Asesinatos han sido una herramienta utilizada a lo largo de la historia para alcanzar objetivos políticos, militares y hasta ideológicos. Sin embargo, no importa quién los ejecute ni bajo qué órdenes se realicen; siempre son ilegales. Esta es la premisa central del reciente artículo publicado por María Elena O’Connell, profesora de Derecho y Estudios Internacionales sobre la Paz en la Universidad de Notre Dame, en The Conversation. En su pieza titulada «El asesinato siempre es ilegal, independientemente de quién sea asesinado y bajo órdenes de quién», O’Connell argumenta que el asesinato es una forma particular de homicidio que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia.
María Elena O’Connell sostiene que el asesinato, independientemente de las motivaciones o los actores involucrados, sigue siendo un acto ilegal. Esta afirmación cobra relevancia en el contexto de eventos recientes como la liberación de Vadim Krasikov, quien cumplía cadena perpetua en Alemania por el asesinato del separatista checheno exiliado Zelimkhan Khangoshvili en Berlín en 2019. Krasikov, quien actuaba bajo órdenes del Kremlin según el tribunal alemán, fue liberado el 1 de agosto de 2024 como parte de un intercambio de prisioneros. Este caso ilustra cómo, a pesar de la intención política o militar detrás del acto, el asesinato sigue siendo una violación de la ley.
Todos los asesinatos son ilegales
La situación se torna aún más compleja con el asesinato de Ismail Haniyeh, un dirigente político de Hamás, el 31 de julio de 2024 en Teherán. Este hecho, atribuido ampliamente al gobierno israelí, es parte de una larga serie de asesinatos selectivos que Israel ha llevado a cabo en Irán, Líbano y otros lugares. Estos actos, a menudo justificados como medidas de seguridad nacional, siguen siendo ilegales según las normas del derecho internacional. A pesar de la ausencia de una definición clara de «asesinato» en el derecho internacional, los tratados y normas establecen que matar por razones políticas mediante un ataque repentino o secreto es ilegal.
Asesinatos como los mencionados contravienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966 por las Naciones Unidas y actualmente vinculante para 174 estados, incluidos Rusia, Israel y Estados Unidos. Este pacto afirma que «todo ser humano tiene el derecho intrínseco a la vida» y que «nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente». Este principio fundamental es violado cada vez que un asesinato se lleva a cabo, independientemente de las circunstancias.
Existen muchas regulaciones
La profesora O’Connell también destaca que, aunque en tiempos de paz la fuerza letal puede ser utilizada por la policía para salvar vidas en peligro inmediato, como en el caso de un atacante activo, el uso de la fuerza militar está estrictamente regulado por la Carta de las Naciones Unidas. Esta carta prohíbe todo uso de la fuerza a menos que sea autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU o en caso de legítima defensa. Incluso en esos casos, la acción militar debe ser necesaria, proporcionada y dirigida contra un estado responsable del ataque armado inicial.
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Durante los conflictos armados, el derecho internacional humanitario permite el uso de la fuerza letal contra combatientes enemigos, pero incluso en estos casos, no se puede elegir a nadie para ser asesinado por acciones pasadas, y los civiles no involucrados en el combate nunca pueden ser objetivos legítimos. Estas restricciones subrayan la ilegalidad de los asesinatos, incluso en situaciones de guerra. Asesinatos selectivos, como el de Haniyeh en Teherán, a menudo se llevan a cabo bajo el pretexto de seguridad nacional, pero violan claramente el derecho internacional humanitario.
Convención de La Haya IV de 1907
La jurisprudencia reciente, incluida la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, refuerza la idea de que el derecho a la vida en tiempos de paz se aplica fuera de las zonas activas de hostilidades. Estas decisiones legales desmienten la perspectiva de que los líderes políticos o militares de un adversario pueden ser asesinados en cualquier lugar y en cualquier momento durante una guerra. La interpretación de que figuras como Haniyeh pueden ser objetivos legítimos se contradice con los principios establecidos en la Convención de La Haya IV de 1907, que prohíbe matar a traición o pérfidamente.
El uso de la fuerza letal y el asesinato están claramente delineados en el derecho internacional, y cualquier desviación de estos principios representa una violación grave. Sin embargo, países como Israel, Rusia y Estados Unidos continúan utilizando el asesinato como una herramienta de política exterior y seguridad. Estos actos son condenados por expertos en derecho internacional, quienes ven en estas acciones un doble rasero, particularmente en la postura de Estados Unidos, que critica los asesinatos de otros países mientras lleva a cabo sus propias operaciones de asesinatos selectivos.
Doble racero en EE.UU.
Un ejemplo prominente de este doble rasero es el caso de Khalil al-Wazir, un dirigente de la OLP asesinado por Israel en Túnez en 1988. Esta operación fue condenada por el Consejo de Seguridad de la ONU en una resolución que Estados Unidos no vetó. Sin embargo, la práctica de asesinatos selectivos fue adoptada por Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La CIA llevó a cabo su primer asesinato conocido de miembros de Al Qaeda en Yemen en noviembre de 2002, un acto que fue criticado como ilegal por un experto de la ONU.
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Los asesinatos estadounidenses con drones y otros medios continúan hasta el día de hoy, mientras que Estados Unidos condena sistemáticamente los asesinatos rusos. Esta postura contradictoria socava la legitimidad de las críticas de Estados Unidos hacia otros países y resalta la necesidad de adherirse a los principios del derecho internacional. Asesinatos, independientemente de las justificaciones dadas, siguen siendo actos ilegales que violan el derecho intrínseco a la vida.
La legalidad y la ética de los asesinatos han sido un tema de debate recurrente, pero la posición del derecho internacional es clara: el asesinato nunca puede ser justificado. A medida que los estados continúan utilizando esta táctica, los expertos en derecho internacional, como María Elena O’Connell, insisten en la necesidad de respetar las normas establecidas para proteger los derechos humanos y mantener la paz y la seguridad internacionales. Los casos recientes, como los de Krasikov y Haniyeh, subrayan la importancia de este debate y la urgencia de una adhesión estricta al derecho internacional para prevenir la impunidad y garantizar la justicia.
