La frase «Make America Great Again» o MAGA, acuñada por Donald Trump y su movimiento político, ha evolucionado de una simple consigna a un símbolo de lo que algunos expertos consideran una amenaza real para la democracia estadounidense. Lejos de ser solo un eslogan de campaña, MAGA se ha convertido en un vehículo que, según argumentan analistas y académicos, busca instaurar un modelo de autocracia en los Estados Unidos. Esta idea se respalda con las múltiples promesas de Trump de «deshacer el estado profundo», una expresión que emplea para referirse a la estructura burocrática y de administración pública que ha regido el país durante más de un siglo. Este proyecto, tal como lo expresa Joseph Patrick Kellyes en su reciente artículo para el portal The Conversation, representa un intento por «deshacer más de un siglo de progreso« en la construcción de un gobierno que sirva al pueblo y no a los intereses de los más ricos y de piel blanca.
Joseph Patrick Kellyes, profesor de literatura y director de Estudios Irlandeses e Irlandeses Americanos en el College of Charleston, argumenta en su artículo titulado: «Deshacer el ‘estado profundo’ significaría que Trump desharía más de un siglo de progreso en la construcción de un gobierno federal para el pueblo y no solo para los hombres blancos ricos», que la intención de un segundo mandato de Trump va más allá de sus típicos reclamos de eficiencia y desregulación. En su análisis, Kellyes explora el impacto que tendría la sustitución de mies de funcionarios públicos por seguidores de la filosofía MAGA, una estrategia que el mismo Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, han defendido como necesario para «recuperar» el control gubernamental. Para Kellyes, esta transformación equivale a la instauración de una autocracia en los Estados Unidos, ya que suprime la autonomía de las agencias federales y subordina el aparato estatal a los intereses y objetivos de un solo líder.
MAGA: autocracia en los Estados Unidos
La propuesta de Trump, según Kellyes, también incluye la designación del multimillonario Elon Musk como líder de una comisión gubernamental encargada de supervisar la «eficiencia» de las agencias federales, lo cual plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad de este tipo de supervisión. Los críticos argumentan que tal control podría desencadenar una serie de despidos y reemplazos estratégicos orientados a eliminar voces disidentes dentro del sistema administrativo. De acuerdo con Kellyes, el estado administrativo de los Estados Unidos, concebido por Franklin D. Roosevelt en la década de 1930, es precisamente lo que garantiza una democracia funcional y representa el consentimiento del pueblo para mantener un gobierno que resguarde sus derechos e intereses. La historia recuerda que Roosevelt implementó una administración pública meritocrática como respuesta a la era dorada de finales del siglo XIX y principios del XX, un período en el que las grandes corporaciones ejercían un poder sin límites sobre la economía y la sociedad. Sin el Estado administrativo, sostiene Kellyes, no habría nada que detuviera a las grandes corporaciones de abusar de sus trabajadores, infligir daños ambientales o manipular los precios y el mercado.
La preocupación de Kellyes y otros académicos radica en que las promesas de Trump de «devolver el poder al pueblo» a través de la eliminación de las regulaciones federales y la reestructuración de las agencias gubernamentales sean, en realidad, una fórmula para centralizar el poder y reducir la capacidad de los ciudadanos para intervenir en la política de su país. El término «estado profundo», ampliamente utilizado por Trump y sus seguidores, es una referencia a una teoría conspirativa que sostiene que existe una red secreta de funcionarios y burócratas que manipulan el gobierno desde dentro. Sin embargo, esta teoría ignora que el verdadero propósito de las agencias federales es proteger los derechos de los ciudadanos mediante la implementación de leyes y regulaciones que han sido aprobadas por el Congreso. Este sistema, creado por Roosevelt durante la Gran Depresión, fue diseñado específicamente para asegurar una democracia estable y evitar que la administración pública se convierta en un instrumento de intereses particulares. Para Kellyes, desmantelar este sistema no devolvería el poder a los ciudadanos, sino que allanaría el camino para establecer una autocracia en los Estados Unidos.
Totalitarismo del capital
La historia de la democracia en Estados Unidos incluye un largo período en el que las corporaciones y los líderes empresariales ostentaron un poder casi absoluto, limitando las oportunidades de los ciudadanos comunes para influir en el rumbo del país. La era dorada de fines del siglo XIX es un claro ejemplo de esta dinámica: millones de trabajadores sufrían condiciones laborales extremadamente duras en talleres y minas, mientras que los ricos empresarios vivían en lujosas mansiones y disfrutaban de total impunidad. En este contexto, cualquier intento de los trabajadores por organizarse o mejorar sus condiciones laborales era reprimido con violencia, a menudo con el respaldo de las fuerzas de seguridad y hasta del ejército. Kellyes sostiene que la estructura administrativa de los Estados Unidos, tal como se ha construido durante las últimas décadas, es un baluarte contra la posibilidad de regresar a ese tipo de autocracia en los Estados Unidos, donde unos pocos deciden el destino de muchos.
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La promesa de Trump de «desmantelar el estado profundo» se presenta como una amenaza real para la democracia, según los críticos, ya que esto implica el reemplazo de funcionarios meritocráticos y apolíticos por individuos leales a su causa personal. En una entrevista reciente, JD Vance sugirió que la Administración de Trump debería despedir a miles de funcionarios públicos y sustituirlos por leales al movimiento MAGA, lo cual provocaría un cambio radical en la manera en que el gobierno opera. Para los defensores del sistema administrativo actual, este tipo de medidas no son solo contraproductores, sino que amenazan los mismos cimientos de una democracia representativa y pueden llevar a una autocracia en los Estados Unidos.
El fanatismo se llama MAGA
El proyecto de MAGA también representa una amenaza para los avances en derechos sociales y ambientales. Las regulaciones que protegen el aire, el agua y la seguridad laboral no son simplemente «obstáculos burocráticos», sino garantías que protegen el bienestar de todos los ciudadanos. En 1970, por ejemplo, el Congreso aprobó la Ley de Aire Limpio, la cual permitió a la Agencia de Protección Ambiental establecer normas y regulaciones para mejorar la calidad del aire. Estas leyes, si bien pueden parecer excesivas para algunos sectores empresariales, han demostrado ser esenciales para proteger la salud pública y el medio ambiente. El desmantelamiento de estas regulaciones, según Kellyes y otros expertos, llevaría a un retroceso histórico y allanaría el camino hacia un sistema en el cual el poder se concentra en manos de unos pocos, avanzando hacia una autocracia en los Estados Unidos.
La narrativa de Trump sobre el «estado profundo» y la burocracia gubernamental como enemigos de la libertad individual es una distorsión que ignora el papel fundamental de las instituciones administrativas en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la promoción del bienestar común. En el caso de un segundo mandato de Trump, muchos temen que su política de purgas dentro de la administración federal se convertirá al gobierno en un órgano obediente únicamente a los intereses de su partido y sus allegados. De esta manera, las instituciones que hoy en día representan un freno a los abusos del poder podrían transformarse en instrumentos de control y represión. La visión de Kellyes es clara: un gobierno sin una estructura administrativa independiente y capaz de responder ante el Congreso y el pueblo, es un gobierno al borde de convertirse en una autocracia en los Estados Unidos.
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La posibilidad de que un líder populista como Trump lleve adelante una reestructuración radical del gobierno, eliminando a aquellos que consideran «opositores» y consolidando su control sobre el aparato estatal, no es una mera hipótesis para Kellyes. En su artículo, el académico recuerda que el desmantelamiento del estado administrativo sería un retroceso no solo para los derechos individuales, sino también para la noción de gobierno democrático como la entendemos hoy. Sin una administración pública imparcial y profesional, los ciudadanos perderían una de sus principales protecciones frente a los abusos de poder, y la autocracia en los Estados Unidos dejaría de ser solo una advertencia para convertirse en una realidad palpable y peligrosa.
