The Journal tachó de extorsionista al estado de Nueva York en el contexto de un reciente editorial publicado por el Consejo Editorial de The Wall Street Journal, generando un intenso debate en torno a la nueva legislación climática aprobada por el estado. Según el influyente diario, la medida impone una carga fiscal desmesurada a los productores de combustibles fósiles, con un impacto económico que podría extenderse más allá de las fronteras del estado y afectar a consumidores y trabajadores en todo el país. La ley, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, plantea la recaudación de 75 mil millones de dólares en los próximos 25 años bajo el pretexto de combatir el cambio climático, una justificación que el medio considera una fachada para ocultar intenciones más cuestionables.
El editorial, titulado: «Nueva York impondrá a partir de ahora impuestos a Estados Unidos por el cambio climático», fue escrito por el Consejo Editorial de The Wall Street Journal, un grupo de analistas y escritores que defienden principios como el libre comercio y la autonomía individual frente a la expansión del intervencionismo estatal. Este grupo, reconocido por su compromiso con las ideas de Adam Smith y la libertad económica, sostiene que la nueva ley neoyorquina no solo contradice dichos valores, sino que también representa una forma de “extorsión fiscal” diseñada para resolver problemas internos del estado, transfiriendo los costos a otros sectores del país.
The Journal tachó de extorsionista al estado de Nueva York
En un momento donde el clima político y económico es más tenso que nunca, The Journal tachó de extorsionista al estado de Nueva York. Según lo expuesto en el editorial, el nuevo impuesto climático demócrata se perfila como un ejemplo emblemático de cómo los gobiernos estatales progresistas buscan paliar sus déficits presupuestarios con medidas que, en lugar de promover soluciones sostenibles, imponen cargas adicionales a las empresas y a los ciudadanos. Esta ley obliga a las empresas que han vendido combustibles fósiles en Nueva York a contribuir económicamente en proporción a las emisiones de CO2 atribuidas a sus operaciones entre los años 2000 y 2018, una fórmula que, según el Consejo Editorial, carece de fundamentos científicos sólidos y precisa de criterios más equitativos.
Uno de los argumentos principales del artículo destaca cómo la gobernadora Hochul, al firmar esta legislación, pretende cubrir los costos asociados a una infraestructura estatal deteriorada y sistemas públicos mal gestionados. El Consejo Editorial de The Wall Street Journal enfatiza que las recaudaciones proyectadas no solo estarán destinadas a programas de mitigación climática, sino también a proyectos que incluyen mejoras en carreteras, sistemas de tránsito y servicios públicos. Sin embargo, estos esfuerzos, de acuerdo con los críticos, encubren décadas de mala gestión financiera estatal y constituyen un intento de Nueva York para trasladar sus problemas internos a otros estados y sectores económicos.
El impuesto lo pagará el pueblo
En otro punto crucial del texto, The Journal tachó de extorsionista al estado de Nueva York, también hace referencia al impacto que esta medida tendrá sobre los consumidores. Los costos derivados de este impuesto recaerán, en última instancia, sobre los trabajadores y usuarios finales de combustibles fósiles, debido a que las empresas afectadas inevitablemente trasladarán los gastos adicionales a sus productos y servicios. En palabras del editorial, esto representa un ataque directo a la economía diaria de los ciudadanos, disfrazado de una supuesta lucha contra el cambio climático.
El Consejo Editorial no dejó de criticar la falta de equidad en la aplicación de esta legislación. Mientras que empresas extranjeras, como Aramco de Arabia Saudita, podrían evadir el cumplimiento gracias a la inmunidad soberana, las corporaciones estadounidenses serán las principales afectadas. Esto coloca a las firmas nacionales en una posición de desventaja, erosionando aún más su competitividad en un mercado global ya de por sí complicado. Según los redactores, este es otro ejemplo de cómo los intereses políticos locales pueden socavar los principios de un mercado libre y competitivo.
Antecedente legislativos y judiciales
La frase «The Journal tachó de extorsionista al estado de Nueva York» adquiere mayor fuerza cuando se examina el contexto histórico y legal en el que surge esta legislación. En 2021, un fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito desestimó una demanda que buscaba responsabilizar a los productores de combustibles fósiles por daños climáticos, argumentando que la ley de responsabilidad civil estatal no podía aplicarse a cuestiones de emisiones globales. Sin embargo, la nueva ley parece desafiar esta decisión, recurriendo a la legislación en lugar de los litigios para alcanzar objetivos similares. Esto plantea preguntas sobre la constitucionalidad de tales medidas y la posible intervención de la Corte Suprema en el futuro cercano.
Además de los problemas internos, el editorial también destaca cómo esta legislación puede sentar un precedente peligroso para otros estados gobernados por demócratas, como California y Maryland, que han planteado propuestas similares. Si no se pone un freno a estas iniciativas, advierte el Consejo Editorial, los ciudadanos estadounidenses podrían enfrentarse a una avalancha de impuestos climáticos bajo diversas justificaciones, comprometiendo no solo la economía nacional, sino también los principios fundamentales de representación y justicia fiscal.
Costos de la adaptación climática
En su defensa, la oficina de la gobernadora Hochul argumentó que la medida histórica es un paso necesario para trasladar los costos de la adaptación climática desde los neoyorquinos comunes hacia las corporaciones responsables de la contaminación. Sin embargo, este razonamiento ha sido desestimado por los críticos, quienes señalan que el verdadero objetivo de la ley es cubrir los altos costos derivados de la modernización de la infraestructura estatal, una tarea que los políticos de Nueva York han descuidado durante décadas. The Journal tachó de extorsionista al estado de Nueva York precisamente porque percibe esta ley como una estrategia para extraer recursos de otras partes del país, bajo el disfraz de la justicia ambiental.
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Finalmente, el editorial concluye con una advertencia: si este tipo de legislación no es detenido por los tribunales o por la presión pública, se corre el riesgo de institucionalizar un sistema de impuestos sin representación. Este concepto, que evoca las luchas históricas de los Estados Unidos por la libertad fiscal, encuentra nueva relevancia en un debate donde las decisiones políticas locales pueden tener repercusiones nacionales e internacionales. Con este contexto, The Journal tachó de extorsionista al estado de Nueva York no solo como una acusación, sino también como un llamado a la reflexión sobre el rumbo que está tomando la política fiscal y climática en el país.
