El Senado de EE. UU. presentó el El Salvador Accountability Act of 2025 (S. 2058), impulsado por los senadores demócratas Chris Van Hollen, Tim Kaine y Alex Padilla. La propuesta contempla sanciones económicas y congelación de activos a Bukele y su círculo, además de una auditoría exhaustiva del uso gubernamental de bitcoin, en un esfuerzo que mezcla preocupaciones por derechos humanos y seguridad financiera.
Sanciones por abusos y opacidad
El proyecto propone:
-
Congelar activos gestionados por EE. UU. pertenecientes a Bukele y otros altos funcionarios.
-
Revocar visados y cortar la ayuda directa estadounidense.
-
Exigir que EE. UU. vote en contra de nuevos créditos en el FMI y el Banco Mundial para El Salvador.
Los impulsores acusan al gobierno salvadoreño de violaciones a los derechos humanos, citando detenciones masivas sin debido proceso durante el “estado de excepción”.
Auditoría cripto: bitcoin bajo la lupa
Una sección clave exige que, en 90 días, el Secretario de Estado y Tesoro informen con detalle:
-
Qué cripto fondos ha gastado el Estado en bitcoin.
-
Las direcciones de billeteras y plataformas usadas.
-
Quiénes tienen acceso y si se ha usado para eludir sanciones.
Los patrocinadores argumentan que la estrategia cripto de Bukele podría facilitar corrupción y evasión financiera.
Tambièn puedes leer: Maduro respalda acusación de Saab contra Bukele como “máximo jefe” de maras por secuestro de 252 venezolanos en El Salvador, y da inicio a una causa penal internacional.
Voces del Congreso y defensa del gobierno
El senador Tim Kaine señaló que EE. UU. no tolerará “esquemas que socaven el estado de derecho”. Van Hollen denunció uso de fondos estadounidenses para alimentar una política de encarcelamiento masivo.
Bukele reaccionó en X burlándose de los demócratas: “HAHAHAHA… the Dems are just salty”, reafirmando su alianza con el presidente Trump en temas de crimen y criptomonedas.
Riesgos geopolíticos y financieros
La ley abre una ventana para presionar a El Salvador ante el uso de bitcoin como activo de reserva, especialmente relevante tras la retirada parcial de bitcoin como moneda legal por presión del FMI. Los defensores de la soberanía argumentan que es una injerencia económica y política, mientras que otros ven en la presión una forma de exigir transparencia.
