Casi tres décadas de la masacre de Haximú, el primer caso reconocido como genocidio en Brasil (y la reciente detención de uno de los responsables)

La Policía arrestó la semana pasada en un supermercado en la Amazonía a Eliézio Monteiro Neri, de 62 años, uno de los cinco condenados por la matanza.

El primer relato que llegó a manos de las autoridades brasileñas sobre la masacre en 1993 de los indígenas de Haximu fue por medio de una monja que vivia en la zona donde ocurrió esta tragedia, la primera en ser reconocida por la Justicia en Brasil como genocidio.

Y el último episodio de este drama todavía por cerrar en el eterno conflicto por la tierra en Brasil ocurrió la semana pasada, casi tres décadas después, cuando uno de los condenados por la matanza fue detenido mientras hacía sus compras en un supermercado en la ciudad amazónica de Boa Vista.

Se llama Eliézio Monteiro Neri, tiene 62 años y estaba forajido de la justicia. La policía había recibido información de su paradero.

En su denuncia de 1993, la religiosa Luzia Pereira Leite advertía en una nota que un grupo de ‘garimpeiros’ (mineros) había asesinado a 16 indígenas (algunos documentos hablan de 12) de la comunidad Haximu, entre ellos, mujeres, ancianos y niños, que vivían en el valle del río Demini, una zona situada entre Brasil y Venezuela.

En esa época, la fiebre de oro ya estaba latente y con la construcción en el periodo de la dictadura militar (1964-1985) de la Rodovia Perimetral Norte, que atravesaba las tierras yanomamis, los conflictos entre los mineros y los indígenas se volvieron habituales.

Como lo siguen siendo hoy en día en la Tierra Indígena Yanomami, la mayor reserva indígena de Brasil, con más de 10 millones de hectáreas distribuidas entre los estados Amazonas y Roraima, y donde viven unos 29.000 miembros de esa comunidad originaria. Se calcula que hay unos 20.000 garimpeiros en ese territorio.

Promesas incumplidas

Tras su investigación, el Ministerio Público detalló en un auto cómo los yanonamis estaban «enfrentando circunstancias y situaciones extraordinariamente penosas», especialmente a partir del contacto «con un grupo social (los mineros)» que, atraídos por «la promesa de enriquecimiento rápido y golpeados por la pobreza de sus estados de origen», iban en busca de oro.

Desde los años 80, los garimpeiros agravan la deforestación, la contaminación de los ríos por el uso del mercurio, la violencia contra las comunidades y propagan enfermedades como la malaria.

El 3 de julio de 2020, la Policía Federal capturó en Roraima a Pedro Emiliano García y fue preso por explotación minera ilegal de oro en la reserva Yanomami.

El 24 de julio de ese mismo año salió de la cárcel y pasó a ser vigilado con una tobillera electrónica. García había sido condenado por la matanza, pero después recobró la libertad y siguió cometiendo actividades ilícitas en tierras yanomamis.

«En aquella época, más de 20.000 garimpeiros fueron retirados de las tierras yanomamis. Hoy ese número es todavía mayor. Por tanto, el genocidio no es una amenaza del pasado es un riesgo todavía más grave del presente«, afirmó entonces en una entrevista Luciano Mariz Maia, vicefiscal de la República, uno de los encargados del caso.

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