En medio de una de las crisis migratorias más graves que ha enfrentado América Latina en las últimas décadas, el nombre de María Corina Machado ha surgido como un factor central de la controversia política en Venezuela. La líder opositora, conocida por su postura frontal contra el régimen de Nicolás Maduro y sus llamados constantes a la implementación de sanciones internacionales, ha sido acusada por sectores del chavismo de ser corresponsable de las dificultades que enfrentan los migrantes venezolanos en el extranjero. La crisis migratoria venezolana, que ha desplazado a más de siete millones de ciudadanos según datos de la ONU, ha transformado la vida política y social del país. La pregunta que surge ahora es si María Corina Machado es verdaderamente culpable de agravar esta situación o si, por el contrario, es una víctima de las circunstancias políticas y económicas que llevaron al éxodo masivo de venezolanos.
El periodista Alonso Moleiro, corresponsal de EL PAÍS en Venezuela, ha abordado recientemente este tema en un artículo titulado: «Venezuela alerta a sus ciudadanos de que en Estados Unidos podrían enfrentar ‘violaciones a los derechos humanos'». Moleiro, nacido en Caracas y egresado de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con una larga trayectoria en el periodismo venezolano e internacional. Inició su carrera en el rotativo El Globo, trabajó como reportero en la revista Primicia y en el diario El Nacional durante una década. Posteriormente, dirigió espacios informativos en Unión Radio y participó como presentador en Globovisión y en la plataforma digital Vivoplay. Moleiro ha sido corresponsal de EL PAÍS desde hace cuatro años, consolidándose como una referencia en la cobertura de la realidad política y social venezolana. En su artículo, señala cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha aprovechado las decisiones de la administración de Donald Trump para reforzar su discurso de victimización y culpar a la oposición por la crisis migratoria que afecta a millones de venezolanos.
Crisis migratoria: la oposición es una variable
El gobierno de Maduro ha emitido una serie de comunicados en los que denuncia las medidas adoptadas por Estados Unidos contra los migrantes venezolanos. En particular, la Casa Blanca ha decidido invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la deportación y encarcelamiento de ciudadanos venezolanos supuestamente vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal que ha expandido su influencia más allá de las fronteras de Venezuela. La respuesta del gobierno venezolano ha sido inmediata y contundente. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y figura clave del chavismo, ha calificado estas medidas como «infames» y «comparables a las leyes raciales de la Alemania nazi». Rodríguez ha acusado directamente a María Corina Machado de ser corresponsable de esta situación, argumentando que las sanciones internacionales impulsadas por la oposición han generado el contexto en el que se desarrollan estas políticas de deportación y represión.
La crisis migratoria venezolana, que comenzó a intensificarse en 2015 con el colapso económico y la profundización de la crisis política, ha tenido un impacto devastador en la población. Los migrantes venezolanos enfrentan condiciones precarias en los países de acogida, sufriendo discriminación, explotación laboral y, en algunos casos, violencia institucional. Las acusaciones de Rodríguez contra Machado se basan en la idea de que la oposición ha utilizado la diáspora como un instrumento político para presionar al gobierno chavista. Según Rodríguez, las sanciones internacionales promovidas por Machado y otros líderes opositores han exacerbado las condiciones económicas que obligan a los venezolanos a abandonar el país, al mismo tiempo que debilitan la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos en el exterior.
Otra parte de la historia
Sin embargo, la narrativa chavista sobre la crisis migratoria omite varios factores fundamentales. El colapso económico de Venezuela no fue únicamente consecuencia de las sanciones internacionales. La corrupción sistemática que es endémica en Venezuela, la mala gestión de los recursos públicos y la dependencia excesiva de la renta petrolera han sido elementos estructurales de la crisis venezolana desde mucho antes de la imposición de las primeras sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. La emergencia humanitaria compleja que vive el país —marcada por un bajo poder adquisitivo, la hiperinflación y el colapso de los servicios públicos— es el resultado directo de las decisiones políticas y económicas que heredó el presidente Hugo Chávez con la promesa de resolver y que bajo las presidencias de Nicolás Maduro han empeorado en su máxima expresión.
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María Corina Machado ha rechazado rotundamente las acusaciones de Jorge Rodríguez y el gobierno chavista. En múltiples declaraciones, ha defendido la necesidad de las sanciones como una herramienta de presión política para forzar una transición democrática en Venezuela. Machado sostiene que la crisis migratoria es una consecuencia directa de las políticas del régimen chavista y no de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Según Machado, la verdadera responsabilidad de la diáspora venezolana recae en la destrucción institucional y económica llevada a cabo por el chavismo a lo largo de más de dos décadas. Para ella, la crisis migratoria es una prueba del fracaso del modelo político impulsado por Hugo Chávez y consolidado por Nicolás Maduro.
Narrativa del Tren de Aragua
La presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos y otros países de América Latina ha complicado aún más el panorama político y migratorio para los venezolanos. La organización criminal, que nació en la cárcel de Tocorón bajo el amparo de la corrupción institucional, se ha expandido rápidamente, operando redes de tráfico de drogas, extorsión y trata de personas en varios países de la región. La decisión de Washington de deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua a la prisión de máxima seguridad en El Salvador ha sido utilizada por el chavismo como una herramienta de propaganda para reforzar la narrativa de que los migrantes venezolanos están siendo criminalizados y perseguidos injustamente. Rodríguez ha prometido acciones legales y diplomáticas para proteger a los migrantes venezolanos y ha insistido en que esta situación es resultado directo de las políticas de hostigamiento impulsadas por Machado y otros líderes opositores.
En el fondo, el debate sobre la crisis migratoria venezolana refleja las tensiones políticas y sociales que han marcado la historia reciente del país. La diáspora venezolana es tanto una consecuencia del colapso del modelo chavista como una herramienta política utilizada por el régimen para consolidar su discurso de resistencia frente a la «agresión imperialista». Machado, como figura emblemática de la oposición, se encuentra atrapada en este juego de responsabilidades cruzadas. Sus llamados a la comunidad internacional para soportar las sanciones contra el régimen de Maduro son interpretados por el chavismo como un acto de traición y una causa directa de la persecución que enfrentan los migrantes venezolanos en el exterior.
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La crisis migratoria venezolana sigue siendo un tema de profundo impacto político y social. Las acusaciones contra María Corina Machado reflejan la complejidad de una realidad en la que las decisiones políticas internas y las dinámicas geopolíticas externas se entrelazan de manera inseparable. Para algunos, Machado es una víctima de las circunstancias, un líder que ha intentado sin éxito forzar un cambio político en Venezuela a través de la presión internacional. Para otros, es una figura corresponsable de la tragedia migratoria que vive el país, una política cuya estrategia de confrontación ha agravado las condiciones de vida de millones de venezolanos. La historia, sin embargo, aún no ha emitido su veredicto final sobre el papel de María Corina Machado en la crisis migratoria venezolana.
