Colombia ha perfeccionado, a lo largo de su historia, el arte de evadir responsabilidades sobre sus conflictos internos proyectando sus problemas hacia su vecino más inmediato: Venezuela. El “pote de humo de sus guerrillas” ha sido el recurso predilecto de una clase política que, en vez de asumir la raíz de un conflicto fratricida que ha desangrado al país durante más de seis décadas, prefiere encender alarmas sobre una supuesta complicidad venezolana con los grupos armados. La reciente columna de Alberto Casas Santamaría en EL PAÍS, titulada: «El beso de la muerte con Venezuela«, es un ejemplo de esta estrategia discursiva que busca justificar la incapacidad histórica del Estado colombiano para erradicar el paramilitarismo, el narcotráfico y la insurgencia, culpando a Caracas por la presencia del ELN en la frontera.
Desde hace décadas, Colombia ha encontrado en la retórica antivenezolana una herramienta eficaz para cohesionar ciertos sectores de su opinión pública y, al mismo tiempo, fortalecer su alineación con Estados Unidos, su principal socio estratégico en el continente. No es casualidad que este tipo de narrativas resurjan con fuerza en momentos en que el gobierno colombiano se enfrenta a crisis internas que amenazan la estabilidad política. En esta ocasión, el impasse entre Gustavo Petro y Donald Trump con los deportados ha generado un nuevo ciclo de tensiones, en el que la variable ideológica con Venezuela vuelve a ser el pretexto perfecto para desviar la atención.
Colombia: el pote de humo de sus guerrillas
A lo largo del siglo XX y XXI, la frontera colombo-venezolana ha sido un espacio de disputas y tensiones. Sin embargo, cada vez que ambos países han estado al borde del conflicto, ha surgido la sombra de Washington, ya sea por iniciativa propia o como resultado de maniobras de los políticos colombianos, quienes utilizan a Estados Unidos como un burladero geopolítico. El “pote de humo de sus guerrillas” ha sido un elemento recurrente en este juego diplomático. Las relaciones diplomáticas han sido intermitentes, con momentos de ruptura y reconciliación que siempre han estado condicionados por intereses externos.
En su columna, Casas Santamaría ignora deliberadamente el papel que ha jugado Venezuela como mediador en múltiples ocasiones para facilitar diálogos de paz con la guerrilla colombiana. La historia reciente demuestra que el gobierno venezolano, tanto en la Cuarta como en la Quinta República, ha servido de garantía en diversos procesos de negociación, promoviendo espacios de entendimiento en lugar de fomentar la guerra. A pesar de esto, los sectores más guerreristas de Colombia prefieren insistir en la tesis de que Venezuela es un santuario para los insurgentes, dejando de lado el hecho de que la guerrilla es un fenómeno que nació, creció y se fortaleció dentro del territorio colombiano al calor de sus propias contradicciones sociales y políticas.
Bogotá no sabe resolver sus problemas
El problema de fondo no es la supuesta complicidad del gobierno venezolano con el ELN, sino la incapacidad estructural de Colombia para desarticular las causas profundas del conflicto armado. A lo largo de las décadas, los acuerdos de paz han sido utilizados como cartas de negociación política, pero no como soluciones definitivas para la violencia. La implementación fallida del acuerdo con las FARC es un ejemplo de ello. Mientras el Estado colombiano no garantice justicia social, redistribución de la tierra y seguridad para los excombatientes y líderes sociales, siempre habrá espacio para que los grupos armados reconfiguren sus estructuras. Sin embargo, es más fácil recurrir al “pote de humo de sus guerrillas” que asumir esta realidad.
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El Catatumbo, Norte de Santander y otras regiones fronterizas han sido históricamente un hervidero de violencia, pero no por la intervención extranjera, sino por la ausencia del Estado colombiano. La disputa por el control del narcotráfico, el auge del paramilitarismo y la debilidad de las instituciones han convertido estas zonas en tierra de nadie. Mientras Bogotá sigue mirando hacia Caracas en busca de culpables en lugar de fortalecer sus propias instituciones, el problema persistirá.
Los azuzadores de siempre
La retórica de Casas Santamaría también minimiza el papel que han jugado los Estados Unidos en la prolongación del conflicto colombiano. La ayuda militar y la asesoría en estrategias contrainsurgentes, lejos de haber debilitado a los grupos armados, han generado una dinámica de guerra prolongada. Cada vez que la política interna colombiana enfrenta crisis, Washington aparece como un factor de presión o como un salvavidas geopolítico. Lo mismo ocurre con la narrativa sobre Venezuela: el enemigo externo es un recurso conveniente cuando la popularidad presidencial está en juego o cuando se busca justificar nuevas intervenciones militares y resulta conveniente usar como narrativa el pote de humo de sus guerrillas.
El episodio del decreto 1287 de 1901, cuando Colombia suspendió relaciones diplomáticas con Venezuela, es solo uno de los tantos momentos en los que la diplomacia evitó una guerra inminente entre ambos países. Desde entonces, la frontera ha sido un campo de tensión constante, pero también un escenario de intentos de diálogo. Las reuniones binacionales han servido para aliviar momentos de crisis, pero la historia se repite cada cierto tiempo con nuevas provocaciones. La más reciente ha sido la instrumentalización del acuerdo entre los ministros de Defensa de ambos países, Iván Velásquez y Vladimir Padrino López. Para sectores como el que representa Casas Santamaría, cualquier acercamiento con Caracas es interpretado como una traición a los intereses de Colombia, ignorando que el diálogo es una herramienta fundamental para la estabilidad regional.
Solo privan los intereses
El endurecimiento de la postura colombiana respecto a Venezuela también se inscribe en una lógica de reconfiguración geopolítica. Estados Unidos ha renovado su interés en América Latina en el contexto de la creciente influencia de China y Rusia en la región. En este escenario, Colombia se presenta como el principal aliado de Washington, lo que refuerza la necesidad de mantener viva la narrativa de un enemigo común. Sin embargo, esta estrategia es un arma de doble filo, pues profundiza la polarización y obstaculiza cualquier posibilidad de cooperación real en temas fronterizos.
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A pesar del uso reiterado del “pote de humo de sus guerrillas”, la realidad es que la frontera colombo-venezolana seguirá siendo un espacio de convivencia inevitable entre dos naciones con una historia entrelazada. La instrumentalización política de la violencia solo pospone las soluciones reales. Mientras sectores como el que representa Casas Santamaría siguen promoviendo la tesis del enemigo externo, Colombia continuará evadiendo su responsabilidad histórica en la construcción de la paz. Pero la pregunta clave sigue en el aire: ¿cuánto tiempo más podrá el Estado colombiano seguir utilizando este burladero sin que la verdad termine por alcanzarlo?
