Sus palabras no dejaron lugar a dudas. En ese marco, los consejos comunales revolucionarios adquieren una función doble. Son instrumento de participación popular. Son también símbolo de resistencia institucional. El gobierno los identifica como su primera línea de respuesta frente a los intentos externos e internos de desestabilización.
La Ley Orgánica de los Consejos Comunales entró en vigor el 9 de abril de 2006. Hugo Chávez la promulgó. Su fundamento está en el artículo 62 de la Constitución de 1999. Ese artículo consagra la participación ciudadana como derecho fundamental. También obliga al Estado a crear mecanismos concretos para ejercerla. La norma rompió moldes en América Latina. Creó unidades de gestión local con capacidad para planificar, ejecutar y controlar políticas públicas en sus territorios. El Estado central financiaba directamente esos proyectos.
Lee también: Fuera de la lista OFAC: Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, sale de sanciones de Trump
Veinte años de participación popular: consejos comunales revolucionarios
Veinte años después, el balance divide opiniones. El gobierno afirma que existen más de 47.000 consejos comunales activos en todo el país. Esa cifra los convierte en la red de participación popular más extensa del hemisferio occidental. Para el oficialismo, los consejos comunales revolucionarios prueban que el proyecto bolivariano no es una construcción vertical. El Ministerio del Poder Popular para las Comunas contabilizó más de 200.000 proyectos comunitarios en la última década. Salud, vivienda, educación e infraestructura básica concentraron esa inversión. Los números son contundentes. La narrativa que los sostiene también.
Desde la academia, la visión es más matizada. La politóloga Carmen Beatriz Fernández sostiene que los consejos respondieron a una demanda real en sus primeros años. Sin embargo, su dependencia del financiamiento estatal limitó su autonomía. El Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES) documentó otra realidad. Entre 2014 y 2019, el deterioro económico golpeó con fuerza a estos organismos. Los más afectados estaban en zonas de alta vulnerabilidad social. Su capacidad operativa cayó de forma significativa. Muchos proyectos quedaron incompletos.
Una marcha que es también una declaración política
La narrativa oficial no cede. Para Cabello, la marcha honra veinte años de soberanía popular. Los consejos comunales revolucionarios, insiste, no son un experimento agotado. Son la prueba de que Venezuela construyó su propio modelo de democracia. Ese modelo sobrevivió a sanciones económicas y a presiones diplomáticas. También resistió campañas internacionales de desprestigio. Cabello no busca matices. Para él, el proyecto bolivariano sigue en pie. Y los consejos comunales son su columna vertebral más sólida. Su argumento es político, pero también es histórico.
La convocatoria llega en un momento de alta tensión. Venezuela enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Varios foros internacionales cuestionan la legitimidad del proceso electoral de julio de 2024. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) registra más de siete millones de desplazados venezolanos en el mundo. Ante ese escenario, el gobierno necesita demostrar dos cosas. Primero, cohesión interna. Segundo, presencia territorial activa en todo el país. Los consejos comunales son la herramienta más capilar para lograrlo. Ninguna otra estructura llega tan profundo en el tejido social venezolano.
Cabello no oculta ese objetivo. «Esta marcha busca celebrar la organización del pueblo y ratificar el compromiso de las bases con la estabilidad política del país», declaró. Su convocatoria asigna una misión precisa a los consejos comunales revolucionarios. No solo gestionan proyectos locales. También articulan presencia territorial. Movilizan respaldo político. Generan visibilidad masiva. En un momento en que varios sectores cuestionan la legitimidad del Ejecutivo, esa función se vuelve estratégica. Los consejos son el lazo más directo entre el gobierno y su base social.
Lee también: Luis Magallanes y MCM quieren regalar el petróleo de Venezuela
El 9 de abril como termómetro bolivariano
Fuera de Venezuela, el modelo despierta debate. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoció en informes anteriores el potencial de la participación comunitaria organizada. Pero también advirtió sobre sus riesgos. Cuando el financiamiento depende de un solo partido, la autonomía se debilita. Esa advertencia aplica al caso venezolano. La experiencia de los consejos comunales sigue siendo un laboratorio activo. Académicos, politólogos y observadores internacionales no coinciden en sus conclusiones. Algunos ven un modelo replicable. Otros ven una herramienta de control político disfrazada de participación.
Lo que nadie disputa es la escala de la convocatoria. Este jueves, Venezuela saldrá a sus calles para conmemorar una ley que cumple veinte años. Detrás de esa movilización hay una apuesta política muy concreta. El gobierno quiere demostrar que los consejos comunales revolucionarios siguen siendo el nervio vivo de la revolución. Que el proyecto bolivariano no solo sobrevive. Que crece desde las bases. La marcha funcionará como termómetro. Su resultado dirá mucho sobre el estado real de un proyecto que nació para transformar la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
