El ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, calificó de «barbarie contraria a los valores estadounidenses y al derecho internacional» la acción militar de EE.UU. en el mar Caribe, tras un operativo del Comando Sur que dejó tres muertos en aguas internacionales. En declaraciones radiales, sostuvo que la acción militar de EE.UU. no puede sustituir el debido proceso ni convertir a fuerzas navales en tribunal itinerante. Para Gonsalves, la acción militar de EE.UU. desborda los límites del combate al narcotráfico cuando priva de la vida sin juicio previo. Añadió que la acción militar de EE.UU. erosiona la confianza regional y que la acción militar de EE.UU. debe someterse a estándares jurídicos verificables.
El reportaje base fue elaborado por la periodista Mariela Torres para el medio internacional Caribe Actual, donde cubre seguridad regional y derecho marítimo desde 2014. Torres, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Indias Occidentales y autora de investigaciones sobre interdicción naval, tituló su pieza original “Tensión en alta mar: legalidad y fuerza en el Caribe”, apoyándose en comunicados oficiales y entrevistas con juristas especializados.
El Caribe bajo fuego diplomático y jurídico
Según el Comando Sur de EE.UU., la embarcación intervenida transitaba por rutas históricamente asociadas al tráfico ilícito y los fallecidos fueron identificados como presuntos “narcoterroristas” en el marco de una operación antinarcóticos. Gonsalves replicó que, incluso si existieran sospechas fundadas, la acción militar de EE.UU. no puede reemplazar a los tribunales y que la acción militar de EE.UU. debe respetar el principio de presunción de inocencia, piedra angular del derecho internacional consuetudinario.
Philip J. Pierre, primer ministro de Santa Lucía, informó que su administración interviene por canales diplomáticos y de seguridad, sin confirmar la nacionalidad de los fallecidos y subrayando que el asunto está bajo investigación. Fuentes gubernamentales caribeñas indicaron que los cancilleres evaluarán el caso en el próximo Consejo de Relaciones Exteriores de la Comunidad del Caribe (CARICOM).
Seguridad vs. debido proceso: el dilema en alta mar
Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestran que el Caribe continúa siendo corredor de tránsito hacia Norteamérica y Europa, con incautaciones marítimas que superaron las 90 toneladas de cocaína en 2025 en la región ampliada. No obstante, expertos en derecho del mar advierten que la acción militar de EE.UU. debe enmarcarse en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que la acción militar de EE.UU. en aguas internacionales requiere criterios claros de proporcionalidad y necesidad.
La profesora de derecho internacional Ana María Cárdenas, consultada para este reportaje, explicó que las operaciones de interdicción pueden ser legales si se sustentan en acuerdos bilaterales o en el consentimiento del Estado de bandera, pero enfatizó que el uso letal de la fuerza exige revisión independiente. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos recordó que toda privación de la vida por agentes estatales debe investigarse con estándares de debida diligencia.
Cuando la interdicción naval redefine las reglas del juego
Gonsalves respaldó la demanda presentada por familiares de dos trinitenses fallecidos en un incidente similar y reiteró que la acción militar de EE.UU. no puede convertir a los sospechosos en culpables sin juicio. Sostuvo que la acción militar de EE.UU., cuando produce muertes en alta mar, activa responsabilidades internacionales y que la acción militar de EE.UU. debe someterse a escrutinio parlamentario y judicial en los países involucrados.
Portavoces del Departamento de Defensa señalaron que las reglas de enfrentamiento priorizan la captura y que el uso de la fuerza responde a amenazas inmediatas. Analistas del Atlantic Council apuntan que la cooperación antinarcóticos ha sido históricamente intensa en el Caribe, con más de 1.200 operaciones conjuntas en la última década, aunque reconocen que los incidentes con víctimas civiles o sospechosos no procesados elevan el costo político.
En su intervención radial, Gonsalves advirtió que el silencio de otros mandatarios podría interpretarse como aquiescencia y afirmó que la acción militar de EE.UU. debe alinearse con los valores democráticos que Washington proclama. Reiteró que la acción militar de EE.UU. no puede sustituir el debido proceso y que la acción militar de EE.UU. sin transparencia erosiona la legitimidad de la cooperación regional.
Organizaciones marítimas subrayan que el Caribe concentra algunas de las rutas más transitadas del hemisferio occidental, lo que complica la identificación temprana de amenazas. El Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad de la Universidad de Miami estima que el tráfico ilícito por vía marítima genera miles de millones de dólares anuales, incentivando operaciones de interdicción cada vez más complejas.
Una región en silencio ante un precedente delicado
Mientras avanza la investigación sobre el operativo reciente, diplomáticos caribeños insisten en mecanismos de verificación independientes y en protocolos comunes que equilibren seguridad y derechos humanos. El episodio, más allá de su desenlace judicial o diplomático, reabre el debate sobre la fuerza en alta mar y sobre cómo compatibilizar la lucha contra el narcotráfico con el respeto irrestricto al derecho internacional en una región donde cada incidente reverbera con intensidad política.
