La Corte Internacional de Justicia declaró a Myanmar responsable de genocidio contra la población rohinyá por las operaciones militares de 2017. Reino Unido respondió con la expulsión del agregado de Defensa birmano y solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El fallo abre un nuevo capítulo en la lucha contra la impunidad por crímenes internacionales.
Reino Unido expulsa al agregado militar de Birmania tras histórico fallo por genocidio rohinyá
La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de declarar a Myanmar responsable de genocidio contra la población rohinyá convirtió este 19 de noviembre de 2026 en una fecha histórica para el derecho internacional. Horas después del fallo, el Gobierno del Reino Unido anunció la expulsión del agregado de Defensa de la embajada birmana, convocó al encargado de negocios y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La reacción británica busca trasladar la condena judicial al terreno diplomático y aumentar la presión para que se cumplan las obligaciones impuestas al Estado asiático.
El ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, confirmó que Londres adoptaba medidas inmediatas y anticipó nuevas acciones para exigir responsabilidades. El Gobierno sostuvo que la sentencia representa un mensaje contra la impunidad y reiteró su respaldo a la Corte y al orden jurídico internacional. La decisión se suma a las sanciones que Reino Unido ya mantiene contra las autoridades militares de Myanmar.
Genocidio rohinyá: un fallo sin precedentes
La CIJ, principal órgano judicial de Naciones Unidas, resolvió el litigio presentado por Gambia contra Myanmar por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El tribunal concluyó que el Estado birmano cometió genocidio contra los rohinyás durante las operaciones militares de 2017 en el norte del estado de Rakáin.
La decisión tiene un carácter excepcional: según Naciones Unidas, es la primera vez que la Corte determina que un Estado ha cometido genocidio. Los jueces consideraron acreditados asesinatos, graves daños físicos y mentales y medidas destinadas a impedir nacimientos. También concluyeron que la intención de destruir, total o parcialmente, una parte sustancial del grupo rohinyá era la única inferencia razonable derivada de las pruebas examinadas.
El fallo fue adoptado por mayoría de nueve votos contra seis. La Corte también determinó que Myanmar incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar el genocidio, además de vulnerar medidas provisionales anteriores relacionadas con la preservación de pruebas. El tribunal señaló que hubo destrucción de evidencias y obstáculos para investigaciones efectivas.
La resolución no debe confundirse con una sentencia de un tribunal penal contra personas concretas. La CIJ establece responsabilidad internacional de los Estados y resuelve controversias entre ellos; no impone penas de prisión a generales, funcionarios o integrantes de fuerzas armadas. La investigación y eventual persecución penal de individuos requieren procedimientos ante jurisdicciones competentes.

La operación militar de 2017: genocidio rohinyá
La ofensiva que originó el caso provocó una de las mayores crisis de desplazamiento de Asia contemporánea. Tras ataques de insurgentes rohinyás contra puestos de seguridad, las fuerzas militares de Myanmar lanzaron operaciones en comunidades del estado de Rakáin. La respuesta derivó en asesinatos masivos, violencia sexual, incendios de poblados y desplazamientos forzados.
La Corte examinó pruebas sobre ejecuciones, violaciones, ataques contra niños y civiles que intentaban huir, así como la destrucción deliberada de viviendas y aldeas. Las conclusiones judiciales describen una campaña de violencia que afectó a una población civil por su pertenencia étnica y religiosa. El fallo identificó más de diez mil muertes violentas en el contexto de las operaciones.
Más de 700.000 rohinyás huyeron entonces hacia Bangladesh. La cifra se sumó a desplazamientos anteriores y posteriores, mientras cientos de miles permanecieron fuera de sus hogares. Actualmente, alrededor de un millón de refugiados rohinyás viven en Bangladesh, especialmente en el distrito de Cox’s Bazar, donde las condiciones humanitarias siguen siendo frágiles.
La sentencia reconoce décadas de persecución y exclusión institucional.
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Obligaciones y desafíos para Myanmar
La Corte ordenó a Myanmar adoptar medidas para poner fin a las violaciones, investigar a las personas razonablemente sospechosas de cometer actos prohibidos por la Convención y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas. También exigió garantías de no repetición y medidas de restitución para la población rohinyá desplazada.
Entre esas medidas figura facilitar el retorno seguro, voluntario y digno a los lugares de residencia, así como la reunificación familiar y la restitución de bienes. El Estado deberá compensar los daños que no sean reparados mediante restitución. La cuantía y las modalidades de esa reparación se determinarán en una fase posterior del procedimiento.
Myanmar deberá presentar a la Corte, dentro de dos años, un informe sobre las medidas de restitución y las modalidades de compensación. El cumplimiento será complejo en un país sometido a una profunda crisis política y de seguridad desde el golpe militar de febrero de 2021. La persistencia del conflicto interno plantea obstáculos para garantizar protección, acceso humanitario y condiciones reales de retorno.
La sentencia es vinculante, pero la CIJ no dispone de fuerza policial. Su ejecución depende de Myanmar y de la presión internacional. El Consejo de Seguridad puede actuar, aunque las divisiones entre sus miembros permanentes pueden limitar medidas coercitivas.

Genocidio rohinyá: presión internacional y responsabilidad
La petición británica busca mantener el caso en la agenda del Consejo de Seguridad y promover una respuesta coordinada. António Guterres respaldó el fallo y reclamó acciones contra la impunidad.
El proceso fue iniciado por Gambia en noviembre de 2019, en representación de preocupaciones compartidas por miembros de la Organización de Cooperación Islámica. La demanda se fundamentó en la Convención contra el Genocidio, tratado que obliga a los Estados parte a prevenir y sancionar ese crimen. Las audiencias sobre el fondo se celebraron en enero de 2026, después de años de actuaciones y presentación de pruebas.
La sentencia también tendrá relevancia para el desarrollo del derecho internacional. Confirma que un Estado puede ser declarado responsable de genocidio cuando las pruebas acreditan los actos prohibidos y la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo protegido. No significa que todos los conflictos o denuncias futuras recibirán el mismo resultado: cada caso exige un examen independiente y riguroso de sus evidencias.
El desafío inmediato consiste en transformar el reconocimiento judicial en protección efectiva. Para los rohinyás, la justicia no se medirá únicamente por declaraciones diplomáticas, sino por la posibilidad de vivir sin persecución, recuperar sus hogares, obtener reparación y regresar sin amenazas. También será necesario que las investigaciones alcancen a quienes tuvieron responsabilidad material o de mando, conforme a las garantías del debido proceso.
La expulsión del agregado refleja consecuencias diplomáticas, pero el cumplimiento exige mecanismos verificables, asistencia humanitaria y rendición de cuentas.
La pregunta que queda abierta es decisiva: ¿podrá la comunidad internacional convertir esta sentencia histórica en garantías concretas de justicia, reparación y retorno seguro para el pueblo rohinyá, o volverá a imponerse la distancia entre el derecho reconocido y su aplicación efectiva?

