En un giro histórico, Chile se enfrenta a una encrucijada constitucional decisiva este domingo, 17 de diciembre de 2023. En el centro del debate está la «Propuesta constitucional», una nueva Carta Magna impulsada por sectores derechistas y conservadores, que busca reemplazar la actual Constitución, un vestigio de la era dictatorial que, aunque reformada, sigue generando controversia. Este plebiscito, de sufragio obligatorio, enfrenta a los chilenos con la disyuntiva de aceptar o rechazar este nuevo texto constitucional, que representa un marcado contraste con el anterior proyecto de corte progresista e izquierdista, rotundamente rechazado en septiembre de 2022.
La propuesta actual, en gran medida esculpida por el Partido Republicano y aliados conservadores, refleja un giro ideológico significativo. Según Claudio Fuentes, politólogo de la Universidad Diego Portales, el texto «refleja una concepción de derecha de la Constitución», evidenciada en normativas sobre la familia, el aborto, la protección de la propiedad y la participación de empresas privadas en la vida nacional. Prioriza, añade Fuentes, el crecimiento económico sobre la sustentabilidad y pone un fuerte énfasis en valores relativos a la identidad nacional.
Propuesta constitucional
Sin embargo, las diferencias entre la actual carta magna y la propuesta constitucional no son inmediatamente evidentes a simple vista. Danilo Herrera, analista político especializado en procesos constitucionales, señala que más allá de las similitudes superficiales, el nuevo texto profundiza el modelo neoliberal instaurado desde la dictadura de Pinochet. Cita la constitucionalización del sistema de salud privado (Isapres) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ambos sistemas ampliamente criticados por la ciudadanía. A pesar de incorporar algunos derechos liberales, como la protección de la libertad de pensamiento y el reconocimiento de los pueblos indígenas, el texto mantiene una línea ideológica coherente con su inclinación conservadora.
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La propuesta introduce novedades como capítulos especiales dedicados a partidos políticos y ciudadanía, medio ambiente y seguridad pública. Precisamente en este último aspecto, se concentra una de las mayores controversias. Según Herrera, expertos han señalado problemas técnicos significativos en la nueva propuesta, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. La actual Constitución permite una actualización bimensual de la lista de drogas sancionadas, mientras que la nueva exigiría la aprobación de leyes específicas para cada nueva droga, lo que la haría ineficiente.
Además, la propuesta cosntitucional plantea cambios significativos en temas como el aborto y las contribuciones, un impuesto para propietarios de inmuebles. Herrera advierte que la eliminación de este impuesto, según el nuevo texto, beneficiaría a los más ricos y resultaría en un déficit considerable para los presupuestos municipales. Fuentes concuerda, señalando que esta medida favorece a sectores con mayores recursos y afectaría negativamente a los sectores populares, perjudicando la redistribución de la riqueza.
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La decisión del pueblo chileno en este plebiscito es crítica. Las encuestas más recientes sugieren un rechazo a esta segunda propuesta, lo que mantendría en vigor la actual Constitución, nacida en dictadura, pero modificada en democracia. Este escenario plantea un desafío significativo: ¿cómo reconciliar las visiones divergentes de una sociedad en busca de su identidad constitucional? La respuesta, que se vislumbra en las urnas este domingo, podría definir el futuro político y social de Chile en las próximas décadas.
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