En noviembre de 2022, la administración de Biden otorgó a Chevron una licencia para reanudar operaciones limitadas en Venezuela, lo que permitió a la empresa producir y exportar petróleo desde el país sudamericano. Esta medida buscaba aliviar las sanciones y fomentar negociaciones políticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Sin embargo, en marzo de 2025, la administración del presidente Donald Trump decidió revocar la licencia de Chevron, citando incumplimientos por parte del gobierno venezolano en acuerdos migratorios y electorales. Esta revocación obliga a Chevron a cesar sus operaciones en Venezuela en un plazo de 30 días, lo que representa aproximadamente el 25% de la producción petrolera del país y podría afectar el flujo de divisas en el mercado cambiario venezolano.
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La salida de Chevron también podría impactar negativamente en la economía venezolana, que había mostrado una recuperación lenta en los últimos años, en parte gracias a la colaboración con la empresa estadounidense. Además, la revocación de la licencia podría complicar los vuelos de repatriación de inmigrantes venezolanos desde Estados Unidos, ya que la licencia facilitaba ciertos acuerdos entre ambos países para realizar estos vuelos sin mayores contratiempos.
En respuesta a la revocación de la licencia, el gobierno venezolano ha expresado su rechazo y ha acusado a la administración Trump de sucumbir a la presión de sectores opositores. Mientras tanto, Chevron ha solicitado una extensión de al menos 60 días para cerrar sus operaciones en Venezuela, y su CEO, Mike Wirth, ha mantenido conversaciones con altos funcionarios de la administración Trump para buscar esta extensión.
La situación actual genera incertidumbre sobre el futuro de la industria petrolera venezolana y la economía del país en general, ya que la salida de Chevron podría llevar a una disminución en la producción de petróleo y afectar negativamente las finanzas nacionales.
